“En Chile se está consolidando una impunidad”: Sobrevivientes de la revuelta exigen verdad, justicia y reparación

Tras casi 6 años de la respuesta represiva y violenta del Estado de Chile a las movilizaciones del estallido social de 2019, las víctimas aún no consiguen justicia ni reparación integral, debido a la impunidad y al cierre de causas.

Luego de haber realizado una solicitud, vía Ley de Transparencia, a la Fiscalía Nacional, la organización “Acción Cívica contra la Corrupción” tuvo acceso al detalle actual del avance en las investigaciones relacionadas con la violencia institucional y policial en el marco de la revuelta social.

El ente persecutor respondió a la agrupación defensora de los derechos humanos, que más de un 90% de las 1.142 indagatorias por estos casos se encuentran cerradas.

En concreto, la Fiscalía señaló que con la información actualizada al 31 de diciembre del 2024, existen 10.142 causas ingresadas por violencia institucional, cuyos hechos corresponden al período entre el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020 en el contexto del estallido social.

«De dichos casos, la mayoría están terminados (90,9%) y un 9% se encuentra con estado vigente a la fecha de la extracción de los datos», precisó.

Según la información entregada por el ente persecutor, los 10.142 casos identificados (con la identificación de RUC) se basan en un total de 13.371 relaciones registradas en el Servicio de Atención a Fiscales, SAF. Del total de estas relaciones registradas en el SAF, el 89% de ellas (11.897 están concluidas, el 10,8% está vigente (1446) y el 0,2% (28) de las relaciones está suspendidas.

De las relaciones concluidas, un 26,2% (3.186) se encuentran agrupadas, ya que su tramitación puede haberse asociado a otra causa existente, en virtud de la naturaleza de los hechos y otras condiciones jurídicas que se estimen pertinentes. por lo que en la práctica pueden continuar con su tramitación.

Del total de relaciones concluidas o suspendidas (11.925), solo un 3,4% (405) de ellas presentan una «Salida Judicial», mientras que un 69,3% (9.264) presentan una «Salida No Judicial», sin pasar por tribunales.

En lo que respecta a imputados ingresados, un 90% corresponde a imputados desconocidos y el 10% restante son imputados conocidos. Al contabilizar por documento de identidad (RUT) estos últimos alcanzan las 724 personas, y de ellas, apenas un 36% presenta formalización.

¿Dónde está la justicia para las víctimas?

Desde “Acción Cívica contra la Corrupción” calificaron esta situación como «deplorable» y denunciaron que estos datos reflejan «una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad».

«¿Dónde está la justicia para las víctimas?», preguntaron.

Tras conocerse más que de un 90% de las 10.142 investigaciones por casos de violencia institucional en el marco de la revuelta se encuentran cerradas, El Ciudadano se contactó con Carlos Astudillo, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, creada por la senadora Fabiola Campillai (Ind).

Como sobreviviente de violencia militar, Astudillo conoce en carne propia el sentir de las víctimas. Cuando apenas tenía 24 años recibió un impacto de bala por parte de un militar en Colina, el 20 de octubre de 2019, durante los primeros días del estallido social que sacudió al país.

Tal como lo indica el informe del Servicio Médico Legal (SML), si el entonces estudiante universitario no hubiera recibido atención médica eficaz, la lesión provocada por el proyectil de arma de fuego habría tenido un resultado letal. Así, su caso se hubiera sumado al de Romario Veloz, Kevin Gómez y Manuel Rebolledo, y otras más de 30 víctimas fatales del actuar de las Fuerzas Armadas durante la revuelta .

El militar que le disparó, el cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, fue condenado a siete años de prisión efectiva, como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

“En Chile se está consolidando una impunidad”

Ante el cierre de las causas de violencia institucional y policial, Astudillo planteó que Chile se encuentra e un escenario en donde se ha consolidado una impunidad institucional, «en la cual hemos quedado totalmente a la deriva como sobrevivientes, como víctimas, lo cual nos ha impactado significativamente en nuestros procesos judiciales y en nuestra calidad de vida».

«El escenario es sumamente complejo, tan solo el 0,6% de las causas han tenido una condena, una salida judicial y ante eso levantamos las alertas y decimos que en Chile se está consolidando una impunidad», indicó.

Al ser consultado sobre los señalamientos realizados por “Acción Cívica contra la Corrupción”, sobre que la mayoría de los casos no tienen abogado querellante, lo que deja a las víctimas en desventaja, el activista por los derechos humanos, planteó que aunque organizaciones como Cintras y Codepu «han ofrecido su ayuda y están llevando adelante casos bien importantes, hay un número significativo de personas que no cuentan con abogados o con los abogados con que cuentan son proporcionados por parte del Estado a través de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)»

Acusó que «los casos no avanzan y no ha existido una prioridad por parte del Estado en apoyar a las víctimas, a los sobrevivientes de violencia institucional».

