Divide y vencerás: ¿Bachelet lo hace de nuevo?

“Claramente esto es una cuestión política. Se busca dividir al movimiento posicionando a esta dirigenta moderada, tratando de quitarle piso político a la Melissa, y vinculando además de esto a un dirigente de la organización donde ella participa en actos de violencia”. La cuña pertenece a Bryan Seguel, único acusado de haber agredido al teniente Felipe Vidal durante una manifestación el pasado 1 de mayo, quien explicó de esa forma a eldesconcierto.cl la “persecución política” contra estudiantes movilizados impulsada –dice- desde la Nueva Mayoría. El estudiante de Sociología de la Universidad de Chile –quien hoy está con firma mensual y arraigo nacional- sintetiza de esa forma una serie de mediáticos hechos que han venido a tensar el ambiente dentro de los estudiantes justo en momentos en que el gobierno ha anunciado y defiende su proyecto de reforma al sistema educacional.

Seguel se refiere en primer término al importante rol de la presidenta de la FEUC, Naschla Aburman, en la Confech y los vínculos del colectivo al que pertenece –el NAU- con el partido político al que este diera vida con Giorgio Jackson a la cabeza – Revolución Democrática-, varios de cuyos militantes participan del gobierno de la Nueva Mayoría. De hecho, uno de ellos, Miguel Crispi, fue llamado desde el ministerio de Educación para convertirse en uno de los principales asesores del ministro Nicolás Eyzaguirre. La segunda patita del planteamiento del estudiante es que no por nada se le sindica como autor del ataque al carabinero Vidal: Tanto él como Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, participan del FEL (Frente de Estudiantes Libertarios), que por cálculo político o simple ignorancia, es usado casi como sinónimo del anarquismo, criminalizado majaderamente por los medios tradicionales y las autoridades.

“No deja de ser extraño que la investigación que hizo Carabineros concluyó el 9 de mayo, y a mí se me formaliza 10 días después. Si la urgencia del tema hubiese sido buscar a los culpables, me hubiesen formalizado el 11 o el 12. Pero se esperó a hacerlo dos días antes del discurso presidencial, y un día después de que se presenta una supuesta ruptura en el Confech, en la cual un supuesto grupo de anarquistas intimidó a Naschla, y ahí la conexión es sumar, restar y sacar la cuenta”, explicó Bryan Seguel a eldesconcierto.cl.

Melissa es del pueblo, tú no. Se va a acabar el imperio del NAU, decía el papel que una semana antes del 21 de mayo alguien metió por debajo de la puerta del departamento de Aburman, firmado solo con una letra A encerrada en un círculo, según informó elmostrador.cl. Esto llevó a la dirigenta FEUC a exigir a la Confech una condena explícita a esta amenaza y al uso de la violencia en las movilizaciones. Como esta no llegó de forma unánime, Naschla se retiró sin ocultar su molestia a los medios de la asamblea nacional de la organización que se realizó el 18 de mayo, solo tres días antes del discurso presidencial en Valparaíso. Junto a ella abandonaba la reunión el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Tomas Leighton, militante de Revolución Democrática. Aunque posteriormente las aguas se calmarían, en la dirigencia del movimiento estudiantil estas ya estaban enrarecidas.

“La Nueva Mayoría ampliada, con la Izquierda Ciudadana, con el Partido Comunista y con Revolución Democrática, aunque no lo reconozcan, se hacen parte también de este juicio con más connotaciones políticas que judiciales. Y esa cuestión no marca ningún punto de inflexión con lo que fue la política de contención de la movilización social que llevó a cabo la Concertación durante los 90 en adelante”, sumó Bryan Seguel.

Un ejemplo de esos mecanismos de contención por parte de la Concertación que menciona Seguel es la criminalización de la movilización social. Bien lo saben quienes optaron por las reivindicaciones en medio del conflicto chileno-mapuche y que en vez de una respuesta política recibieron desde los gobiernos post dictadura una bajo la lógica de la seguridad interna, siendo duramente reprimidos y tratados como terroristas. Durante el año 2006, se documentan por parte de organismos de Derechos Humanos 18 episodios de violencia policial en comunidades mapuche y, en el año 2007, otros 19. Entre el 2008 y 2010 el gobierno de Michelle Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas, principalmente radicadas en juzgados de La Araucanía, con un total de 54 comuneros imputados por delitos terroristas.

