La desmercantilización del cannabis que persigue Uruguay

Expectación mundial hay sobre el modelo de regulación del cannabis en curso. Si bien en varios países (España, Portugal, Holanda) se permite ya el porte de pequeñas cantidades de las flores de la planta y, en algunos casos, la venta, el modelo desarrollado bajo la presidencia de José Mujica en Uruguay es el primero que intenta regular el acceso a la planta son convertirla en mercancía. Se trata de que con el cannabis no se produzca lo mismo que con el tabaco y el alcohol.

Al mismo tiempo, el gobierno de Mujica resulta ser el primero que desafía la Convención Única de Estupefacientes (1961) que entregó el mercado de las drogas declaradas ilícitas al mercado negro. El gobierno del país latinoamericano calcula en 70 millones de dólares por año la facturación del mercado negro del cannabis en Uruguay.

En Uruguay, literalmente, están creciendo las plantas. Para fin de año se espera tener las primeras cosechas de marihuana que serán distribuidas a través de las farmacias dispensadoras. El objetivo fundamental de la Ley 19.172 promovida por el gobierno de Mujica fue la regulación del uso del cannabis y producir formas de producción y distribución por fuera de las reglas del mercado ¿Una quijotada más de Mujica?

El Ciudadano conversó con uno de los articuladores centrales del proyecto, el sociólogo Julio Calzada, ex-secretario General de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Mujica; y con el psicólogo Augusto Vitale, integrante del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay. El encuentro se produjo en el Seminario Internacional Maconha: Usos, Políticas e Interfaces com a Saúde e Direitos, realizado por el centro de investigaciones en salud Fiocruz, en conjunto con la Escuela de la Magistratura de Rio de Janeiro.

El encuentro marcó un importante hito en la discusión sobre el cannabis en Brasil. Por iniciativa de la instancia formadora de los jueces (EMRJ) y de Fiocruz, dedicada a estudios en salud y biomedicina, dependiente del Ministerio de Salud de Brasil, se convocó a un encuentro de debate centrado en los hallazgos científicos respecto del cannabis y de nuevos modelos de gestión que superen el prohibicionismo. Julio Calzada y Augusto Vitale eran los invitados centrales del evento.

Calzadas comenta que en Uruguay “se logró hacer una convergencia de posicionamientos conceptuales y políticos, bien mestizo. No prevaleció una lógica sobre otra. Se logró construir una idea central: la regulación”.

Augusto Vitale, Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay

Vitale comenta que se trata de la “construcción de una política pública que es una experiencia inédita”. Calzada añade que “la regulación no es la liberalización de las drogas para que quede en manos del mercado, sino que implica la participación activa del Estado”.

El sociólogo recalca que en Uruguay “tenemos el mismo argumento para el tabaco, para el alcohol y para la marihuana. El problema no son las drogas, es el capitalismo. El tabaco se consumió durante milenios y el problema fue su mercantilización. Cuando tienes un producto transformado en mercancía y, de ese modo, bajo la acción de la mercadotecnia, hay un impulso, una promoción del consumo porque al capitalismo no le interesa la salud, sino el dinero”.

Añade que “hay un conjunto de substancias que existen en la naturaleza que no está bueno que se mercantilicen. Desmercantilizar la marihuana implica encontrar las herramientas para que la conversión en mercancía no se produzca. Para eso encontramos como alternativas el autocultivo, la formación de clubes cannábicos que comparten su producción y una distribución a través del sistema de farmacias, cuyo precio es determinado por el Estado”.

LA POLÉMICA POR EL REGISTRO DE LOS CULTIVADORES

La ley uruguaya, promulgada en diciembre de 2013, permite tres vías para obtener cannabis: el autocultivo para uso personal de un máximo de 6 plantas (480 gramos), la formación de clubes cannábicos o la compra en farmacias a un precio estimado de U$ 1 el gramo. El máximo permitido por persona es de 40 gramos mensuales.

