Fernando Lira Haquin, director de Liberar: «Los fiscales del Ministerio Público trabajan en la impunidad»

Encabeza Liberar, agrupación de derechos humanos que destaca hoy en la defensa judicial de numerosos presos políticos mapuches

Encabeza Liberar, agrupación de derechos humanos que destaca hoy en la defensa judicial de numerosos presos políticos mapuches. Fernando Lira Haquin, ex prisionero político chileno en Pisagua, sabe de torturas y persecución. Cuando se cumplen 23 días del ayuno de los presos mapuches, lo entrevistamos.

Fernando Lira Haquin es presidente de la Agrupación de Derechos Humanos, Liberar, organismo encargado de la defensa jurídica de numerosos militantes mapuches encarcelados en el sur de Chile. Alto dirigente del Partido Humanista, Lira es un destacado promotor de la lucha del pueblo mapuche en Chile. No podría ser menos. Sobreviviente de las torturas de la dictadura en el Campo de Concentración de Pisagua, conoce como pocos los costos de luchar contra la barbarie y la injusticia de quienes detentan el poder. A 23 días de iniciada una huelga de hambre por parte de presos políticos mapuches, Azkintuwe conversó con Lira Haquin.

Fernando, ¿cuál es la situación de los presos mapuches a 23 días de iniciada la huelga?

En la actualidad se encuentran en huelga de hambre 31 comuneros mapuche, de los cuales 5 se encuentran en la cárcel de Concepción, 10 en la de Angol, 2 en la de Lebu, 1 en la de Valdivia y 13 en la cárcel de Temuco. Estos comuneros se han ido plegando a la huelga en distinto momento y se espera que otros se sumen a futuro. Esta es una huelga líquida, lo que significa que se suspende el alimento sólido solamente, y que en general ha ido produciendo en los comuneros un decaimiento paulatino, con mareos, en algunos casos nauseas y vómitos y dificultad de concentración. A todo esto se va sumando un cuadro psicológico de inestabilidad emocional y motricidad lenta, según el diagnóstico de la doctora médico-psiquiatra Berna Castro quien los ha visitado recientemente.

Parte central de sus demandas es terminar con la aplicación de la Ley Antiterrorista ¿Es a su juicio esta normativa una herramienta de persecución a los mapuches en Chile?

En Chile la Ley Antiterrorista es una ley dictada en tiempos de dictadura, que sirvió a los propósitos de validar todo tipo de irregularidades a la hora de investigar y generar cargos en contra de aquellos sindicados como enemigos del régimen, dando exceso de autoridad y todo tipo de facilidades al Ministerio Público para acusar, utilizando la figura del testigo protegido, del secreto de investigación, de penas extremas y de prisiones preventivas abusivas. Actualmente se aplica esta ley a los mapuches, porque es la única forma de condenarles con penas de varios años, dentro de la política de contención de sus movilizaciones.

A la arbitraria aplicación de esta ley se suma que Chile es el único país del mundo donde existe doble justicia. Esto es que bajo esta ley, a un mapuche se le juzgará en tribunales civiles y militares simultáneamente y las penas a que fueran condenados serán sumadas. Por lo anterior, esta ley actúa definitivamente en contra del debido proceso, donde la fiscalía se transforma en un ente persecutor más interesado en criminalizar al imputado que buscar la justicia.

¿Qué opinión le merece que numerosas causas contra mapuches, tras años de encarcelamiento «preventivo», finalicen en sentencias absolutorias? ¿Qué nos retrata esto?

Esto retrata los bajos estándares de pruebas presentados por el Ministerio Público, que al ser expuestos ante un tribunal son insuficientes para probar los delitos perseguidos. En este sentido, debemos reconocer que muchas veces han sido los tribunales quienes han desestimado acusaciones sin fundamento con sentencias absolutorias. Si revisamos los resultados condenatorios que ha obtenido el Ministerio Público en causas mapuche en los últimos años, nos llevaríamos la sorpresa de que son más los casos en que los acusados han obtenido la absolución de cargos. Es más, existen casos como los de algunos comuneros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quienes han sido procesados más de diez veces, cumpliendo años de prisión preventiva, y nunca han sido condenados. Lo más notable de este ejemplo es que el fiscal acusador siempre ha sido el mismo.

