CIUDAD DE PUEBLA, 8 DE MAYO DE 2025. Esta semana, consejeros de distintos institutos electorales estatales se dieron cita en las instalaciones del Instituto Electoral de Puebla (IEE) el coloquio “Acciones afirmativas: camino a la igualdad sustantiva”, en el que compartieron experiencias sobre la implementación de estos conceptos en su labor al frente de las dependencias electorales.
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Según un comunicado del propio Instituto Electoral, “la Consejera Electoral Susana Rivas Vera destacó los avances que han tenido en el estado de Puebla las acciones afirmativas que se implementaron formalmente en el Proceso Electoral Local 2020-2021, teniendo como resultado la postulación de 950 candidaturas en 77 de los 217 municipios de Puebla, mientras que en el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024, se postularon 964 candidaturas por acciones afirmativas en 75 de los 217 municipios de los cuales 914 corresponden a personas indígenas, 24 a personas con discapacidad y 26 a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ de las que resultaron electas 268 personas en 57 municipios, 140 hombres, 127 mujeres y una que se identificó como no binaria”.
Es decir, una maravilla de proceso electoral.
Además, el comunicado destaca que “el evento contó también con la participación de la Consejera Presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, y la moderación del Consejero Electoral Jesús Arturo Baltazar Trujano”.
El caso del que no se habló en el coloquio
Sin embargo, hubo un caso (no relacionado a ese proceso electoral, pero vigente en la discusión pública en torno al IEE) que ni Susana Rivas Vera, ni Blanca Yassahara Cruz García mencionaron durante su intervención en el coloquio: el caso de la periodista Ruby Soriano, a quien el Instituto Electoral de Puebla puso contra las cuerdas sin el menor miramiento.
La acometida se dio en respuesta a un recurso interpuestio por la legisladora Graciela Palomares, cuyas sucesivas adscripciones partidistas fueron desglosadas en un artículo periodístico. Eso es violencia política ante el IEE de Puebla: desglosar los partidos políticos por los que ha transitado una persona.
De hecho, el Instituto Electoral ordenó el 10 de marzo a Ruby Soriano bajar de sus redes el artículo sobre la sucesión de estandartes políticos abrazados por Grace Palomares, señalando que la violencia política por motivos de género no estaba tanto en el artículo, sino en el uso que terceras personas pudieran hacer de él. No es la primera vez que un Instituto Electoral mexicano plantea este tipo de argumento en tiempos recientes.
Por fortuna, el pasado mes de abril el Tribunal Estatal Electoral de Puebla revisó el caso y, según se lee en las resoluciones contenidas en el expediente TEE-100/25, no coincidió con la interpretación del Instituto estatal, toda vez que en la nota en comento de Ruby Soriano “no se logra advertir la existencia de una vulneración a sus derechos político-electorales (de la legisladora Palomares) de ninguna forma “, además de que “no se logra identificar el uso de palabras que tengan como finalidad denostar o hacer menos a la diputada por el hecho de ser mujer.”
Con esto, el Tribunal le corrigió la plana al Instituto.
Que esta acometida en contra de la libertad de expresión se haya lanzado desde un instituto presidido por una funcionaria que ha realizado estudios de posgrado en Violencia Política contra las Mujeres” es un episodio que llama la atención. Y también llama la atención que ninguno de los otros representantes de Institutos Electorales se lo haya mencionado, porque el caso tuvo una amplia difusión nacional e internacional, revelando el estado de la libertad de expresión en Puebla.
El reciente coloquio sobre acciones afirmativas, revestido de una solemnidad que busca enaltecer los avances hacia la igualdad sustantiva, nos invita a una reflexión más profunda y acaso menos complaciente. Si bien las cifras presentadas por la Consejera Electoral del IEE de Puebla, Susana Rivas Vera, dibujan un panorama cuantitativamente alentador en cuanto a la postulación de candidaturas de grupos históricamente marginados, la ausencia deliberada de ciertos episodios empaña la brillantez de estos números.
La omisión en la mesa de debate, tanto del Instituro Electoral como casi de todos los medios poblanos, del caso de la periodista Ruby Soriano, silenciada por el mismo Instituto Electoral de Puebla a instancias de una legisladora, resuena como una nota discordante en esta sinfonía de logros proclamados. Que un instituto, cuyo propósito fundamental debería ser la garantía de los derechos políticos y la libertad de expresión, se convierta en un instrumento de presión contra la voz crítica de una periodista, arroja una sombra inquietante sobre la verdadera dimensión de su compromiso con la igualdad y la justicia.
¿Será momento de empezar a hablar de violencia política por motivos de indigencia de poder político, acreditando así que funcionarios públicos y ciudadanía se encuentran en esferas de poder completamente distintas?
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