Conflictos sociales e iglesias: Un vínculo social y político

Las iglesias, sobre todo la Católica, tienen un peso importante en la sociedad chilena

Las iglesias, sobre todo la Católica, tienen un peso importante en la sociedad chilena. Esta característica se ha destacado en diversos conflictos sociales y de derechos humanos. Representantes de estas instituciones religiosas desempeñaron papeles destacables en causas, como en el llamado “Caso Bombas”, en la judicialización de las protestas sociales mapuches, o más recientemente en el tema educacional. Aunque también ha sido señalada como insuficiente en situaciones que la afectan directamente, como el caso de atentados en contra de niños y niñas.

La construcción de un Estado laico en Chile se hizo paulatinamente durante el siglo XIX mediante, entre otras cosas, las “leyes laicas” de 1883-1884, que crearon un Registro, el Matrimonio y los Cementerios Civiles. La separación oficial entre las iglesias y el Estado se produjo en 1925 con el artículo 10 de la Constitución, distinción repetida en el artículo 10 del texto actual, que data de 1980.

Sin embargo, cuando se supone el carácter laico del país, las iglesias cumplen ciertos roles políticos y sociales en la práctica. Cómo se explica que la gente, involucrada en conflictos sociales, acude a estas instituciones para mediar sus disputas con las autoridades.

El año pasado, el actual arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, fue mediador entre el Gobierno y 33 comuneros mapuches, entre los cuales se encontraban Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical cuando cumplieron 81 días de huelga de hambre. Este año, los cuatro repitieron un ayuno de 87 días y este representante de la Iglesia Católica, ya como Arzobispo de Santiago, volvió a mediar la causa, con la anuencia del Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí.

Protestaron contra el veredicto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete que les condenó entre 20 y 25 años de cárcel por el ataque al fiscal Mario Elgueta. Más allá de esta sentencia luchan por la defensa de sus derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la Justicia sin discriminación. Ezzati, en reacción al término de la huelga mapuche dijo que “Ahora le toca al Estado” procesar a la revisión de la ley anti-terrorista (LAT).

Con respecto al llamado “Caso Bombas” -en el cual 15 personas, sospechosas de haber cometido atentados terroristas, esperan, detenidos bajo medidas cautelares por más de 9 meses, su juicio- es el Padre Alfonso Baeza, con larga trayectoria en defensa de prisioneros políticos, quien desempeña un papel de intermediario. En 2006 comenzaron las investigaciones sobre explosiones de varias bombas puestas en Santiago. Tras cinco años de pesquisas, esos 15 individuos fueron encarcelados el 14 de agosto de 2010, aplicándoles la LAT.

De manera más reciente, este lunes, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, entregó la propuesta de una nueva institucionalidad educativa con alternativas en materia de política que tiene el gremio al mismo Monseñor Ezzati.

El párroco descartó mediar el conflicto entre las autoridades y el sector estudiantil: “No es necesario en este momento una mediación, lo que necesitamos es dialogar”, informó la radio Bío- Bío.

LA IMPARCIALIDAD E INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS

La creación de mesas de diálogos o de trabajo integradas por miembros de las Iglesias son reivindicados por los solicitantes como herramientas de imparcialidad e influencia para mediar sus causas con las autoridades públicas.

El 10 de junio pasado, mientras los cuatro presos políticos mapuche depusieron la huelga de hambre, las autoridades se comprometieron en crear una Comisión permanente de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche, instancia que sería integrada por familiares, la Iglesia Católica, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre otros.

Natividad Llanquileo, vocera de los cuatros comuneros, explica que acudieron a esta institución y precisamente al ex-arzobispo de Concepción, actual monseñor, Ricardo Ezzati, y al presente representante penquista de la Iglesia, Fernando Chomalí, “porque eran partes imparciales frente a los dos escenarios que habían entre las dos partes o sea, entre el Gobierno y nosotros”.

Según la vocera, “se instaló confianza con estos apoderados para que pudiéramos acercarnos al Gobierno para instalar una conversación”. Pero, agregó que “no se trata de confianza en la Iglesia, sino más de desconfianza en el Estado y en los diferentes gobiernos que han pasado con respecto a la causa mapuche”.

