El escondido saldo de la seguridad democrática en Colombia

Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos. Más de 2 mil cuerpos hallados y unas 3 mil fosas clandestinas muestran el lado oscuro de la Política de Seguridad Democrática implementada durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. Una pesada mochila para el actual presidente, Juan Manuel Santos, quien en la época fuera ministro de Defensa.

* La foto corresponde a las fosas halladas en La Macarena

Jacqueline esperaba salir de vacaciones para compartir con su hermano Jaime Castillo. Ambos vivían en Bogotá en agosto del 2008 y sólo alcanzaban a compartir cuando Jaime la esperaba en la esquina de su casa de madrugada y la acompañaba a coger el bus para llegar temprano al trabajo.

Acostumbrada la vida diletante de Jaime, pasaban semanas sin verse. Ella lo aconsejaba y a veces le daba dinero; él le dibujaba imágenes de Cristo y le regalaba guitarras de madera para que adornara su hogar. Pero cuando por fin Jacqueline salió de vacaciones, Jaime llevaba días desaparecido. Una mañana había llamado para ir a almorzar a Gloria, su hermana menor, pero nunca llegó.

Jacqueline pasó sus vacaciones entre Medicina Legal y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) colombiano viendo fotos de los cadáveres que llegaban mientras por las noticias de la televisión mostraban la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, localidad al sur de Bogotá, cuyos cuerpos fueron apareciendo en Ocaña,  poblado ubicado al norte de Santander, enterrados como NN en fosas y vestidos como guerrilleros.

En su ir y venir buscando a Jaime, la investigadora asignada del CTI le dijo que pidiera las fotos de los NN de Ocaña en Medicina Legal. Entre los muertos de Soacha había sólo uno entre 40 y 45 años. La funcionaria que la atendió tomó los datos, los digitó en el  computador y Jacqueline vio en una pantalla el rostro de su hermano muerto. Era el 7 de octubre del 2008.

La versión del Ejército decía que Jaime murió junto a otro sujeto el 12 de agosto luego de entrar en combate. Una pistola aparecía junto al cadáver, respaldando la tesis oficial.  Jacqueline fue junto a un hermano a buscar el cuerpo de Jaime a Ocaña. Como Medicina Legal de dicho municipio no dio abasto para tantos cadáveres reportados por el Ejército como combatientes de la guerrilla abatidos, estos fueron enterrados en  fosas comunes en una finca. Hasta ese momento se contaban 11 cadáveres.

En una fosa de 3 por 3 metros Jacqueline halló el de su hermano, debajo de otros 3 cuerpos y encima de un quinto. Tenía la cara golpeada y el otro chico muerto junto a él tenía la tenía desfigurada. Cuatro impactos de fúsil, a ambos lados de la espalda y en cada pierna, los habían ultimado.

Cada palada desenterrando a Jaime, involucraba a Jacqueline y su familia en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la reciente historia de Colombia: los llamados falsos positivos, eufemismo que se le dio a los asesinatos de civiles por parte del Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate a cambio de recompensas o días libres.

INCENTIVOS POR BAJAS

Presentada como el más grande éxito de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática fue la estrategia diseñada para terminar con décadas de guerrilla y violencia armada. Una fuerte inversión en defensa  permitió copar el territorio de militares y policías, dando duros golpes a la guerrilla y  estimulando las deserciones en las filas de las FARC y el ELN.

Deseoso de mostrar resultados el gobierno de Uribe aplicó una política de estímulo a los militares por bajas propinadas a las FARC. Así, el 2005 el ministro de Defensa, Camilo Ospina, emite la Directiva Nº 029, la que otorga bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y las compañías que mostraran efectividad en su combate a la guerrilla.

Los resultados fueron el gran capital político de Uribe: Los colombianos volvieron a transitar seguros por las carreteras, se redujeron los secuestros y fueron liberados los secuestrados más emblemáticos por las FARC, como 3 contratistas estadounidenses y la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.

Pero datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dan cuenta que tras la firma de la Directiva 029, las denuncias sobre desapariciones pasaron de 73 el 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Un informe de una comisión internacional que visitó Colombia el 2008, invitados por organizaciones de derechos humanos, acusa que a en los primeros 5 años del gobierno de Uribe (2002-2007), se incrementaron en un 67% las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública comparados con el quinquenio anterior.

Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos 3.180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.

Pero la respuesta de Uribe a estos informes fue que eran falsas y acusó a los investigadores de derechos humanos de defender el ‘terrorismo’ y de ser ‘compinches’ de la guerrilla. Diana Sánchez, investigadora de la organización de DDHH Minga, comenta que “Uribe transformó el imaginario colectivo, ya que acabar físicamente con el enemigo es una victoria y hay que aplaudirlo. No importa que te lleves por delante personas inocentes”.

