Gobierno de Colombia y su negativa al diálogo tras el aumento de violencia en Arauca

El Gobierno colombiano reiteró esta semana que no dialogará con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con influencia en el departamento de Arauca, que padece este año un recrudecimiento de la violencia, en parte, por ese grupo armado.

En lo que va de 2022, ese departamento del noreste colombiano, fronterizo con Venezuela, ha vivido el asesinato de por lo menos 33 personas según las autoridades, que atribuyen el hecho a enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (guerrilla que firmó la paz con el Gobierno en 2016).

La semana pasada, un carro bomba explotó, y dejó un ciudadano muerto en el municipio de Saravena, y los secuestros continúan.

Esto, pese a que, tras los primeros hechos violentos del año, el presidente Iván Duque envió dos batallones del Ejército a custodiar el departamento, tanques de guerra, y barcos de patrullaje para los ríos.

A los atentados se suma, además, el desplazamiento forzado interno de casi 1.500 personas, según la estatal Defensoría del Pueblo (ombudsman), en el país que lidera este conteo a nivel mundial.

La gravedad de los hechos ha reavivado las voces que piden dialogar con el ELN, luego de que las negociaciones preliminares quedaran suspendidas en 2019, a pocos meses de iniciar el mandato de Duque, tras el atentado atribuido a ese grupo contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 23 muertos.

La semana pasada, instituciones de la justicia transicional creada por el acuerdo de paz con las FARC hicieron un llamado a conversar con los grupos armados involucrados en Arauca.

En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hicieron un «llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar y/o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca»

Algo que el Gobierno rechazó en múltiples ocasiones.

«El ELN no puede seguir hablando de paz y cometiendo toda suerte de actividades de narcoterrorismo», reiteró Duque en una entrevista publicada este lunes en el diario local El Tiempo.

La salida es la «desmovilización. El Estado no descansará un solo día en luchar contra el terrorismo», agregó.
Este fin de semana, la comunidad araucana en Bogotá hizo un plantón en la céntrica Plaza de Bolívar para llamar la atención en la capital sobre la situación de esa zona de la periferia colombiana.

Guerra de guerrillas

El departamento parece revivir la zozobra que ya vivió hace más de una década, cuando las antiguas FARC y el ELN también combatían entre sí, como lo recordó el comunicado del sistema de justicia transicional.

«Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, y perder hijos, familia y amigos», afirmó el documento.

El Gobierno reclama que es el que más invirtió en la región, en recursos destinados a la construcción de vías y ayudas sociales.

Al mismo tiempo, la presencia militar no impide que circulen en redes sociales las fotos de miembros del ELN (con sus respectivas insignias de color negro y rojo) «patrullando» las calles del departamento, como ocurrió en el municipio de Arauquita (Arauca), el mismo día en que el presidente visitaba la capital del departamento (16 de enero).

La influencia guerrillera es tal que el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, es investigado por nexos con el grupo armado, por lo que se encuentra encarcelado y a la espera de un juicio.

Su predecesor, Ricardo Alvarado (2016-2019), fue detenido por el mismo motivo.

«Seguiremos enfrentando con contundencia la amenaza y develando sus vínculos con políticos, empresas y contratistas que se han prestado para el lavado de activos», insistió Duque.

Entre tanto, los grupos ilegales parecen moverse por la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela, con el narcotráfico como trasfondo, y sin que haya una solución aparente.

Fuente Sputnik

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