Los persiguen por defender el Pilmaiken: detenciones arbitrarias de guardianes mapuche preocupan a observatorio global

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), ha emitido una alerta urgente ante la escalada de persecución judicial y policial contra miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, organización política y espiritual mapuche-williche que resiste al proyecto hidroeléctrico Los Lagos de la empresa noruega Statkraft en el río Pilmaiquén, en el límite entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos.¡

Este es un espacio sagrado dentro de la cosmovisión mapuche, que junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son concebidos como fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. 

Las detenciones arbitrarias de Jaime Javier Uribe Montiel (12 de mayo de 2025) —defensor de derechos humanos y miembro del círculo de apoyo de la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual mapuche y reconocida defensora del río Pilmaiquén —y de Felipe Trunci González (25 de abril de 2025) —también defensor del territorio— revelan, según el organismo internacional, un «patrón sistemático de criminalización» contra personas defensoras mapuche-williche que protegen su territorio frente al proyecto hidroeléctrico de Statkraft.

El caso de Jaime Uribe: acusaciones rezagadas con la intención de debilitar

El pasado 12 de mayo, Jaime Uribe Montiel fue detenido en un control policial en la ruta a Temuco, sin orden judicial y acusado de “violación de morada”, mientras acompañaba a la Machi Millaray en una gira de sanación.

«Funcionarios de Carabineros retuvieron a Uribe Montiel y lo trasladaron por la fuerza a Lautaro, dejando en la carretera a la Machi Millaray y sus hijos menores, tras incautarles las llaves del vehículo», detalló el Observatorio en su informe.

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Al día siguiente, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro, donde se le formalizó por “maltrato de obra a carabinero en servicio” y posteriormente fue liberado. Sin embargo, el 17 de junio, en una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno fue informado sobre otra judicialización en su contra por el presunto delito de “violación de morada” ocurrido en diciembre de 2023 durante una ceremonia religiosa.

«La fiscalía no ha presentado evidencia concluyente ni ha considerado el carácter cultural y ceremonial del acto. Cabe señalar que esta acusación data de 2023, y su repentina reactivación genera serias dudas, especialmente por coincidir con la reanudación de un proceso de consulta sobre hallazgos arqueológicos y con el avance de una queja contra la empresa Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto noruego, por infracciones a las Líneas Directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable», señaló el organismo.

Asimismo, planteó que de forma injustificada, y con la clara intención de debilitar la situación jurídica de Jaime Uribe Montiel se han activado dos causas menores que, en caso de una eventual condena, podrían agravar su situación penal en procesos futuros, limitando el acceso a medidas cautelares menos restrictivas.

Al ser una persona con activa participación en la defensa del territorio frente a megaproyectos extractivos, estos procesos judiciales tendrían como objetivo «entorpecer su labor, utilizando como amenaza el encarcelamiento y afectando directamente a su familia, incluidos sus hijos menores de edad».

Felipe Trunci: incomunicación y coerción para obtener ADN

El 25 de abril, Trunci González fue detenido por la PDI sin orden judicial mientras trabajaba, siendo trasladado a dependencias policiales en Osorno, Región de Los Lagos, donde permaneció incomunicado durante varias horas, con la intención de forzarlo a la toma de muestras biológicas (ADN).

El Observatorio destacó que hasta la fecha no se ha formalizado ninguna acusación en su contra y su causa permanece como reservada, «lo que evidencia un uso desproporcionado y arbitrario del poder judicial y policial»

A juicio del organismo las detenciones de ambos guardianes se inscriben en un contexto de criminalización sistemática contra personas defensoras del territorio mapuche-williche en la zona de Pilmaiquén, «en particular contra miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, quienes defienden su territorio de proyectos hidroeléctricos impulsados por la empresa noruega Statkraft».

Asimismo, planteó que estas acciones se registran en un escenario de conflicto socioambiental prolongado por más de una década, «desde que Statkraft adquirió el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos y otros proyectos previamente en manos de empresas chilenas».

En su informe recordó que las comunidades han denunciado reiteradamente la falta de consulta libre, previa e informada, así como la afectación espiritual, territorial y cultural derivada de dichos proyectos.

Además, dejó en claro que ambas detenciones irregulares han tenido, además, un profundo impacto psicosocial en los defensores y defensoras del territorio, en sus familias y, especialmente, en sus hijos e hijas.

«En septiembre de 2023, las comunidades presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Noruega por vulneraciones a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Desde entonces, se ha intensificado el clima de presión, con declaraciones públicas de la gerencia de Statkraft que desconocen la legitimidad de las comunidades y alientan la aceleración del proyecto», expuso.

A través de la alerta, el Observatorio manifestó «su profunda preocupación por la creciente criminalización y el uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras del territorio mapuche-williche», por lo que extendió un urgente llamado a las autoridades chilenas a garantizar los derechos de las personas defensoras del territorio, «en particular su derecho a la libertad, a un juicio justo y al ejercicio de su labor sin represalias y a la empresa a ejercer su debida diligencia y respetar los derechos humanos».

Llamado a las autoridades ante agresión contra defensores del Pilmaiken

Ante las detenciones arbitrarias de los guardianes mapuche, la agrupación instó a la ciudadanía a escribirle al presidente Gabriel Boric y otras autoridades como a los ministros Álvaro Elizalde (Interior); Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos); Luis Cordero (Seguridad Pública); la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla y al general Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya: así como Birgitte Ringstad, presidenta y directora ejecutiva de Statkraft ASA y María Teresa González, country manager de Statkraft Chile.

Esto con la finalidad de solicitarles cinco medidas concretas, entre las que figuran:

1-Poner fin a todo tipo de criminalización, hostigamiento y detenciones arbitrarias contra personas defensoras del territorio mapuche williche, en particular el Sr. Jaime Javier Uribe Montiel, el Sr. Felipe Trunci González y miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü;

2-Adoptar medidas urgentes de protección para la Machi Millaray Huichalaf, su círculo cercano y otras personas defensoras del territorio en riesgo, garantizando condiciones para el ejercicio seguro y libre de su labor;

3-Asegurar el respeto y cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas;

4-Investigar de manera independiente e imparcial los abusos cometidos por fuerzas policiales y fiscales, incluyendo detenciones sin orden judicial, toma forzada de muestras biológicas y vigilancia ilegítima;

5-Exigir a la empresa Statkraft el cumplimiento de su obligación de debida diligencia en derechos humanos, en particular, rendir cuentas sobre cómo identifica y mitiga concretamente los impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo el derecho a defender derechos humanos, que resultan del desarrollo de sus proyectos en la región.