Con respecto al “Caso Bombas” el Padre Baeza, sacerdote católico quien tiene una ferviente trayectoria como protector de los derechos humanos y sociales, que viene desde que fuera colaborador del Cardenal Silva Henríquez en la época de dictadura, integró una mesa de trabajo a inicios de mayo para presentar una propuesta de modificación a la LAT. Tal comisión también es formada por los diputados Sergio Ojeda (Democracia Cristiana), el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez (Partido Comunista),  Sergio Aguiló (Partido Socialista), y familiares de los y las detenidas/os.

Gajardo por su parte, explicó que “hay una mala disposición por parte de las autoridades, un diálogo de sordos sin garantías de una conversación real. Y en eso la Iglesia pueda jugar un rol de mediador, de garante y ayudar a establecer una mesa de diálogo que sea de verdad. Buscar el entendimiento entre las partes es la misión” de esta instancia religiosa.

“Se recurre a una autoridad ética además porque es un sector que tiene una gran ascendencia sobre nuestro país. No sólo estamos recurriendo a la Iglesia Católica sino también a la Evangélica, para la representación e influencia que tienen en los sectores sociales”.

CONFIANZA EN LAS PERSONAS

Alejandra, hermana de Pablo Morales Fuhriman, imputado en el “Caso Bombas” recalcó el tema del poder dentro de la Iglesia: “Siempre se ha buscado a la Iglesia porque Chile es un país muy católico y la gente de derecha los escuchan en la medida de que tengan poder o un cargo especifico dentro de la institución”

No obstante, destacó que el Padre Baeza, sacerdote católico quien apoyó a los detenidos/as del “Caso Bombas” no tiene mucha influencia pero recurrieron a su mediación porque, según ella,  “siempre ha sido un cura cercano de los problemas no sólo de los más pobres sino también de los trabajadores, y con mucha conciencia social. Ha estado al lado de la gente que lo necesita”.

“Siempre nos ha dado su apoyo sin tener el de la Iglesia, de su propia institución. Nos dio más bien un apoyo personal. A nosotros nos gustaría que tenga más influencia, es un cura que fue Monseñor pero que ya no lo es y además, personas de la derecha del país, lo tildaron como el cura que está al lado de los terroristas” agregó.

TAPAR LAS FALLAS DE UN SISTEMA

Según su opinión, Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), el desarrollo del rol social y político de las iglesias “demuestra las muchas fallas del sistema democrático para solucionar una serie de cosas. Siempre han interpelado a la Iglesia Católica Romana por el peso que tiene en el país”.

Recalcó que no se puede transformar a las iglesias en salvadoras de cada error que cometen las entidades del Estado de Chile, empezando porque no les corresponde a las iglesias solucionar el problema de la LAT sino “al Gobierno, al Congreso, a la Justicia”, en definitiva, a las instituciones del Estado.

“Las iglesias tienen una vocación social y eso no se puede negar, pero tampoco pueden tapar las fallas de quienes realmente deban afrontar y tienen la responsabilidad de estos problemas” añadió.

Sin embargo, el Obispo Emérito de la Iglesia Metodista de Chile, Neftalí Aravena, indicó que como Iglesia “no tapamos las fallas del Gobierno pero ayudamos a las personas que lo necesitan, si no, tendríamos que meternos en muchas otros temas que no nos corresponden”. Pero agregó que “si el Estado no es capaz, o si no interviene, nosotros nos vemos en la obligación de intervenir, si el Estado está nosotros no hacemos nada”.

El pastor de la Iglesia Evangélica Luterana, Luis Álvarez, expresó que lo que hace la Iglesia  “lo hace subsidiariamente porque la sociedad no lo hace. Las iglesias pueden hacer un aporte de acompañamiento, de mediar y escuchar a muchos sectores sociales que nadie está escuchando, pero sabemos que eso no soluciona los problemas sociales, sólo es un paliativo”.

Añadió que “de un cierto modo rehabilitamos las irresponsabilidades del Gobierno que mira para otro lado y abandona aéreas de la sociedad”.

Por Mélissa Quillier

El Ciudadano

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Relacionados

Comenta 💬