Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) denunciaron penalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, tras las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
«El ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas«, indicó Cuello tras presentar la acción legal en dependencias de la Fiscalía Nacional.
La revelación de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, ha generado una fuerte polémica y críticas transversales.
La denuncia introducida por los parlamentarios está fundada en el artículo 228 del Código Penal y cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación.
De acuerdo con Cuello y Santana los decretos emitidos por la cartera dirigida por Rabat contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
«Lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas», planteó el diputado Cuello.
Explicó que la ley excluye de manera absoluta la posibilidad de «otorgar este beneficio a estos condenados por estos crímenes tan aberrantes».
«Lo que hizo el ministro fue decidir, de forma arbitraria y de forma también ilegal y caprichosa, que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema. Pues bien, esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración. Solamente las sentencias rigen el caso concreto. Y, al mismo tiempo, él ha argumentado que esto se hace también por una razón de eficacia y eficiencia para evitar juicios», indicó.
Para el parlamentario, cabe preguntarse, si es realmente ético y presentable «ahorrarse un abogado, ahorrarse un juicio para liberar a un pederasta, para liberar a una persona condenada por un delito tan terrible».
«Esto claramente es ilegal y lo que establece el Código Penal es que, cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta, es decir, es contraria a derecho, y en este caso es contraria a una norma expresa, en ese caso, bueno, se aplica este tipo penal», sostuvo, e insistió en que el ministro Rabat tenía la obligación de denegar la rebaja de condena para los sentenciados por los delitos sexuales, por lo que debe abandonar su cargo.
«En consecuencia, creo que esto es muy grave y por eso estamos presentando esta denuncia. Y, al mismo tiempo, ratificar que lo que cabe acá, sin duda, es que el ministro renuncie a su cargo, que dé un paso al costado«, afirmó.
Acusación constitucional y denuncia penal
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS), señaló que decidieron presentar esta demanda de carácter penal contra el ministro Rabat y contra el subsecretario Silva, principalmente por el principio de prevaricación administrativa, «que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad».
Asimismo, cuestionó que tras el escándalo, el presidente Kast haya descartó aplicar cambios y ratificara al cuestionado ministro, respaldando su labor e indicando que le había encomendado la tarea de liderar modificaciones para evitar que se continúe entregando este beneficio.
«Nos parece impresentable que el presidente de la república, José Antonio Kast, ratifique en su puesto a esta autoridad, toda vez que ha sido cuestionada no solamente por nuestro sector político, sino que por el propio exministro de justicia de Sebastián Piñera», dijo.
«Este gobierno, quiéralo o no, va a ser recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, y esa cuestión nos parece completamente impresentable», enfatizó.
Más allá de esta petición de salida del ministro de Justicia, desde la oposición evalúan la posibilidad de presentar una acusación constitucional y las bancadas se encuentra debatiendo para tomar una definición en esta materia, mientras presionan a la administración de Kast para invalidar los decretos ya cursados.
Santana señaló que aparte de revisar los méritos suficientes para llevar adelante una acusación constitucional en contra de Rabat, optaron por tomar la vía penal para «poder empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas pero que, además, ponen en riesgo, justamente, la seguridad de los chilenos y chilena».
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