Mapuches interponen recurso de protección contra Gendarmería por registro de ADN de líder recluido

Acompañado de una veintena de miembros de comunidades de Isla Huapi, presidente de Wallmapuwen interpuso un recurso de protección en contra de la institución penitenciaria y en favor del ex preso político Julio Marileo Calfuqueo. Gendarmería busca incorporar a Marileo al Registro Nacional de ADN para “investigaciones criminales”, medida rechazada por los mapuches. Observatorio Ciudadano advirtió de graves violaciones de derechos humanos tras polémica medida judicial.

Un recurso de protección en contra del Director Regional de Gendarmería, Inspector Mario Aros Uribe, y a favor del profesor Julio Marileo Calfuqueo interpuso hoy miércoles Gustavo Quilaqueo, presidente del partido mapuche Wallmapuwen, ello en la Corte de Apelaciones local. La acción legal, patrocinada por el Observatorio Ciudadano, busca dejar sin efecto una orden judicial que pesa sobre Marileo tendiente a facilitar una muestra de su ADN en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Temuco. De esta manera, Gendarmería busca incorporar a Marileo al Registro Nacional para “investigaciones criminales”.

Quilaqueo, acompañado por el propio afectado y una veintena de miembros de comunidades de Isla Huapi, entre ellos varios lonkos tradicionales, señaló en las afueras del máximo tribunal regional que -más allá que fuera una atribución legal de Gendarmería- “exigir muestras de ADN nos parece una medida injustificable y atentatoria contra los derechos más básicos de las personas”. A juicio del timonel mapuche, es la propia ciudadanía regional, mapuche y chilena, quien debe alzar la voz ante tales “mecanismos de control policial impropios de una democracia y que -subrayó- siempre terminan afectando solo a determinados sectores de la sociedad”.

ACCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA

Cabe señalar que el caso fue denunciado la semana recién pasada por el propio Julio Marileo, quien tras finalizar el pasado 24 de enero el cumplimiento de una condena remitida por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en Collipulli (Ver Recuadro), señaló a Azkintuwe estar recibiendo constantes llamados de personal de Gendarmería para presentarse y entregar una muestra de su “huella genética”. “En reiteradas ocasiones, de manera telefónica, me han estado presionando para acudir a Gendarmería y entregar muestras de sangre, saliva y pelo. Según ellos se trata de una medida legal que se estaría aplicando desde el mes de noviembre de 2008 a todos los presos mapuches”, indicó Marileo.

Hernando Silva, abogado y coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, no duda en calificar el procedimiento como “ilegal y arbitrario”, dado que vulneraría gravemente el derecho a la privacidad de las personas, en este caso, de un profesional mapuche sin cuentas pendientes con la justicia chilena.

Subrayó el profesional que ante su negativa a ser integrado a este “registro de criminales”, la propia Jefa del Centro de Reinserción Social (CRS) de Temuco, sicóloga Claudia Zapata, le informó que solicitarían al tribunal de Collipulli su detención. “Claramente se trata de un acto de persecución y no solo contra mí. Tenemos la certeza que estas muestras se han estado tomando de manera irregular a todos los presos políticos mapuches hoy encarcelados en la región, sin dar cuenta de sus reales alcances. Esto es un acto discriminatorio y racista que vulnera nuestros derechos, por eso estamos hoy aquí, para denunciar este atropello supuestamente legal”, subrayó el educador, miembro de una comunidad de Puerto Saavedra.

Marileo hace referencia a la Ley Nº 19.970, promulgada por el Congreso el año 2004 y en vigencia desde el 25 de noviembre del año 2008, tras la publicación de su reglamento en el Diario Oficial. Dicha Ley creó el denominado Sistema de Registro de ADN para investigaciones criminales en Chile. En los hechos, se trata de la recopilación progresiva de 5 registros distintos (registro de condenados, de imputados, de evidencias y antecedentes, de desaparecidos y sus familiares, y registro de víctimas) constituidos sobre la base de huellas genéticas con ocasión de una investigación criminal. El procedimiento incluye el archivo de muestras sanguíneas y capilares. Estas son tomadas por equipos de Gendarmería y del Registro Civil.

