El ministro de Justicia Fernando Rabat esquivó las preguntas relacionadas con las rebajas de condena a tres ciudadanos venezolanos que participaron en una serie de hechos delictivos contra mujeres migrantes en La Serena, presentándose como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.
Según reveló Interferencia, Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, fueron condenados en agosto de 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena a cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y delitos relacionados con armas y municiones, no pudiendo comprobarse por parte del Ministerio Público su pertenencia al Tren de Aragua debido a que las víctimas de los sujetos -que operaban como extorsionadores- decidieran no testificar.
Aunque José Antonio Kast prometió aplicar «mano dura» contra el crimen organizado, tras su llegada a la Presidencia, Aramburu obtuvo una rebaja de nueve meses, mientras que Marott y Ollarves fueron beneficiados con reducciones de tres meses cada uno.
Los decretos de los dos primeros fueron firmados por el ministro Rabat, el 6 de julio y el 4 de septiembre, respectivamente, y el del tercero rubricado el 7 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, como ministro subrogante.
De acuerdo al citado medio, los tres fueron favorecidos «sin un rechazo inicial por parte de Rabat» y sin que la administración de Kast haya intentado una expulsión, pese a que al momento del decreto, «ya estaban reestablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela».
Tras los decretos, Marott y Ollarves recuperaron anticipadamente su libertad y abandonaran la cárcel el 9 y el 10 de septiembre.
Rabat esquiva preguntas en el Senado
Ante estas revelaciones, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, la senadora Daniella Cicardini (PS) emplazó al ministro de Justicia, recordándole que el Gobierno de Kast ha levantado como una de sus principales banderas el combate contra el crimen organizado.
El secretario de Estado optó por ni confirmar no descartar los antecedentes sobre los tres condenados que obtuvieron rebajas en sus penas y se limitó a señalar que “se trata de un procedimiento en que el análisis lo efectúa la comisión respectiva”,
Ante la insistencia de la parlamentaria, se refirió al artículo 17 de la Ley N° 19.856 que establece las causales de exclusión e indicó el Ejecutivo no puede atribuirse facultades adicionales para rechazar solicitudes, consignó El Mostrador.
Durante su comparecencia a la Comisión del Senado, Rabat volvió a argumentar que estos beneficios no se originaron en el Gobierno de Kast.
Según el secretario de Estado, durante la administración del expresidente Gabriel Boric se emitieron más de 275 resoluciones que otorgaron beneficios similares, y señaló que entre ambos gobiernos existirían aproximadamente 375 casos.
No obstante, el exministro de Justicia Jaime Gajardo ya había puesto en duda esa comparación. “Esos decretos no son iguales”, advirtió, explicando que durante su gestión se rechazaban las solicitudes y las rebajas se concedían cuando correspondía cumplir sentencias judiciales. En contraste, cuestionó que el Gobierno de Kast aplicara directamente su interpretación de la jurisprudencia para otorgar los beneficios.
Ministerio de Justica en un prinicipio rechazó solicitudes
Pero hay otro antecedente que pone bajo escrutinio la defensa oficial: el propio Ministerio de Justicia comenzó rechazando solicitudes durante la actual administración.
Según reveló Interferencia, entre marzo y mayo de este año, la cartera rechazó al menos cinco solicitudes de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores, incluidos casos anteriores a la reforma legal de 2022 y fue el propio Rabat el encargado de rechazar dos de dichas peticiones.
Según los documentos examinados por el medio, desde junio, la cartera de Justicia comenzó a aplicar un criterio distinto, invocando jurisprudencia de tribunales superiores para conceder los beneficios.
El cambio tuvo antecedentes judiciales: durante los meses anteriores, tribunales habían acogido recursos contra determinadas exclusiones, lo que, según explicó Rabat, llevó a su cartera a modificar la interpretación aplicada a nuevas solicitudes.
Ante los senadores, el ministro defendió las cuestionadas resoluciones y planteó que 36 de los 54 decretos registraban recursos de amparo previos.
Una investigación de Mega Investiga revisó 27 fallos judiciales y documentó que, en al menos 17 casos, existían resoluciones favorables que ordenaban reconsiderar exclusiones, reevaluar antecedentes o conservar meses de rebaja previamente reconocidos.
Sin embargo, estas evaluaciones no estaban directamente vinculadas al otorgamiento del beneficio de rebaja de penas, ya que el alcance de cada sentencia depende de lo resuelto en el expediente.
En medio del debate, el titular de Justicia cuestionó las críticas y afirmó que “no puede hacerse puntos políticos con situaciones como estas”.
Rabat, quien enfrenta críticas transversales, solicitudes de renuncia, una denuncia penal presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) y la posibilidad de una acusación constitucional por parte de la oposición, aseguró que cuenta con el respaldo «no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y de los senadores».
Foto destacada: Mediabanco.
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