Al respecto, ¿cómo calificaría los procedimientos y la rigurosidad profesional de la fiscalía? ¿Se ajusta a estándares de sistemas persecutorios de países democráticos?

En nuestra legislación no están claros los mecanismos de regulación y de fiscalización del actuar del Ministerio Público. De alguna manera, se podría decir que trabajan en la impunidad, debido a que se hace muy difícil probar irregularidades, dado que sería la misma fiscalía quien debería investigar sus propios actos. Sin embargo, quienes observamos de cerca los procedimientos y la rigurosidad profesional de la fiscalía, vemos con preocupación que los defensores a menudo se encuentran con dificultades para acceder a los expedientes, a recibir peritajes solicitados a los meses de ser solicitados, y nuestros defendidos alegan amenazas y declaraciones obtenidas bajo presión y sin la presencia de un abogado defensor.

¿Son a su juicio los tribunales los llamados a resolver la conflictividad entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche?

De ninguna manera, dado que no es su labor. Es el estado el llamado, primeramente, a reconocer que existe un conflicto y que no se trata solamente de una veintena de comunidades revoltosas, así como generar las instancias donde las partes busquen acuerdos. Pero ni en los gobiernos anteriores ni en el actual, hemos encontrado la voluntad política necesaria para recorrer el camino del diálogo y del reconocimiento de un conflicto centenario y sangriento, de una deuda histórica que ha heredado nuestra sociedad.

¿Qué opinión le merecen a usted las huelgas de hambre como medida de presión?

La huelga de hambre es una medida extrema. Cuando alguien pierde las esperanzas y se le cierran todas las puertas busca salidas desesperadas. Particularmente, estoy a favor de la vida y en contra de la muerte, de modo que no me gustan las huelgas de hambre. Sin embargo, respeto a quien por ideales supremos, elige esta vía, sobre todo cuando su causa trasciende lo personal. En el caso de los presos políticos en huelga de hambre mapuche, es claro que sus peticiones no se refieren solo a la situación personal de cada uno, sino que sus exigencias van en la dirección de reivindicar las demandas de su pueblo, hoy sometido y demandado por el estado chileno.

Como institución han interpuesto recientemente un recurso de protección contra Canal 13 por la emisión de su programa de reportajes Contacto. ¿Cuál es vuestro fundamento para esta acción judicial?

Decimos que el reportaje del programa Contacto es parcial, sesgado y deviene en un juicio público, porque ocupa más del 80% de su duración en recoger opiniones de la parte acusadora, omitiendo entrevistar a su contraparte, a saber, los protegidos, sus familias y sus defensores. Que en todo momento deja claro que se trata de un reportaje concertado con el ente acusador, dado que le acompaña en su gestión investigativa desde hace más de un año, teniendo acceso a documentos y pruebas confidenciales y a facilidades que ni siquiera la defensa ha tenido. Que descontextualiza los hechos, motivo del reportaje, editándolos parcialmente sin entregar al televidente los elementos suficientes para que pueda informarse libremente, sino por el contrario el reportaje claramente busca influir en su opinión final.

¿A su juicio el reportaje interfiere en la administración de justicia?

