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Ex conscriptos del 73: Obediencia debida y confesión militar

“Si no torturaba me iban a matar”, dijo el ex soldado chileno Jorge Acevedo, quien, como muchos otros compañeros, asegura que durante la dictadura de Pinochet fue obligado a cometer crímenes de lesa humanidad. Estos ex reclutas que podrían revelar el destino de los desaparecidos exigen “comprensión” y una “pensión digna”.

En una sociedad como la chilena, con numerosas cuentas pendientes de su pasado reciente, un panorama tan extraño como inesperado obliga a debatir un tema que muchos preferirían barrer bajo la alfombra. Miles de ex reclutas de la época de la dictadura reclaman pensiones dignas y que no se los tilde de “asesinos” o “torturadores”.

La agrupación que los nuclea asegura que muchos están dispuestos a revelar el destino de los desaparecidos pero exigen las garantías de que no se los procesará y que la opinión pública comprenda que ellos sólo eran niños que cumplían órdenes atroces. ¿Hasta qué punto pueden ampararse en la “obediencia debida” quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la atroz dictadura de Augusto Pinochet?

“Me hicieron torturar, yo soy un torturador”, reconoció el ex soldado Jorge Acevedo, que como muchos reclutas jóvenes de 18 años se vieron involucrados en el cruento golpe de estado que el general Augusto Pinochet lideró en 1973 y que le costó la vida al presidente democráticamente electo Salvador Allende.

La admisión de culpas de Acevedo fue producto de la exhortación que hizo a centenares de ex soldados Fernando Mellado, presidente de la Agrupación de Ex Conscriptos de 1973 de Santiago (que agrupa a unos 80.000 ex reclutas), para que entreguen información sobre los crímenes de la dictadura y el paradero de los más de 1.200 detenidos-desaparecidos que hubo (según cifras oficiales) en el país durante la dictadura militar (1973-1990).

“Me hicieron torturar, yo soy un torturador porque me amenazaron que si no torturaba, me iban a matar”, declaró Acevedo a la prensa. “Me mandaban los superiores con gente muerta al hombro hasta cierta parte del campo de prisioneros de Cerro Chena (a la salida sur de Santiago). Por la mañana veíamos con anteojos de larga vista que los recogían, metidos en sacos paperos, y los tiraban a los camiones que se los llevaban”, agregó.

Hombres con historias de crueldad parecidas a las de Acevedo se reunieron a un par de cuadras de la sede de gobierno y del edificio de las fuerzas armadas. Ellos manifestaron la esperanza de que se les devuelva lo que aseguran que les quitaron: la parte de sus ínfimos sueldos que debía contribuir a sus pensiones de vejez, pero que desapareció.

Mellado les informó de las hasta ahora inútiles gestiones para que les devuelvan ese dinero y para que les brinden atención de salud, especialmente mental, a centenares de ex reclutas que sufren problemas psiquiátricos por las vivencias que enfrentaron cuando, según ellos, los obligaron a participar en la sublevación militar.

La mayoría tenía 18 años, eran menores de edad, y se le entregó un fusil de guerra y fueron enviados a cuidar, torturar o asesinar prisioneros. Hoy aseguran que la gente que los trata de asesinos y torturadores no entienden que “fuimos utilizados y obligados a ser testigos” de hechos atroces.

Ahora este grupo con Mellado a la cabeza, asegura que puede demostrar que no son ni fueron asesinos y por eso el líder del grupo exhortó a todos a entregar, por ahora en forma anónima, la información que pueden poseer sobre los crímenes de la dictadura, en especial la localización de fosas clandestinas con desaparecidos.

Acevedo reconoció que varias personas murieron mientras él les aplicaba corriente. Asegura que no sabe dónde están los muertos, pero especula que quizás usaron unas minas que había en el mismo recinto del campo de prisioneros.

Al igual que la mayoría de sus compañeros, asegura que si hasta ahora no habló es por el temor de que  los puedan detener y procesar.

MEMORIA DEL HORROR

Una de las excepciones es el ex recluta Jaime Jurado, que dijo a la agencia AP que entregó informes a activistas de derechos humanos.

Jurado participó en la “caravana de la muerte”, una comitiva militar que por orden de Pinochet recorrió el país en helicópteros agilizando “consejos de guerra” en los que se asesinó e hizo desaparecer a casi un centenar de opositores.

“Yo anduve en el (helicóptero) Puma 253, fuimos a Futrono (en el sur) y el primer día fuimos a recorrer el pueblo porque nos habían dicho que había unos ex GAP (Grupo de Amigos Personales del derrocado presidente Salvador Allende)”, contó Jurado.

Agregó que “ellos se entregaron, los llevamos al campamento y un oficial, delante de nosotros, le pega un balazo en la cabeza. Al otro lo fusilaron en el patio”.