Al respecto, el administrador público y cientista político consideró que aunque en el país existe una gran demanda para acceder a la a la justicia, es un deber del Estado y una responsabilidad, «ofrecer una justicia digna y que esté a la altura, sobre todo cuando hablamos de vulneración a los derechos humanos».

«Por eso el Estado está al debe y está en deuda con las víctimas», enfatizó en conversación con El Ciudadano.

Sin embargo, el integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, expresó que es preciso hacer una distinción y reconocer el trabajo que desde el Ministerio Público han realizado persecutores como el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quien lidera la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

«Han llevado causas sumamente complejas y han obtenido justicia», destacó.

Medidas para avanzar en verdad, justicia y reparación para las víctimas

A juicio de Carlos Astudillo. no ha existido una política institucional por parte del Ministerio Público para priorizar los casos de violencia institucional y policial, lo cual a su vez, responde al hecho de que no han existido los recursos por parte del Ejecutivo para reforzar su labor.

«De hecho, el Gobierno de Gabriel Boric se comprometió a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos, hay una oficina especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, lo cual aún no se concreta y por eso, opera con las con las capacidades que tiene. Hay fiscales que han hecho la pega y otros lamentablemente que no, y digo lamentablemente, porque sobre todo en regiones es donde más se ha observado este ánimo de no perseverar, de no investigar y donde como consecuencia de esto, se han cerrado las causas», explicó.

Ante este escenario, el dirigente social indicó que desde la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social consideran necesario impulsar una serie de medidas políticas e institucionales, que permitan avanzar en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

«En primer lugar, considero que se debe crear una unidad especializada en Derechos Humanos y que se refuerce la existente, para poder avanzar con las causas; también es necesario poder dotar a los funcionarios de un enfoque en derechos humanos. Otra tarea por parte del Gobierno, es tener la voluntad de poder avanzar sobre todo en un Ley de Reparación Integral para víctimas del estallido social», planteó.

Astudillo recordó que esta iniciativa, que establece un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, abarcando desde el 7 de octubre de 2019 al 11 de marzo de 2022, fue presentada al Gobierno en diciembre de 2024 por la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna y la senadora Fabiola Campillai.

No obstante, tras haber transcurrido cinco meses, La Moneda aún no entrega una respuesta clara, pese a que el presidente Gabriel Boric se comprometió darla en enero de este año.

Para el activista por los derechos humanos, aunque el 90% de las causas por violencia institucional y policial se hayan cerrado, es muy importante que «el Estado reconozca el número de víctimas y que oficialmente se diga que en Chile se violaron los derechos humanos durante el estallido social.

«Por eso nosotros exigimos que se cree una Comisión de Verdad y Justicia, para poder esclarecer los hechos, para obtener la verdad y también para que contribuya a los procesos judiciales en curso y también los que han sido injustamente cerrados», subrayó el administrador público y cientista político.

La ultraderecha avala el negacionismo

En conversación con El Ciudadano, el dirigente social reaccionó a los dichos de Claudio Crespo en los que responsabilizó a la Fiscalía por la difusión de registros donde se evidencian abusos a detenidos, y defendió su conducta durante las manifestaciones de estallido.

Al respecto, acusó al exteniente de Carabineros de desacreditar las condenas judiciales dictadas por violaciones a los derechos humanos.

«Lamentablemente hoy día hay sujetos como Claudio Crespo que está formalizado por cegar a Gustavo Gatica y otros casos, que están cuestionando estas sentencias y personajes como este, que están formalizados, están siendo apoyados por candidatos presidenciales de ultraderecha como Johannes Kaiser, como José Antonio Kast. que al final avalan este tipo de dicho negacionistas», planteó.

«Por eso también existe la gran tarea por parte de las organizaciones y también de la clase política en pronunciarse y defender las sentencias condenatorias de los tribunales de justicia para hacer frente a estado negacionista que hoy día estamos enfrentando en Chile», enfatizó.

Ante el cierre de causas y la falta de justicia, Carlos Astudillo extendió un llamado a las víctimas y sobrevivientes del estallido social a permanecer unidos y organizados.

«Con el cierre de las causas no termina la lucha. Tenemos que continuar luchando por justicia y el mayor ejemplo es el que nos dan las organizaciones de víctimas de la dictadura, que han luchado por más de cincuenta años y siguen luchando. No hay que bajar los brazos, tenemos que estar unidos y tenemos que organizarnos para seguir exigiendo justicia», afirmó.