Estudiantes demandan revisar el accionar de carabineros

Hemos sido testigos hace varias semanas que los estudiantes organizados pueden asegurar que sus convocatorias se lleven a cabo sin incidentes; no obstante la continua provocación de la fuerza policial y la esperable reacción  de grupos minoritarios termina por ensombrecer las actividades


Autor: Mauricio Becerra

Hemos sido testigos hace varias semanas que los estudiantes organizados pueden asegurar que sus convocatorias se lleven a cabo sin incidentes; no obstante la continua provocación de la fuerza policial y la esperable reacción  de grupos minoritarios termina por ensombrecer las actividades. Sorprende que los periodistas esperen y persigan estos acontecimientos incluso 20 minutos después de disuelta la marcha para luego dedicarles los mayores titulares; quedando en la opinión pública la común imagen de que el movimiento estudiantil es vandálico y violento.

Carabineros de Chile sigue pasando por encima de los estudiantes con su desproporcionada fuerza, buscando pretextos en las acciones aisladas o generando conflictos con despliegues de fuerza que contradicen los recorridos previstos y producen roces innecesarios. Provocaciones que terminan en actos de violencia con decenas de estudiantes detenidos, maltratados y heridos. Ha sido parte de su táctica el propiciar situaciones de desorden, con estudiantes corriendo de los carros lanza agua y aturdidos por los gases lacrimógenos, para luego ser acorralados y llevados prácticamente al azar en los carros policiales; quedando formalizados por las acciones que realizaron otros a los que Carabineros pocas veces detiene pese a tener toda la capacidad para hacerlo. ¿No es posible, acaso, hacer democracia en las calles, en los centros cívicos y públicos, permitir la organización de la ciudadanía sin provocar, sin coartar la libertad de expresión y reunión que tenemos?

Estos sucesos responden a una lógica represiva que poco ha cambiado desde la época autoritaria y que sigue ejecutándose  con impunidad. Un accionar del que dan cuenta hechos como la muerte de Daniel Menco (hecho que cumple este Jueves 10 años de haber ocurrido) en una protesta universitaria en Arica el 21 de mayo de 1999; frente a lo que el Mayor Norman Vargas fue condenado por la justicia militar el 2003 a 3 años de presidio remitido, bajo el cargo de «acción temeraria con resultado de muerte», pero hasta el 2006, aun no se ejecutaba la condena; también está la muerte de Alex Lemun en el contexto de un conflicto mapuche producto del impacto en la cabeza de un balín de carabineros en noviembre del 2002. En mayo del 2003 Julio Lira (Pdte FECh) es detenido por la espalda mientras da una entrevista a Canal 13 en Macul con Grecia.  En abril del 2005 un universitario es herido en Arica por el oficial Antonio Vauhnick con el uso de un Winchester. Actos que han tenido como elemento común la represión desmedida de la fuerza policial y la poca severidad del castigo hacia los perpetradores.

En un estado de derecho no es admisible el atropello de derechos civiles con consecuencias tan leves, mucho menos permitir que ocurran con tanta regularidad y naturalidad, con un silencio inexplicable por parte del gobierno, frente a autoridades parlamentarias y civiles que esquivan el tema y con la complicidad absoluta de los medios de comunicación. Chile no puede considerar efectiva su democracia si continúa reprimiendo a los movimientos sociales, saboteando procesos legítimos en los que busca manifestarse un descontento social y que finalmente es mostrado hacia la ciudadanía como hechos vandálicos. ¿Acaso queremos ocultar como país el descontento social y la expresión que la ciudadanía busca? ¿Acaso hay miedo de escuchar y darle espacio a otros? En esto radica el problema de fondo que necesitamos abordar.

Se necesitan acciones concretas, que apunten a proteger a la ciudadanía que ejerce su derecho legítimo a manifestarse, que permita llevar adelante procesos judiciales frente a los hechos de violencia hacia los manifestantes y tomar medidas efectivas contra los perpetradores. El gobierno tiene que hacerse cargo del accionar de carabineros con una política clara que no de pie a las ambigüedades ni permita evadir las responsabilidades. El congreso debe legislar respecto a los límites de la fuerza de carabineros y el carácter meramente protector que debe conservar para la sociedad. La violencia no es admisible dentro de las instituciones que están por servir a la sociedad y el mundo social no debe eludir la responsabilidad crítica que le compete frente a estos hechos. Nosotros como Federación no lo haremos.

Estudiantes de Chile


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