Hernando Silva, abogado y coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, no duda en calificar el procedimiento como “ilegal y arbitrario”, dado que vulneraría gravemente el derecho a la privacidad de las personas, en este caso, de un profesional mapuche sin cuentas pendientes con la justicia. “Julio ya cumplió su condena y pese a ello, se le está exigiendo una muestra de ADN para ser incorporado a este Registro. Desde la perspectiva de los derechos humanos esta solicitud de empadronamiento constituye una amenaza grave a su derecho a la privacidad, ya que su información genética debe ser considerada como información privada». “No olvidemos que el derecho a la privacidad se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política”, agregó Silva.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Junto al derecho a la privacidad, el recurso advierte además de otra grave violación de derechos humanos que estaría afectando a Marileo y cuyos alcances deberá determinar el máximo tribunal de acogerse la citada acción legal. En los hechos, preocupa al presidente de Wallmapuwen la eventual “priorización” que Gendarmería estaría realizando en la región, al empadronar en una primera etapa solo a prisioneros políticos mapuche. “Sería un hecho sumamente grave”, señaló Quilaqueo, debido a que “existe una tendencia en la región de estigmatizar a los mapuches como personas peligrosas para la ciudadania, particularmente si se trata de luchadores sociales, como lo es Julio y lo son aquellos hermanos que hoy cumplen condena. Que esta ley persista en ese racismo nos parece sumamente peligroso”.

En la misma linea, el abogado Hernando Silva advierte sobre los alcances de tal “priorización” en el ámbito de la legislación internacional. “La aplicación del empadronamiento de manera prioritaria a personas pertenecientes al pueblo mapuche debe ser entendido como una forma de discriminación racial, y por tanto contraviene la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial adoptada por la ONU y ratificada por Chile”. A juicio de Silva, se trata de un hecho de particular gravedad dado que el Artículo 5 de la Convención manifiesta que “los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley”.

“La aplicación de esta ley se traduce también en una vulneración del principio de presunción de inocencia”, agregó el abogado del Observatorio Ciudadano. “Las personas por ser condenadas, al integrar este registro genético, ya se les está haciendo sospechosas de un delito posterior, se está presumiendo que posiblemente puedan cometer otro delito en el futuro”, indicó el profesional. Esta situación, en el marco del conflicto actual y las dificultades de ambas policías para recabar pruebas y evidencias en delitos contra la propiedad, a juicio de Silva bien podría significar un incremento en los montajes de la policía y los fiscales para incriminar a comuneros y líderes mapuches. “Nada garantiza que esta herramienta no se preste para abusos”, advirtió el abogado / AZ

LUCHADOR SOCIAL

Julio Marileo, miembro de una comunidad del sector de Huapi, comuna de Puerto Saavedra, es un destacado miembro del movimiento social mapuche. Ex presidente del Hogar Mapuche Pelontuwe y destacado líder estudiantil, el año 2000 fue encarcelado por el supuesto ataque incendiario a un vehículo que trasportaba guardias armados de una empresa maderera en Collipulli, hecho ocurrido en un fundo aledaño a la comunidad Catrio Ñancul. Acusado por el gobierno chileno de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, fue condenado por el ministro en visita Leopoldo Llanos a 3 años y un día de cárcel por los cargos de “homicidio frustrado e incendio”.

Dos meses permaneció Marileo recluido en la cárcel de Temuko. Su ingreso a la Universidad Católica para cursar la carrera de Pedagogia Básica en Educación Intercultural llevó al tribunal a modificar la sentencia de cárcel por “libertad vigilada”, debiendo acudir mensualmente a participar a talleres de reinserción social. Esta condena terminó de ser cumplida por Marileo el día 24 de enero de este año. Cabe señalar que la acusación en su contra se basó en testimonios de una persona que estuvo incomunicada durante 14 días y que denunció haber sido víctima de torturas policiales. Marileo trabaja actualmente como profesor y es militante activo del Partido Mapuche Wallmapuwen.

Pedro Cayuqueo
Azquintuwe

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