Aunque José Antonio Kast ha prometido desde la campaña electoral aplicar «mano dura contra el crimen organizado», durante los siete primeros meses de su gestión como presidente de Chile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, firmaron una serie de rebajas de penas a condenados, entre los que figuran un narco italiano, un homicida neonazi y el autor de un femicidio frustrado.
Así lo reveló Bío Bío Chile tras acceder a más de un millar de decretos firmados por altos personeros del Ministerio de Justicia que aunque se dictaron de manera legal, contrastan con la agenda de seguridad impulsada por el mandatario de ultraderecha y su compromiso de cumplir “el deber” del Estado de resguardar la seguridad de las personas.
Rebaja de pena a narcotraficante italiano
El narcotraficante Massimiliano Beltrami, vinculado a la mafia italiana resultó detenido en 2018 durante la denominada Operación Tirreno, tras participar en una red criminal que importó cuatro motos de agua desde Europa para cargarlas en Sudamérica con más de 103 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor ascendía a 4.500 millones de pesos. Un fiscalizador aduanero sospechó del grupo al notar que no estaban bronceados pese a argumentar su participación en un torneo deportivo acuático. Al perforar la cubierta de los jet ski hallaron la droga de alta pureza, mientras Carabineros arrestó a Beltrami vigilando el cargamento, sentenciándolo a nueve años de presidio.
Mediante un decreto emitido el 15 de mayo de 2026, el ministro Fernando Rabat redujo la sentencia del ciudadano italiano en nueve meses y 16 días, fijando el término de su castigo para el 16 de mayo del mismo año.
Según el documento, el Ministerio de Justicia “no estaba habilitada para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido” y amparándose en la «jurisprudencia uniforme» de la Corte Suprema, que obligaba a dictar el decreto correspondiente.
A pesar de que el marco original contemplaba su extradición a Italia tras cumplir la sanción en Chile, bio Bío Chile indicó que no fue posible confirmar de manera oficial su situación procesal actual.
Neonazi del “Batallón 38” en libertad 21 meses antes
Otro de los casos destacados es el de Patricio Salas Villar, conocido como el «Pato Cleto» e integrante del grupo neonazi «Batallón 38» quien fue condenado en 2017 a 13 años de presidio por el homicidio de Isaac Araya Herrera, perpetrado en octubre de 2014 mediante una emboscada con armas cortopunzantes, palos y bates.
La Fiscalía acreditó que los neonazís bloquearon la vía pública lanzando amenazas antes de propinarle a la víctima las heridas abdominales que le causaron un shock hipovolémico. Pese a la gravedad de los hechos, el subsecretario Luis Silva firmó un decreto que le perdonó 21 meses y 97 días de prisión, fijando la finalización de condena para el 24 de septiembre pasado, por lo que debería haber recuperado su libertad.
Rabat firma decreto para beneficiar a autor de femicidio frustrado
El historial de beneficios otorgados por el Ministerio de Justicia bajo la administración de Kast abarca el caso de José Teodulio Zúñiga Argel, apodado «el Joselo», imputado por un ataque a hachazos en la localidad de Chaicas, Región de Los Lagos.
En mayo de 2019, tras ser rechazado al intentar propasarse con la víctima, el agresor regresó de madrugada junto a un menor para atacarla brutalmente. La mujer sufrió la amputación de dos dedos, heridas en la cabeza y mutilación del cráneo, quedando inconsciente hasta ser auxiliada por su hijo de 11 años.
“Al abrir la puerta lo veo a él con el sobrino y de ahí no sé más. Hasta que desperté como una hora y media, dos horas después, totalmente ensangrentada. Me faltaban los dedo. Me sacó una lonja de cráneo con el hacha. Yo no sabía qué me había pasado porque ni siquiera yo sabía con qué él me había atacado (…) Mi vida ha cambiado en un 100%. A mí él me cagó la vida, me hizo pebre”, relató la víctima según consignó Bio Bío Chile.
A pesar de contar con antecedentes penales por violencia intrafamiliar, la condena por femicidio frustrado fue rebajada en un mes y seis días por un decreto firmado por el ministro Rabat, en que una vez más empleó como argumento que su cartera no podía impedir el beneficio.
Al cruzar archivos periodístico con los decretos oficiales el medio citado encontró rebajas de penas concedidas a autores de delitos violentos a lo largo del país. Entre los beneficiados figura Cristian Delgado Oyarzo, homicida de un camionero en Osorno apuñalado en 2018, cuya pena disminuyó seis meses por firma de Luis Silva. Asimismo, Alan Araya Lemus, condenado en Calama a 11 años por un crimen en una servicentro, recibió ocho meses de reducción penal de manos de Rabat. La lista la complementa Claudio Faúndez Chacón, quien asesinó a un conocido en Río Bueno y obtuvo un descuento de 13 meses sobre su pena de una década de presidio.
Rabat responsabiliza al Congreso por un vacío normativo
Frente a los cuestionamientos que recibió de los parlamentarios durante una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, por las rebajas de penas concedidas a criminales graves y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, el ministro Fernando Rabat indicó que debía acatar los fallos de la Corte Suprema y responsabilizó al Congreso Nacional por omisiones en las reformas de 2022, para excluir del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, señalando que la falta de normas transitorias dejó vacíos sobre la aplicación de beneficios retroactivos.
El secretario de Estado planteó que evaluar a los solicitantes corresponde únicamente a las comisiones evaluadoras según la Ley Nº 19.856, y argumentó que objetar dichos pronunciamientos implicaría violar los artículos 6 y 7 de la Constitución sobre los límites de las atribuciones ministeriales.
Para justificar la posición del Gobierno de Kast, el titular de Justicia detalló que inicialmente se intentó rechazar las solicitudes de los reclusos. No obstante, el criterio debió modificarse categóricamente luego de que el máximo tribunal del país acogiera diversos recursos de amparo ordenando al Ejecutivo abstenerse de revisar materias penales reservadas.
«Espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué en este Congreso Pleno el 11 de marzo del año 2026«, afirmó Rabat en el hemiciclo legislativo, para justificar los polémicos decretos firmados junto a su equipo ministerial.
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