Grave situación jurídica de indefensión en tribunal de Río Bueno en contra de los defensores en el Caso Pilmaiken

Juez  de Garantía  de Río Bueno pretende iniciar un juicio sin que la defensa tenga acceso material a TODA la carpeta investigativa como lo ordena y garantiza el Art N° 260 del CPP,  que señala expresamente “Al acusado se le entregará la copia de la acusación, en la que se dejará constancia, además, del hecho de encontrarse a su disposición, en el tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación.”, negando de esa forma un defensa adecuada a los imputados del caso Pilmaikén, encabezados por la machi Millaray Huichalaf, el machi Tito Caniulef más otros 4 hermanos huilliche que defienden el Gnen Mapu Kintuante, lugar sagrado del pueblo huilliche.

Esta forma de hacer justicia no es nueva para los abogado defensores, quienes han llevado y llevan innumerables causas en la Araucanía, sin embargo lo nuevo es que se extiende hacia territorio hulliche las mismas prácticas obscuras con las que se han condenando a una enorme cantidad de hermanos que luchan por el respeto a nuestros derechos. Se dio en el caso de los Lonkos Pichún y Norín y más tarde Víctor Ancalaf, lo que fue solo el inicio de una persecución judicial y política a todo mapuche que osaba defender sus derechos en los inicio de la década del 2000 bajo seudos gobiernos de izquierda.

Más tarde, inaugurando la década del 2010 y bajo un gobierno de derecha se condena a los miembros de la CAM encabezados por su líder Héctor Llaitul para quien el fiscal pedía una pena aberrante de 103 años de cárcel, lo que finalmente quedó de todas maneras en más de 15 años, decretado por la Corte Suprema y que actualmente está cumpliendo en la cárcel El Manzano de Concepción.

El caso Pilmaikén inaugura en territorio huilliche esta obscura forma de hacer justicia a nuestro pueblo, utilizando para ello a fiscales cuyo actuar rayan en la delincuencia para obtener pruebas que inculpen a nuestros hermanos/as. Pero lo más grave en este caso, es la actuación del juez de garantía del juzgado de Río Bueno, Daniel Alfredo Chaucon Ojeda, quien se ha hecho cómplice con el ministerio público para condenar un grupo de hermanos/as que en este caso incluyen a dos machis y otros 4 personas más, todas luchadores sociales huilliche que hoy son acusados de un incendio, para lo cual el ministerio público no logró acompañar pruebas objetivas durante el tiempo que duró la investigación, pese a que ésta sobrepasó largamente el plazo resuelto inicialmente por el mismo juez Chaucón Ojeda.

El lunes 12 recién pasado debía iniciarse la audiencia de preparación de juicio oral, pero fue allí cuando los abogados defensores se dieron cuenta que el fiscal en una maniobra artera con el objeto de dejarlos sin posibilidad de preparar un defensa eficaz, presentó una cantidad de pruebas que JAMÁS estuvieron a disposición de la defensa como lo establece el Art. N° 260 del CPP. Esto es un claro atentado al derecho a las garantías de un debido proceso; pero lo grave acá es que finalmente el propio juez se hizo cómplice de estos hechos y hoy sin que la defensa haya tenido finalmente acceso material a esas pruebas, pretendió iniciar la audiencia de preparación de juicio oral, negando de esa forma a los acusados el derecho a una defensa real y de calidad.

Este hecho deja de manifiesto que acá el objetivo final es condenar a nuestros hermanos a cómo de lugar, para quienes el Ministerio Público está pidiendo penas que van desde 5 a 18 años, y ante la alternativa de no tener pruebas, se inventan y simplemente se presentan a última hora contando para ello con el aval de un juez que siendo de garantía, no está dando las garantías mínimas de un debido proceso, en el cual apegándose a las normas de juicio oral y a los principios básicos de Derechos Humanos deben dar como resultado la absolución de todos los imputados del caso Pilmaikén.

Hacemos un urgente llamado a los organismos de Derechos Humanos, en especial al Instituto Nacional de Derecho Humanos a estar atentos a lo que está ocurriendo hoy en Río Bueno, no olvidando que hacen solo 4 días atrás el máximo tribunal de este país confirmó otra condena aberrante contra otra autoridad ancestral, nos referimos al machi Celestino Córdova. Llamamos de la misma forma al Juez de Garantía de Rrío Bueno a ajustarse a lo que establece el CPP, y además aplicar los preceptos del Convenio 169 de la OIT, que son hoy parte de la Constitución Política de Chile y que él como juez del Estado no puede soslayar y debe someterse a sus preceptos.

Francisco Vera Millaquén
Werkén Comunidad Mapuche Huilliche «PEPIUKELEN»