Padre del presidente de la UDI Javier Macaya
Eduardo Macaya: Acusado de abuso contra nieta y otras tres menores quedó recluido en hospital de la cárcel de Rancagua
En prisión preventiva quedó Eduardo Macaya Zentilli (71 años), padre del senador y actual presidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue detenido ayer miércoles 7 de junio, tras ser acusado de presunto abuso sexual infantil.
La resolución fue tomada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, comuna donde Macaya habría cometido los delitos.
En un principio, las versiones indicaban que la denuncia había sido realizada por la familia de una menor de 12 años, por «actos reiterados de connotación sexual».
Sin embargo, según consignó el diario La Tercera, habrían al menos otras tres víctimas, por lo cual la Fiscalía de O’Higgins pidió una autorización judicial para allanar la vivienda de Macaya y detenerlo.
Aunque el senador Javier Macaya emitió una declaración pública donde se refirió a la situación de su padre señalando tener la «convicción» de que se trata de una falsa acusación, este jueves se pudieron conocer mayores detalles de este caso.
Según consignó El Mostador, Macaya Zentilli, fue formalizado como autor de abuso sexuales reiterados en contra de cuatro menores de edad, a partir de una denuncia presentada el miércoles de la semana pasada en una unidad de la PDI de la zona oriente de Santiago.
Dicha denuncia fue presentada por hombre aseveraba que su hija, una niña pequeña, había sido abusada sexualmente por su abuelo, ell ingeniero agrónomo, Eduardo Macaya..
De acuerdo con el citado medio, los hechos denunciados habrían tenido como escenario la viña, ubicada al interior del fundo Santa Elena, ubicada en la comuna de Placilla (a medio camino entre San Fernando y Santa Cruz), donde reside el empresario viñatero, por cual la PDI dio aviso de inmediato a la Fiscalía de O’Higgins.
En consecuencia, el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, ordenó que el caso procediera a ser investigado la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana y luego se derivó a la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins.
Sin embargo, El Mostrador señala que fuentes cercanas a la investigación indicaron que Arias está supervisando en persona todo lo relacionado con el caso.
Según refiere este medio, el viernes pasado habría ofrecido declaración la niña que habría sufrido el abuso.
También se presentaron como evidencia grabaciones relativas a los presuntos abusos, como expuso ayer la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de San Fernando, por tal motivo se solicitó que la audiencia fuera reservada, sumado al hecho de que las cuatro víctimas que se han encontrado hasta el momento son todas menores de edad.
Adicionalmente, se solicitó una orden de detención en contra de Eduardo Macaya, la que fue ejecutada el martes pasado en las dependencias del fundo, donde este no fue hallado por los funcionarios, presentándose ayer en el juzgado junto a su abogado, Luis Masferrer.
En la instancia judicial, Macaya Zentilli -quien posee una condena previa por daños al conducir en estado de ebriedad- fue formalizado por abuso sexual reiterado. No obstante su defensa apeló a razones de salud, y quedó aislado de la población penal común al ser ingresado en prisión preventiva en el hospital de la cárcel de Rancagua, fijándose un plazo de investigación de 90 días.
Javier Macaya cierra filas en apoyo a su padre
Cabe destacar que el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, cerró filas en apoyo a su padre, tal y como expresó en un comunicado público.
La defensa de Eduardo Macaya está a cargo del abogado, Luis Masferrer, quien fue Director de Gendarmería durante la primera administración de Sebastián Piñera, que lo designó como Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) al inicio de su segundo periodo, y quien-cabe recordar, renunció el 15 de noviembre de 2019, a casi un mes del estallido social.
Masferrer ofreció declaraciones a TVN en las que afirmó que su representado era completamente inocente y que “esta denuncia raya en la denuncia calumniosa”, lo que habría causado molestias en el seno del Ministerio Público, donde consideraron que declaraciones de ese tono son revictimizantes y podrían tener un efecto inhibitorio en las víctimas, menores de edad.
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