Fiscalía decidió no perseverar en querella presentada por ISP que involucró a Directora de Fundación Daya

El pasado 14 de enero el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dio por cerrada la investigación iniciada por una querella contra el delito a la salud pública presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP) contra quienes resulten responsables. Esto, basado en una denuncia de Sebastián Contreras, paciente oncológico y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien el cannabis le habría generado efectos no deseados. En su testimonio de lo ocurrido hace casi dos años, Contreras aludió a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.

Tras la audiencia en donde el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento, Gazmuri leyó una declaración pública en la que, entre otras cosas, señaló que lo ocurrido se enmarca en una «campaña de desinformación y desprestigio» desde el gobierno de Sebastián Piñera en contra de «la labor de los médicos y directivos de Fundación Daya en particular, y contra el acceso democrático al cannabis en general».

Una campaña que, según dijo, incluyó publicaciones en el diario El Mercurio «claramente orquestadas tras el objetivo de dañar la reputación y credibilidad de Fundación Daya» y que «culmina su escalamiento con declaraciones del Ministro Jaime Mañalich que instruye a la Directora del ISP a presentar una querella a quien resulte responsable por el caso de un paciente oncológico, estudiante de Medicina y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados».

Gazmuri enfatizó en que si bien la acción legal no apuntó directamente a su persona, esta se basa igualmente en otra denuncia de Contreras «por haberle donado, mediante otra persona que milita en RD, hace casi dos años, un aceite de cannabis que, según afirma, le habría hecho mal».

«No guardo ningún rencor hacia Sebastián y le deseo lo mejor, solo lamento que se hayan aprovechado de su situación de vulnerabilidad con fines que se alejan por completo de la ética y el apego a la verdad, guiados por ambiciones políticas», sostuvo al respecto la Directora de Daya.

Por otra parte, Ana María Gazmuri advirtió que «casi simultáneamente, la entonces directora del ISP, María Soledad Velásquez, bloqueó la producción de una nueva partida de Cannabiol, primer fármaco chileno en base a cannabis, dejando a miles de pacientes sin su tratamiento». En ese sentido, explicó que si bien existe un fármaco de cannabis importado, Sativex, disponible en farmacias chilenas, de similar composición al nacional, este «cuesta 13 veces más caro que el producto nacional hoy suspendido». «Resulta evidente que la inmensa mayoría de los chilenos no pueden pagar 600.000 pesos mensuales por un tratamiento, es decir, dos sueldos mínimos», agregó.

Para concluir, la Directora Ejecutiva de Daya sostuvo que «vemos que en Chile se criminaliza a usuarios medicinales de Cannabis que ejercen su derecho al autocultivo, se persigue a quienes defendemos el derecho al acceso democrático y se bloquea el producto nacional de bajo costo que con tanto esfuerzo se ha desarrollado».

«Se ha querido dañar a Fundación Daya, pero Fundación Daya es una organización querida y respetada por la comunidad, comprometida en ser un foco de luz y compasión, de encuentro y humanidad, que no duda un segundo en alzar la voz por los perseguidos y criminalizados, por los abandonados por un sistema de salud cruel que discrimina, desecha y olvida», finalizó Gazmuri.