Lo decimos, interfiere en la administración de justicia al pronunciarse sobre hechos que son motivo de trámites investigativos, de pruebas testimoniales y de contexto, peritajes, entrevistas a testigos, etc., materias todas de procesos judiciales en pleno desarrollo, que sin la menor duda, influirán a la hora de presentar pruebas en un juicio preparatorio, a modificar estrategias de defensa, a solicitud de nuevas pericias e incluso a modificar plazos de audiencias. Que este reportaje no solo influye en la colectividad de manera subjetiva sino también lo hace en el ámbito judicial, que deberá abstraerse de toda la información que el reportaje le proporcionó, y que solo debe ser conocida por el sentenciador durante un juicio, para garantizar a los imputados el derecho al debido proceso así como la presunción de inocencia a la hora de administrar justicia. Finalmente, se viola el derecho a la propiedad de la imagen y el respeto y protección de la vida privada y pública así como la honra de las personas y sus familias.

¿Considera que los grandes medios de comunicación actúan en el caso mapuche más bien como herramientas propagandísticas?

Pienso que los medios de comunicación en manos de los intereses económicos de este país, actúan concertadamente con el estado, y en este caso, con el Ministerio Público. Han perdido absolutamente la objetividad a la hora de informar y se hacen parte del esfuerzo del estado por contener las movilizaciones mapuche. Los espacios concedidos a la parte acusadora para criminalizar al mapuche frente a la opinión pública catalogándolo de terrorista, nunca han sido compensados con reportajes o entrevistas de la contraparte. De hecho se muestran funcionales a los intereses de quienes detentan el poder.

Siguiendo con los medios, ¿qué opinión le merece la vinculación que se hace -sin mayor fundamento jurídico- entre mapuches y grupos como las Farc o la ETA vasca?

En un reportaje aparecido en el diario La Segunda del día 30 de junio, el Fiscal Jefe de la IX Región Francisco Ljubetic, asegura que comuneros mapuche han ido a prepararse militarmente en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y asegura además, que las mencionadas Farc operan en Chile a través de ex subversivos, y otros operadores relacionados directamente con partidos políticos.

Ya en el programa de Contacto titulado “Guerrilla en Arauco”, transmitido el pasado 22 de junio y retransmitido al día siguiente por el Canal 13 de televisión por señal abierta, el Fiscal Regional, había anticipado información al respecto, aunque no aportó una sola prueba, que vinculara viajes de mapuche a ese país con el fin de volver con un post grado en estrategias paramilitares. Lo que sí ofreció fueron múltiples presunciones, y amenazó con contar a futuro con testimonios y reconocimientos que está recogiendo la policía y la Fiscalía colombiana, de ex miembros desmovilizados de las Farc, que confirmarían sus dichos. Estos ex miembros de las Farc, equivalen en nuestro país a los testigos protegidos que utiliza la Fiscalía Regional para configurar cargos en contra de mapuche. En caso de ser así, nos encontraríamos con que testigos protegidos colombianos podrían inculpar a comuneros mapuche, mediante el oportuno “acuerdo” entre las fiscalías de ambos países.

¿Vislumbra a futuro algún cambio en el actual escenario de persecución que afecta a dirigentes y comuneros mapuches?

Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno actual van en la dirección de reforzar el centralismo, concentrando el poder de decisión entre cuatro paredes, para maniatar y contener el clima de rebeldía creciente que desde años se respira en la Araucanía, ante el fracaso sistemático de un diálogo que incluya a todas las partes involucradas. Denota el continuismo de los gobiernos de la Concertación en esta materia y el reconocimiento de la vigencia del conflicto mapuche, que destaca por su convicción y tenacidad frente al resto de los actores sociales del país, convirtiéndose en una fuerza movilizada desmarcada del actual sistema “democrático”.

Pero hay una noticia peor aún, porque entre las medidas que el Gobierno presentará a tramitación en el Parlamento están las de endurecer la Ley Antiterrorista, dotándola de penas aún más duras, ampliando las facultades del Ministerio Público. No podemos olvidar que el actual Presidente Piñera durante su campaña prometió una nueva “Pacificación” para el pueblo mapuche.

Por Pedro Cayuqueo

Temuko, Wallmapu

Fuente: www.azkintuwe.org

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