¿Dónde están Almagro, Bachelet y los medios cuando el pueblo ecuatoriano los necesita?

La OEA, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Casa Blanca, el Grupo de Lima y los grandes medios tienen muy claro su objetivo: culpar a Nicolás Maduro de todo cuanto ocurra en la región

Hablar mal de Venezuela, especialmente de su Gobierno, vende periódicos, genera millones de dólares, coimas y halagos por parte del combo que ocupa la Casa Blanca.

En tanto, con Ecuador no sucede así, pues no tiene suficiente petróleo y tantos otros yacimientos minerales como para ser del interés de aquello que las grandes cadenas mediáticas llaman “comunidad internacional”, en referencia a Estados Unidos y un conjunto de gobiernos títeres.

En ese lote de países en el que los conflictos, las crisis económicas, políticas y humanitarias, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno no tienen importancia para los medios y la “comunidad internacional” también se encuentran hoy Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

Argentina vive una crisis económica sin precedentes en 20 años. Perú atraviesa una crisis política con dos poderes enfrentados que la llevó, incluso, a tener dos presidentes, aunque fuera fugazmente. Brasil arde no solo en el Amazonas, sino también en las calles. Y Colombia ve reavivar su conflicto armado en medio, también, de fuertes protestas sociales.

Sin embargo, es Ecuador el país que vive la peor situación, al menos desde el pasado 2 de octubre, cuando el presidente de ese país, Lenín Moreno, anunció un “Paquetazo” económico que incluyó la eliminación de subsidios a la gasolina y al diésel, entre otras medidas, y desató así la furia del pueblo ecuatoriano, en al menos 20 de los 24 departamentos.

Desde entonces, Ecuador vive un paro nacional, huelga general de transportistas, el Presidente decretó Estado de Excepción, mientras miles de mujeres e indígenas se movilizaron hasta Quito, cercaron las sedes del Palacio de Carondelet y de la Asamblea Nacional; y obligaron al Mandatario a “trasladar” la sede del Ejecutivo hasta Guayaquil.

Asimismo, numerosos departamentos ven sus principales arterias viales trancadas por protestas, se registran fuertes enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad e, incluso, entre la Policía Nacional y el Ejército, cuerpo castrense al que Moreno sacó a las calles para reprimir violentamente las protestas.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ya adelantó que ordenó a las Fuerzas Armadas a utilizar armas letales contra los manifestantes que ellos consideren atentan contra el Estado. Así se han originado asesinatos, detenciones ilegales y hasta allanamientos de casas, edificios, medios de comunicación, iglesias y universidades.

Censura o autocensura

Los principales medios se encuentran censurados o, mejor, autocensurados. Hay un cerco mediático casi total alrededor de la violencia contra el pueblo que ejerce el Gobierno de Moreno. Y los pocos que se atreven a hacerlo, han sido allanados y amenazados.

Precisamente, la Coordinadora Ecuatoriana de Contrainformación denunció este jueves que contabiliza siete muertos, 95 heridos graves, más de 500 heridos leves, más de 800 detenidos, 57 periodistas agredidos por la policía, 13 periodistas encarcelados, nueve medios de comunicación intervenidos y 26 políticos apresados.

Esa información fue difundida por el periodista Marco Teruggi, corresponsal de Telesur en Ecuador, a través de su cuenta en Twitter.

El clamor del pueblo es el siguiente: exigen la derogación del “Paquetazo”, unas medidas decretadas por Moreno para complacer al Fondo Monetario Internacioanl (FMI), instancia a la que el Presidente se vendió por poco más de 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, Moreno ha sido tajante y ha reafirmado en varias ocasiones que el “Paquetazo” va, guste o no, porque, afirma, “yo soy el Presidente”.

A raíz de ello, las exigencias de los cientos de miles de manifestantes mutaron a solicitar la renuncia de Moreno y a la convocatoria de nuevas elecciones, no solo presidenciales sino generales, dado que hasta la propia Asamblea Nacional se ha negado a debatir la situación que atraviesa el país.

¡Que pase Almagro!

En medio de esta conmoción y las claras violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, registrados en decenas de videos publicados en redes sociales, permanecen casi inmunes la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el presidente estadounidense, Donald Trump, el Grupo de Lima, la Unión Europea y demás instancias que condenarían los hechos solo si se suscitaran en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y hasta en Hong Kong.

En Ecuador se vive un Estado de Excepción y un toque de queda que incluye la suspensión de garantías individuales de los ecuatorianos, como el derecho al libre tránsito, reunión y asociación; se prohíben las manifestaciones antigubernamentales y se da potestad plena a las Fuerzas Armadas para reprimir, inclusive, con fuerza letal.

Sobre ello, Luis Almagro ha optado por no hacer referencia a la limitación de las garantías individuales. En un escueto comunicado, injustificadamente defendió la represión para colocarse del lado del verdugo y no del pueblo.

“…es injustificable que algunos actores los conviertan (los derechos a la libertad de expresión y de protesta pacífica) en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo”, dice el texto publicado por Almagro en Twitter.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito. Es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares, así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias”, reza el comunicado.

De allí, cabe la pregunta: si el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades, el uso de armas letales, la represión contra ciudadanos desarmados, el allanamiento ilegal de instituciones educativas y religiosas, las detenciones por motivos políticos, la censura a medios de comunicación y el asesinato impune de civiles ¿no merece una condena igual?.

“Asimismo, la OEA considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenín Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno”, culmina el texto.

Sí, esa OEA es la misma que durante los últimos tres años, casi diariamente, exige al “mundo” que ejerza acciones unilaterales -incluida la opción de una intervención militar extranjera- para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien al igual que Moreno fue electo en unos comicios democráticos, libres y dentro del marco de la Constitución de cada país.

Puerta número dos: el Grupo de Lima

A ese grado de desfachatez se sumaron los gobiernos promotores del autodenominado Grupo de Lima, creado para promover el derrocamiento de Maduro en Venezuela.

Mediante un comunicado difundido por la cancillería argentina, “los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno, para recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la constitución y la ley, como lo ha venido haciendo”.

Al igual que Almagro, nada dicen de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 3 de octubre por Lenín Moreno. Todo eso ocurre, mientras el Gobierno de Estados Unidos, que se considera “defensor ejemplar de los pueblos desprotegidos” permanece en silencio.

¿Bachelet dónde está que no aparece?

Asimismo, Michelle Bachelet brilla por su ausencia. La instancia que preside se limitó a publicar otro comunicado escueto en el que se “recordó a las autoridades que han de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos”.

Respecto al decretado Estado de Excepción, la oficina de Bachelet dice lo siguiente: ”…la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico”, destaca un comunicado.

De igual manera, el texto defiende que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza “en casos excepcionales” y que se han de acatar los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

La Oficina también mostró su preocupación por los actos de violencia que las fuerzas de seguridad ecuatorianas habrían cometido contra manifestantes, y “rechaza enfáticamente” los sucesos violentos cometidos por terceras personas, tales como “agresiones, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros”.

En resumida cuentas, la oficina de Bachelet se convierte en cómplice de los crímenes cometidos por Moreno.

Recordemos que en Venezuela, el informe de la expresidenta chilena desconoció e invisibilizó las protestas violentas, los cientos de millones de dólares en pérdidas ocasionados por la destrucción de bienes públicos (incluidas instituciones públicas, escuelas, hospitales y guarderías de niños), los asesinatos perpetrados por manifestantes, los ataques racistas contra simpatizantes del gobierno y hasta la quema de ciudadanos inocentes.

Los medios se alinean con Washington

Entonces, en medio de la nula cobertura que dan las grandes cadenas mediáticas de la situación que atraviesa el pueblo ecuatoriano, han desviado la atención hacia lo que sí “vende periódicos, genera millones de dólares, coimas y halagos por parte del combo que ocupa la Casa Blanca”, tal como se menciona al principio de este artículo.

Lenín Moreno, en medio de su incapacidad para ofrecer bienestar a su pueblo y tratando de desvincular las medidas decretadas por él que empobrecen aún más a los ecuatorianos, se ha limitado a responsabilizar de absolutamente todo a Nicolás Maduro, junto a el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

«El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando … e instrumentalizando algunos sectores indígenas», precisó.

Inmediatamente salieron los ecos de la Casa Blanca a respaldar la acusación hecha sin una sola prueba, simplemente con una afirmación.

El grupo de gobiernos anteriormente mencionados sumaron en su comunicado que “rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región”.

Al show mediático le siguió Juan Guaidó, diputado venezolano que se autoproclamó “presidente interino” en una plaza pública con el beneplácito de Washington, quien exigió a Maduro dejar de financiar las protestas en Ecuador y aseguró que daría con el paradero de Correa en Venezuela, casi al mismo tiempo en que el mismo Correa ofrecía una rueda de prensa desde Bruselas, en Bélgica.

«La culpa es de Maduro»

La realidad en América Latina, en Suramérica para ser más precisos, se mueve así: la OEA, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Casa Blanca, el Grupo de Lima y los grandes medios tienen muy claro su objetivo: culpar a Maduro de todo cuanto ocurra en la región, mientras al mismo tiempo aseguran que Maduro está acabado, sin apoyo, sin aliados, sin dinero y en el olvido. ¡¿Ironía?!.

Por un lado, Mauricio Macri culpa a Maduro de la crisis en Argentina por respaldar al favorito en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales del venidero 27 de octubre, Alberto Fernández.

Por otro, Jair Bolsonaro culpó a Maduro por los incendios masivos que arrasaron con millones de hectáreas en la Amazonía brasileña, diciendo que el venezolano financiaba a varias ONG y grupos indígenas que iniciaron los incendios.

En tanto, Iván Duque dice que Maduro es responsable de la crisis en Colombia por su apoyo a grupos guerrilleros, en una obsesión tan caótica que lo llevó a presentar pruebas y fotos falsas ante la Asamblea General de la ONU.

Por último, ahora Moreno dice que Maduro es responsable de la crisis en Ecuador. Y siguiendo el estilo de Duque, ya comenzó a arrestar a venezolanos para culparlos de avivar y orquestar las manifestaciones en su país, en lo que podríamos llamar: “Falsos positivos, capítulo Ecuador.