Las décadas del conflicto armado hacía que los anuncios de bajas a la guerrilla fueran festinados por los medios y gran parte de la sociedad colombiana. Yepes recuerda que “cada vez que se daba de baja a presuntos o reales delincuentes, había una gigantesca convocatoria a los medios, con rueda de prensa y se presentaban como trofeos de dicha política un número cada vez más abultado de cadáveres, en el marco de discursos entusiastas de los asistentes”.

Días antes de entregar el Palacio de Nariño, el gobierno de Uribe dio a conocer que la lucha contra la insurgencia logró que la guerrilla se redujera de más de 25 mil soldados que tenía el 2002 a 8 mil que mantiene las FARC y 1.500 el ELN el 2009.

A juicio de Iván Cepeda, recién electo congresista y del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE), las cifras no cuadran: “Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre estas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. El problema es que los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder. Los paramilitares tenían 12 mil personas. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.

LA LISTA DE LA MUERTE

Faír Leonardo Porras tenía 26 años al momento de desaparecer y trabajaba como ayudante en la construcción. Fue el

primero de la larga lista de Soacha y, pese a que tenía problemas sicomotrices y era zurdo, el Ejército lo reportó como guerrillero abatido en combate en Ocaña con un arma empuñada en su mano derecha el 12 de enero del 2008, cuatro días después de haber desaparecido. Le siguieron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, amigos que trabajaban en un taller de autos y se esfumaron el 13 de enero del mismo año para aparecer 8 días después como insurgentes abatidos por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña, a 600 kilómetros de su lugar de origen.

Los casos se repitieron hasta agosto del 2008 y la Procuraduría definió que el patrón común de las víctimas era que tenían entre 16 y 32 años, habían sido contactadas por civiles con la promesa de un trabajo en fincas en otras regiones, engañados se les pagó el pasaje y luego eran entregadas a militares. Algunos habían participado de delitos menores, otras consumían droga y en su mayoría no tenían empleos estables. Incluso había menores de edad, como Jaime Valencia y Jhonatan Soto, de 16 y 17 años respectivamente.

Con el correr de los días, en distintos departamentos de Colombia surgieron denuncias  que acusaban la desaparición de personas, las que al tiempo figuraban como combatientes de grupos irregulares dados de baja. En Ocaña a fines del 2008 ya eran 19 los cuerpos identificados; En Córdoba y Sucre se sumaron más casos de jóvenes entre 12 y 25 años reclutados para un trabajo y luego aparecidos como abatidos en combate. En otras regiones se acusaban similar modus operandi con sindicalistas o líderes comunales.

Con el correr de las horas las listas de muertos se iban engrosando: un mimo que vivía en la calle en Huila, que desapareció junto a otros 4 vagabundos; dos muchachos que estaban en tratamiento antidrogas en Suaza; un dirigente indígena de La Guajira; un dirigente de los mineros de Bolívar; un lustrabotas de Bucaramanga, dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín; o incluso conscriptos que en sus días libres desaparecían y luego eran presentados como guerrilleros, daban cuenta de que la seguridad democrática estaba cobrando la vida de miles colombianos.

Desde el 2007 que las Naciones Unidas ya había hecho ver a Uribe su preocupación por la desaparición y muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín, y en municipios como Tolú viejo, Sucre, y Remedios, Antioquia. El guión era el mismo que el de Jaime:   Familiares debían cruzar el país para escarbar en fosas masivas en búsqueda de su ser querido, cuyo cuerpo hallaban entre otros cadáveres ya descompuestos. Jacqueline se pregunta: “¿Cómo es posible que Jaime en dos días se convirtió en guerrillero? O sea ¿en dos días viajó más de 600 kilómetros, se hizo miliciano de las FARC y aprendió a ocupar un arma?”.

Cuando se destapó el escándalo el gobierno recurrió a la tesis de que era una infiltración de los terroristas y del narcotráfico entre los militares. “Hemos controvertido esa tesis, demostrando que estos crímenes tienen similares patrones de comportamiento y se repiten en distintos regimientos de 23 departamentos del país. Esto sugiere que no se trata de hechos aislados”- sostiene Cepeda.

Ante la evidencia, Uribe en noviembre del 2008 llamó a retiro a 27 militares, entre ellos a 3 generales, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles por su implicación en los hechos o estar al mando de las unidades militares acusadas. Quien fuera ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos, se vio obligado a promulgar directivas que prohibieron a los militares cometer ejecuciones extrajudiciales y el envío de causas por homicidio a la justicia civil. De paso se derogó la Directiva 029.

Entre los 2.300 casos llevados por la Fiscalía figuran 59 de ellos menores de edad y 122  mujeres. Sólo se han dictado 137 condenas contra militares y otros 396 tienen órdenes de captura.

Cepeda considera “difícil hacer una estimación porque pese a la estadística de organizaciones de DDHH, hay varios casos que quedan en la impunidad al no ser denunciados por las víctimas”. Además acusa la impunidad en el 98% de los casos. En la investigación por la muerte de Jaime, el fiscal de Cúcuta recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia. El relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sostuvo que los casos conocidos son sólo la punta del iceberg.

