Ingresan a Punta Peuco a excarabineros condenados por crimen de José Randolph en dictadura

Fueron notificados los exmiembros de Carabineros, Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, condenados por el homicidio del estudiante de la Universidad de Concepción, José Randolph Segovia, ocurrido en 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A las tres de la mañana del lunes llegó desde Santiago un dispositivo de Gendarmería para trasladar a ambos condenados hasta el Penal Punta Peuco, donde deberán cumplir los 5 años y 1 día de cárcel que la Corte Suprema confirmó hace unas semanas, reseñó Bío Bío Chile.

En la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, comunicó personalmente la resolución judicial a Vera Cortesi y Barría Sánchez, quienes se presentaron voluntariamente, acompañados de familiares y abogados.

Los exuniformados fueron desde un inicio del caso sindicados como responsables del crimen de José Randolph, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción.

El joven había sido detenido por una supuesta infracción de tránsito. Su cuerpo fue encontrado más tarde en los roqueríos de Rocoto en el puerto de Talcahuano, hoy comuna de Hualpén.

El crimen fue investigado hace más de 30 años por el juez con dedicación exclusiva, José Martínez, quien procesó a los dos policías.

La decisión posteriormente fue revocada y archivada hasta el 2012, cuando la Corte de Apelaciones reabrió la investigación y designó a su cargo al juez especial Carlos Aldana.

Al fallecer los padres de la víctima, sólo quedo su hermana Catina Randolph Segovia quien insistió para conocer la verdad de lo ocurrido ese domingo 26 de mayo de 1985, día en que un pescador halló el cuerpo en unos roqueríos de la playa Rocoto.

Un certero golpe en la espalda le destrozó el hígado al joven estudiante y de acuerdo al relato de la hermana, moribundo le hicieron escribir una misiva para simular un suicidio y lo depositaron en una piedra para que el oleaje del mar hiciera lo suyo.

Durante la reconstitución de escena, 25 años después, ella se acercó a Mauricio Vera Cortesi, uno de los dos ex subtenientes de Carabineros procesados como autores de asociación ilícita y homicidio, y le dijo: «En mi familia nunca hemos odiado a nadie; mi padre nos enseñó a no odiar, yo no te odio pero quiero saber qué pasó con mi hermano...». No hubo respuesta.

Carabineros hizo aparecer el crimen como «suicidio», alteró un parte policial y metió en su billetera una misiva dirigida a la familia para dar cuenta sobre su trágica determinación que firmó como Rigo, un apelativo que sólo usó hasta los 15 años.

Ese detalle fue el primer indicio para los Randolph de que algo no calzaba y de que, como siempre aseguró Catina, era una señal.

Ella quería reivindicar el nombre de su hermano. «Se hablaron tantas cosas, que lo mataron por un lío de faldas, que se había enredado con la esposa de un oficial y la verdad es que -lo que hubo- fue un exceso de violencia policial a raíz de una infracción de tránsito», recordó.

En su dictamen, la Corte Suprema mantuvo asimismo el pago de una indemnización de 240 millones de pesos (unos 303.797 dólares) que el Fisco deberá pagar a las hermanas de la víctima.

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