El proceso no ha estado exento de polémicas. La principal resistencia ha sido la exigencia de registrarse para quien desee cultivar. De los 14 mil cultivadores estimados en Uruguay, hasta el momento sólo se han inscrito 2.600.

Para abastecer de cannabis a las farmacias, se estableció que el Estado proporcione un predio a una empresa que por concurso se encargará de producir las variedades de cannabis. A la licitación se presentaron 22 empresas, de las cuales hay 11 aún esperando el resultado de la concesión. Consultamos a Vitale sobre los rumores que decían que sería Monsanto la beneficiada y recalcó que la empresa no va a ser la beneficiada.

Las farmacias tendrían 5 variedades diferentes de cannabis, todas producidas en el país, con concentraciones de THC a las que los uruguayos están acostumbrados, un 5 por ciento.

Además la institucionalidad uruguaya, además de la Secretaría Nacional de Drogas crea instancias como el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que dependerá del Ministerio de Salud Pública y que emitirá licencias y controlará la producción, la distribución y compraventa.
QUE APRENDER DEL PROCESO URUGUAYO

La primera vez que el ex presidente Mujica habló de regularizar el uso del cannabis, en 2012, apenas un 15% de la población apoyaba la idea. Al momento de promulgarse la ley, en diciembre de 2013, un 63% de los uruguayos estaban en contra. La cifra hoy se revirtió y una cifra levemente superior considera que se trató de una ley positiva.

Vitale comenta que ese cambio en la sensibilidad ciudadana “da cuenta de las implicancias en las relaciones leyes sociedad respecto de las posibilidades de crear mundos”. Agrega que a diferencia de 2012, cuando se inició la discusión en Uruguay, “hoy se puede debatir más abiertamente y racionalmente. Que se entienda que regular la marihuana no significa estar a favor del uso de la marihuana.”

El psicólogo destaca que el experimento que desarrollan para producir alternativas a la actual prohibición está cimentado en una tradición uruguaya de diferencia con respecto a las leyes de drogas promovidas por Estados Unidos. “En la década de 1970, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon inició la guerra a las drogas y promovió al resto de países la criminalización del uso de cannabis, Uruguay fue uno de los pocos países que en su legislación de drogas (1974) no penalizó a los usuarios”. comenta. También recalca que en 2008, cuando el paradigma de la guerra a las drogas seguía vigente, Uruguay pidió a Naciones Unidas incorporar los derechos humanos en las políticas de drogas.

Julio Calzada, ex-secretario General de la Junta Nacional de Drogas

Julio Calzadas, que estuvo a cargo del proceso de discusión anterior a la presentación del proyecto de ley cuenta que no se quisieron aprovechar de la mayoría circunstancial del partido de gobierno en el Parlamento y por ello convocaron a todos los sectores sociales a las discusiones, recorrieron el país en consultas ciudadanas e involucraron a instituciones científicas en los cambios. “Creo que lo más importante es el proceso político que se dio, que implicó actores diversos, de la academia, organizaciones de la sociedad civil, políticos, partidos de gobierno y oposición, del movimiento por la despenalización del cannabis hasta agrupaciones médicas más conservadoras”- comenta.

En 2016 se celebrará la UNGAS, evento en el que Naciones Unidas revisa las políticas de drogas. Los presidentes de Guatemala (Otto Pérez), México (Felipe Calderón) y de Colombia (Juan Manuel Santos) ya se han manifestado abiertos por una despenalización regional de la marihuana y pensar alternativas a la actual política prohibicionista. Llama la atención que todos esos gobiernos son de derecha.

Calzadas cree que “hay una convergencia de intereses. Para parar la guerra no se necesita estar del lado de la izquierda política. Hay sectores de centro y de derecha que quieren parar la guerra porque están en contra. Creo que ese es un punto de vista importante”. Reconoce que ya se ha trabajado con otros países como México, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia. También con países de Europa y de África se viene trabajando hace un año para presentar alternativas a las actuales políticas.

Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano

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