Jurado también estuvo en la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, a la salida norte de la ciudad. “Atrás en el polígono había cualquier cadáver, adentro de la Escuela”.

En los terrenos del ejército en Peldehue se han ubicado un par de decenas de cadáveres, algunos de personas que estuvieron con Allende el 11 de septiembre de 1973, minutos antes que se suicidara para no caer en las manos de los militares que habían atacado la casa de gobierno.

LA HISTORIA, OFICIAL

Según Mellado, entre “un 20, un 30% (de los ex reclutas nucleados en su organización) está dispuesto a hablar”.

En Chile la obediencia debida “teóricamente se aplica y existe” asegura el abogado de derechos humanos Hiram Villagra, que representa a víctimas que sobrevivieron a la dictadura que en 1973 derrocó al presidente Salvador Allende.

Cifras oficiales señalan que los opositores muertos son 3.186, incluidos 1.197 detenidos desaparecidos. Mellado dijo que muchos ex conscriptos saben donde hay restos.

A 36 años del golpe militar se han ubicado e identificado a menos de un 8% de los desaparecidos, precisó  Viviana Díaz, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hay poco más de un centenar de restos y fragmentos de hueso a la espera de identificación, pero se desconoce el paradero de la mayoría.

Según Díaz, “han venido personas y les decimos: no importa que usted no quiera darnos su identidad, pero cuéntenos bien, lugar, detalles”.

Villagra dijo que los jueces tienen la facultad para hacer declarar a los ex reclutas como “testigo reservado, en cuaderno secreto”, aunque advirtió que “muy sabiamente se niegan a aplicarla cuando aquel que recibió la orden no confiesa de quién la recibió ni qué hizo”.

Pero los ex soldados quieren mayores seguridades de que no serán procesados porque eran menores de edad que fueron obligados a obedecer órdenes, dijo Mellado.

Villagra está dispuesto a recibir información de estos malogrados reclutas y les envió un mensaje: “Claramente no hay ánimo de permitir que conscriptos carguen con la culpa de oficiales, que son los que toman las decisiones”.

Las familias de los desaparecidos quieren que estos ex reclutas digan todo lo que saben pero no todos confían en ellos y en sus verdaderas intenciones. Un nuevo debate debe abrirse en la sociedad chilena. Uno que analice la responsabilidad que le incumbe a los mandos medios y defina hasta qué punto pueden ampararse en la “obediencia debida” quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la atroz dictadura de Augusto Pinochet.

UN INFIERNO LLAMADO TEJAS VERDES

La mayoría de los desaparecidos de la dictadura chilena cayó en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía represiva de Pinochet, al mando del coronel Manuel Contreras, que hoy cumple condenas por más de 350 años por la desaparición de personas.

La DINA se incubó y desarrolló en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, cerca de la localidad costera de Llolleo, a unos 98 kilómetros al noreste de Santiago, muy cerca del puerto de San Antonio.

“En Tejas Verdes se desarrolló el verdadero huevo de la serpiente”, graficó Hiram Villagra, representante de una veintena de sobrevivientes y de familiares de tres desaparecidos, en un proceso llevado por el juez Alejandro Solís contra 10 ex oficiales de la DINA, quien pronto dictará sentencia.

El ex conscripto José Paredes, de 56 años, “trabajó” cinco meses en Tejas Verdes. Está enjuiciado como uno de los asesinos del folclorista Víctor Jara, en el Estadio Nacional de Santiago, cargo que él niega.

Hoy vive recluido en una pequeña aldea costera, solo con su esposa, cuidando casas de veraneo. Un equipo de la agencia AP lo localizó y entrevistó.

Paredes recordó que a los detenidos “…se los llevaban al regimiento y quedaban hechos mier… las placas (dentales), la dentadura, hechas mier…”, relató Paredes, con los ojos llenos de lágrimas.

La sala de torturas era conocida como “El canta gallo” o el “Centro médico”, porque algunos torturadores se ponían delantales blancos antes de empezar las sesiones, agregó.

“La misión de nosotros era estar afuera, escuchábamos los gritos”, afirmó.

No hay cifras oficiales de cuántos prisioneros pasaron por el campo de Tejas Verdes, cerrado a mediados de 1974, pero Villagra estima que fueron varios miles y que los desaparecidos son decenas.

Paredes reveló que los famosos vuelos de la muerte se practicaron desde el comienzo en Tejas Verdes.

“Fuimos actores y también testigos de muchas brutalidades que se cometieron y hoy estamos dispuestos a comentarlas y a decirlas por un tema de redención personal. Así que si hay alguna instancia donde nosotros podamos declarar, quizás hoy en forma anónima, en primera instancia, encantados lo vamos a hacer”, asegura Fernando Mellado, presidente de la Agrupación de Ex Conscriptos de 1973 de Santiago.

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