POR CIEN MIL PESOS

Cuando la esposa del campesino Luís Alberto Vega Patiño fue a preguntarles a los soldados apostados en Labranzagrande (Boyacá) por el paradero de su marido, desaparecido en junio del 2006, los militares le respondieron que “de él no sabemos nada, lo único que sabemos es de un guerrillero dado de baja en combate ayer y al parecer ya se lo llevaron para Yopal, tranquila que si él está muerto vale treinta millones de pesos”.

Víctor Manuel López Manosalva, uno de los reclutadores de jóvenes y hoy bajo protección de la Fiscalía, confesó haber recibido de cien mil pesos por entregar a 2 víctimas al Ejército (30 mil pesos chilenos). Los jóvenes desaparecidos en Bogotá le habrían reportado a sus reclutadores unos 300 mil pesos por cabeza ($90 mil).

Una vecina le contó a Jacqueline que vio a su hermano Jaime el día que desapareció con unos tipos en un carro blanco de vidrios oscuros. El vehiculo se repite en los relatos de los desaparecidos en Soacha.

Daniel Rendón, integrante de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) que operaban en el departamento del Meta, confesó en mayo de este año que entregó a decenas de ex paras y civiles, cuyos cuerpos aparecieron como guerrilleros dados de baja. Rendón confesó que conocían a sus víctimas de noche, los invitaban a bares y burdeles, donde los emborrachaban hasta perder la conciencia. Luego los vestían con uniformes, les ponían un fusil y los ultimaban. Así los militares mostraban resultados a sus superiores y el Ejército bajaba la presión sobre las AUC.

El Batallón 21 Vargas, con cuyos integrantes se contactaba Rendón, fue condecorado el 2003 por el Ministerio de Defensa como la mejor unidad del país por sus resultados en operaciones. Cuando los fiscales le pidieron que hiciera una estimación sobre los muertos bajo esta modalidad. Rendón dijo que entre el 2002 y el 2004 fueron más de 100 casos en el Meta.

Las investigaciones de Yepes señalan que “se llegó a pagar 2 mil dólares por cada cadáver de un guerrillero raso y hasta 250 mil dólares por personas que se les atribuía mayor responsabilidad en la insurgencia. Como estos incentivos eran dados a quienes entregaban información sobre el paradero de estas personas, se triangularon las recompensas: se hacía firmar recibos en blanco a reclutadores civiles que recibían una porción mínima de lo que se terminaba de pagar, generándose así un enriquecimiento para los oficiales que manejaban estos fondos reservados”.

Así, como las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían ser entregadas a miembros de la Fuerza Pública, grupos criminales y militares cobraban las recompensas y los militares mostraban mejores resultados en el combate a la insurgencia.

LAS FOSAS DEL SILENCIO

Cuando la sociedad colombiana aún no se reponía del genocidio de los falsos positivos, se desayunó con el descubrimiento de una fosa en el pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, donde se estima hay entre 400 y 2 mil cadáveres enterrados como NN y, según se desprende de las fechas que figuran en algunas de las cruces de madera puestas, estos habrían sido depositados allí desde el 2005.

Las fosas constituyen el más grande cementerio clandestino del continente y se halla al  lado de la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra. Campesinos del departamento del Caquetá, contiguo al Meta, acusan a julio del 2010 253 denuncias de falsos positivos y 79 desapariciones forzosas. Por su parte, organizaciones de DDHH han documentado unos 10 casos de jóvenes de la región  desaparecidos, cuyos cuerpos fueron hallados en el cementerio.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado a 41 muertos enterrados en La Macarena, entre las que hay 4 personas reportadas como desaparecidas, pero las excavaciones recién comienzan. Un oficio de febrero de 2010, firmado por la directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia, señala que en el cementerio habría “aproximadamente 2.000 cuerpos”.

Se calcula que hay unas 3 mil fosas clandestinas repartidas en todo el territorio colombiano y la Fiscalía mantiene igual número de cuerpos que no ha podido identificar. Pese al afán de los fiscales, a mediados de julio la Unidad de Exhumaciones del organismo acusó serios riesgos en su labor, ya que en los últimos 2 años han recibido 5 ataques por parte de grupos armados ilegales. El último dejó un policía muerto y heridos a otros 2 junto a un miembro del CTI.

El MOVICE estima en más de 50.000 las personas desaparecidas por militares o grupos paras en las dos últimas décadas y, según los datos entregados por el gobierno de Uribe, el 70% de las bajas atribuidas a las guerrillas tienen el rótulo de NN y yacen diseminadas por territorio colombiano. Cepeda acusa la impunidad en el 98% de los casos. En el caso de Jaime Castillo, el fiscal de Cúcuta, a cargo del caso, recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano