Comisión de la Verdad: La violación de derechos humanos es política de Estado en Honduras

El 84% de la violación de DDHH se atribuye a Policía y Fuerzas Armadas.

La Comisión de la Verdad independiente sobre los hechos acontecidos tras el golpe de Estado de Honduras es contundente: el país sigue viviendo los efectos de un estado de facto que no respeta los derechos humanos. La impunidad y la mancuerna Gobierno-Empresarios garantizan el terror.

El congresista republicano de Estados Unidos Dana Rohrabacker llegó a Tegucigalpa en febrero de 2010 y dio un consejo al país: «No deberíamos ponernos a inventar algo, como comisiones de la verdad, debemos dejar que descanse… cerrar el libro y caminar hacia adelante, a pensar en una economía próspera en Honduras, en vez de volver a pelear la batalla del año pasado». Rohrabacker decía esto justo después de reunirse con los tres poderes del estado, incluido el presidente, Porfirio Lobo. Para él, lo importante era la economía y al golpe de Estado lo denominó “crisis política”.

Leyendo con atención las 306 páginas del informe “La voz más autorizada es la de las víctimas” de la Comisión de la Verdad –presentado ayer en Tegucigalpa y hoy en San Pedro Sula– es evidente por qué no le interesaba la verdad al congresista republicano. El informe es demoledor, repasa 5.418 violaciones de derechos humanos entre junio de 2009 y agosto de 2011, incluidos crímenes de lesa humanidad; atribuye a la Policía a las Fuerzas Armadas o a funcionarios del Gobierno el 84% de las violaciones de esos derechos; asegura que el golpe se trató de la “acción de un grupo privado-empresarial específico que (…) reaccionó ante lo que ellos denominaban ‘la amenaza chavista”, y, lo que es más grave, advierte de que “los efectos del golpe de Estado aún continúan, y que tanto antes como después de las elecciones realizadas en octubre de 2009, ambos gobiernos utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social”.

La Comisión de la Verdad ha sido avalada y respaldada por 22 organizaciones nacionales e internacionales de prestigio, como, por ejemplo, Jueces para la Democracia (España), la Comisión Internacional de Juristas (AIJ), las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina) o las embajadas de Dinamarca y Alemania. Ha sido presidida por la ecuatoriana Elsie Monge Yoder, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y en ella han participado 10 expertos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Asegura la Comisión que la mayor parte de las violaciones de derechos humanos tras el golpe se produjo en los primeros seis meses (un 60%) y que el 43% de ellas se refiere al derecho a la integridad personal y al derecho a asociación y reunión. Sin embargo, lo más interesante del detallado informe es la constatación de unas estructuras de poder que no solo permitieron el golpe de Estado, sino que garantizan la perpetuación de la injusticia social, la impunidad y de cierta dictadura empresarial sobre el aparato estatal.

“El golpe de estado dejó al descubierto: los desmesurados intereses empresariales, particularmente el apoyo al golpe de Estado de las Cámaras empresariales, la industria y los servicios financieros y demás sectores del poder económico; y la fragilidad de las instituciones y su incapacidad para procesar de manera institucional los conflictos sociales y políticos”, indica la Comisión en la presentación del informe.

Los miembros de la Comisión de la Verdad dicen no entender “que el actual régimen no haya procedido ante estos graves hechos y que los autores de estas graves violaciones a los derechos humanos y contra el estado de Derecho no hayan sido investigados por las autoridades competentes, dejando en claro que la disposición a perpetrar violaciones sistemáticas contra los derechos humanos continúa vigente como parte central del esquema”. Y es que en enero de 2010 se emitió un Decreto de Amnistía que mantiene en la impunidad a los responsables del Golpe y de la represión, la justicia no ha adelantado procesos y las recomendaciones hechas por la comisión de investigación designada por el propio Gobierno tampoco se han cumplido. Esa comisión determinó en julio de 2011 que sí hubo golpe de Estado y que las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos 20 asesinatos.

INTERVENCIÓN EXTRANJERA E IMPUNIDAD

El informe de la Comisión de la Verdad independiente apunta a la posible intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado por acción o por omisión. Le dedica un capítulo a este asunto y reflexiona: “Es difícil presumir que la ruptura del Estado del derecho, siendo esta una medida extrema y absurda, la hayan podido tomar solamente los actores locales sin, al menos, el conocimiento y algún nivel de participación de actores fundamentales externos para una decisión de tal envergadura”.

Más que hablar de Honduras como un Estado fallido plantea al país como un Estado intervenido desde el exterior y controlado por las corporaciones privadas. De hecho, entre otros muchos ejemplos, recuerda que la canciller hondureña durante el gobierno de Manuel Zelaya, Patricia Rodas, fue sacada del país a la fuerza con destino a México a bordo del avión privado del multimillonario Miguel Facusse, cuyos escuadrones de la muerte hacen estragos en la región del Aguán.

Dentro de esa estructura estatal vacía, le parece a la Comisión de extrema gravedad la pasividad intencional de la justicia: “La manipulación del sistema de justicia juega un papel crítico en las violaciones de derechos humanos en el país, pues constituye la piedra angular para mantener la más absoluta impunidad…”..

El problema de la impunidad, insiste, es “estructural y crónico”, “antes, durante y en la etapa postgolpe”. Y la violación de derechos humanos, que continúa en el país, “fueron y siguen siendo parte de una política de Estado”. Eso incluye el accionar de grupos “con procedimientos y metodologías de los escuadrones de la muerte”, pero también un ‘nuevo’ marco legal que perpetúa las condiciones que describe la Comisión:

“El paquete de leyes y acuerdos que se ha adoptado a partir del golpe de 2009 (…) tiene entre otras consecuencias: el aumento alarmante de la presencia de las fuerzas económicas, militares y de seguridad de los Estados Unidos de América en Honduras y de su intervención y tutela sobre las políticas e instituciones del Estado; la adopción de leyes y reformas constitucionales que agravan la indefensión de la población ante las políticas del Estado y los órganos de seguridad; una mayor concentración de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo; la concesión de terrenos y recursos naturales a intereses nacionales y extranjeros ajenos a la Constitución, los derechos y el bienestar de la población; y la aprobación de tratados y acuerdos de cooperación sin la debida participación ciudadana y contrarios a sus derechos”.

LA RESISTENCIA

“La voz más autorizada es la de las víctimas” y la esperanza de la Comisión está puesta en la sociedad civil. En Honduras, según rezan las conclusiones del informe, “existe una reserva de enorme fortaleza y esperanza, integrada entre otros por las miles de personas que superando el silencio y el olvido, la negación, el miedo, el abuso y la revictimización que también han sido objetos de parte del Estado, como también de gran parte de los medios de comunicación masivos y otros poderes fácticos nacionales y extranjeros, han tenido el coraje de denunciar los graves delitos y violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de que han sido víctimas”.

El documento es fundamental para entender el contexto en el que se produce el golpe de Estado y para reivindicar justicia en Honduras. La Comisión aporta este valioso trabajo para lograr tres cosas: el esclarecimiento histórico, la justicia para las víctimas, los familiares y la sociedad hondureña en general, y la reparación moral y material. Lo más probable es que el Gobierno lo ignore; los pueblos, no.

Informe Completo Comisión de la Verdad-Honduras

Por Equipo Otramérica

4 de octubre de 2012

Publicado en otramerica.com