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Exigen desafuero de Rosauro Martínez (RN) por muerte de miristas en 1981

El abogado querellante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Eduardo Contreras Mella, presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la solicitud de desafuero contra el diputado Rosauro Martínez Labbé, con el objetivo de que responda por las acusaciones que pesan en su contra que hablan de una eventual responsabilidad por la muerte de tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en septiembre de 1981.

Los hechos, según dan cuenta los antecedentes, se habrían producido en el sector de Remeco, Panguipulli, en circunstancias en que Martínez Labbé oficiaba como capitán del Ejército que encabezó una patrulla, a cargo de un operativo que terminó con la vida de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquín Henríquez y José Eugenio Monsalve Sandoval.

Según estimó el profesional, luego del oficio legal presentado podrían transcurrir aproximadamente dos meses para que se defina la suerte del diputado RN, considerando incluso el tiempo que podría tomar eventuales recursos de apelación a la que puede incurrir la defensa del diputado.

Contreras Mella resaltó la solidez del contenido del expediente que se presentará hoy tanto así que, según explicó, al no dejar elementos sueltos, “la justicia no decidirá otra cosa que el desafuero del parlamentario”.

“Estoy seguro que sobran elementos para el desafuero; técnicamente está clarísimo, es muy difícil que se pierda este proceso, pero vivimos en un país que nunca se sabe”, comentó Contreras en un encuentro con la prensa en Chillán.

Asimismo, indicó que lo especial del expediente es que no se presentan declaraciones de familiares, sino que se muestran lo que declaran los mismo compañeros de armas de Rosauro Martínez.

Sobre las opiniones vertidas por el diputado Martínez y el senador Alberto Espina que denuncian una persecución política por parte del Partido Comunista (PC) Contreras argumentó que esta investigación nació hace 10 años y surgió desde los mismos familiares de las personas asesinadas. “El PC no tiene participación en la querella criminal, porque ésta fue presentada por los abogados Boris Paredes y Magdalena Garcés en representación de las víctimas y yo de la AFEP”, detalló.

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