2006: EL ENFRIAMIENTO DE LOS PINGÜINOS

Y la lógica con que Bryan Seguel explica su actual escenario judicial no es otra que la de dividir para vencer. Y en la Nueva Mayoría esa estrategia es vieja, sobretodo si de movimientos estudiantiles se trata. El 5 de diciembre de 2006, siete días antes de que se presentara el informe final del Consejo Asesor Presidencial de Educación y con ello se pusiera la lápida a la llamada Revolución Pingüina desde el gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de representantes de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES), anuncia su retiro del Consejo.

“Decidimos no hacernos partícipe de este informe, no hacernos partícipe de sus resoluciones, porque esta es súper poco seria, no salen propuestas, no sale una estructura política, un proyecto educativo que entregue las bases para construir una mejor educación. Simplemente son propuestas. Creemos que fue un tiempo perdido el trabajo que tuvimos todo este tiempo en el Consejo Asesor y es por eso que decidimos salirnos”, declaraba ese día María Jesús Sanhueza.

Se cerraba así el capítulo de desencuentros puntuales pero relevantes entre las organizaciones y dirigentes secundarios en la historia de la movilización pingüina, y que más allá de las diferencias políticas internas propias del debate, habían comenzado casi seis meses antes con el anuncio por cadena nacional de Michelle Bachelet del paquete de medidas especiales para llevar a cabo una supuesta “Reforma de Calidad a la Educación”. Esto marca un punto de inflexión entre las distintas posturas al interior del movimiento, principalmente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que terminan con la renuncia tres días después del vocero César Valenzuela, quien entonces explicó que dejaba el cargo para cuidar a su madre enferma. Casi una semana después, el 11 de junio, otra de las reconocidas dirigentes, Karina Delfino, confirmaba también su renuncia a la vocería de la ACES.

¿Qué tienen en común hoy ambos ex dirigentes? Tras pasar por la Juventud Socialista, el primero se convertiría en vicepresidente del mismo partido -cargo que ocupa hoy- y la segunda, tras trabajar a sueldo en la Seremi de Educación dirigida por Alejandro Traverso (PS), se convertiría en encargada del Área Jóvenes de la actual presidenta.

ÚLTIMA PARADA: EL EXTRANJERO

El pasado 9 de mayo la presidenta Bachelet nombró a la actriz Javiera Parada como agregada cultural en Estados Unidos. La hija de José Manuel Parada había sido anteriormente incluida por la ahora mandataria en su comando de campaña como encargada de asuntos culturales, cargo que Parada rechazó solo cuando la actual coalición de gobierno decidió no hacer primarias parlamentarias. Sin embargo, desde entonces la actriz se transformó en uno de los voceros y rostros más reconocidos, junto a Giorgio Jackson, de la campaña Marca Tu Voto, que durante las elecciones presidenciales buscó promover una Asamblea Constituyente como mecanismo de generación de una nueva Constitución. Con Parada y Jackson cooptados por la Nueva Mayoría, el gobierno gana entonces terreno en otra batalla: la de elaborar una nueva carta magna, pero no a través de ese ejercicio de participación ciudadana, sino otra en donde “la prioridad la tiene hoy la vía del Congreso Nacional”, como planteó recién asumido el gobierno, Francisco Zúñiga, jefe de equipo de Constitución de Michelle Bachelet.

Al nombramiento de Javiera Parada se sumó esta semana el del líder sindical, Cristián Cuevas, como el nuevo Agregado Laboral de Chile en España. Si bien el dirigente está ligado de antes a la Nueva Mayoría a través del Partido Comunista, lo cierto es que su paso desde su cargo de Consejero Nacional de la CUT (2012-2016) al Estado viene a estrechar aún más los lazos entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno de Bachelet. Una abierta complicidad, declarada públicamente por su presidenta Bárbara Figueroa, que deja en un muy mal pie a los trabajadores a la hora de ver representadas y defendidas sus demandas a través de la sindical, posición que claramente una parte importante de ellos no comparte. Como aquellos que el pasado 1 de mayo decidieron apartarse del acto oficial en el centro de Santiago, en donde participaron autoridades de gobierno, realizando otro paralelo en el Barrio Brasil. El mismo en donde se produjo la mediatizada agresión al teniente Felipe Vidal, que hoy tiene como único acusado al estudiante del FEL, Bryan Seguel.

Daniel Labbé Yáñez

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