Miles de hectáreas de tierra entregan a indígenas en Argentina y Bolivia

En la provincia argentina de Santa Fe devuelve 10 mil hectáreas a los originarios. El proceso comenzó a comienzos de diciembre con tres comunidades, y piensan concluirlo antes de que finalice 2011. En Bolivia, por su parte, el martes 7 de diciembre se entregó 24.000 hectáreas de tres ex haciendas en la provincia Cordillera de Santa Cruz a los pueblos guaraníes de Alto Parapetí.

Aunque el derecho de los pueblos originarios a vivir en el suelo de sus ancestros está contemplado por la ley argentina desde 1985, la materialización de esa letra “pura” –que la Constitución incluye además en su artículo 75– se desdibuja en una realidad atravesada por los conflictos de intereses: el avance de la frontera agropecuaria, entre otros factores de menor peso que elevaron dramáticamente el valor de la tierra, conspira así contra el reconocimiento legal a una de las demandas fundacionales de las comunidades que poblaban estos paisajes antes de que llegaran los enviados del reino de Castilla.

La reciente represión en Formosa contra una comunidad qom que reclamaba territorios a los que considera de su propiedad es sólo un ejemplo, ni siquiera el más grave, del plato hacia el que suele inclinarse la balanza. En Santa Fe, hace dos años se inició un lento proceso de restitución de tierras a los pueblos preexistentes a la conquista. Suman 10 mil las hectáreas fiscales que la ley vernácula contempla con ese objetivo, y que ya comenzaron a adjudicarse. Entre otras características, las tierras se entregan colectivamente, quedan exentas de impuestos a partir de su toma de posesión, no son expropiables ni embargables y están destinadas a emprendimientos productivos.

No es mucho en comparación con el despojo sufrido antes y después de que la Argentina se constituyera como nación: equivale apenas a un poco más de la mitad de la superficie que hoy ocupa la ciudad de Rosario. Pero es un principio. En su mayoría, se trata de terrenos de islas, aunque la administración provincial asegura que son suelos aptos para desarrollos productivos sustentables y además acompaña el proceso con asesoramientos técnicos que respetan las decisiones autónomas de las comunidades. Con todo, el camino abierto está también aquí sujeto a las tensiones entre los derechos reconocidos y las presiones económicas que desnudan miserias propias y ajenas.

“Este proceso de restitución de tierras a las comunidades está ordenado por la ley provincial 12.086 que fue promulgada en 2002 y regulada en 2005. Sin embargo, recién tres años después se puso en funcionamiento la Mesa de Restitución que permitió avanzar en su concreción. Ya hay tres comunidades a las que se les entregaron territorios, y la idea es completar el traspaso de todas las tierras que contempla la norma a fines del año que viene”. Así resume la secuencia Raúl Britos, a cargo de la Dirección de Pueblos Originarios de Santa Fe.

La primera restitución, de 327 hectáreas, fue a la comunidad mocoví Com Caia de la localidad de Recreo, en la que se materializaron las primeras dificultades: la soja “metió la pata” y desencadenó una división interna que está en camino de solución pero que también aportó enseñanzas sobre la complejidad del proceso.

“En total, son más de 10 mil hectáreas. La provincia tiene relevadas 152 comunidades, desde Florencia en el límite norte hasta Murphy en el sur, más toda la zona este con San Javier, Helvecia y Calcines, o la oeste con Rafaela. La ley plantea que estas adjudicaciones se den a las comunidades más cercanas a las tierras disponibles, que en la mayoría de los casos son en zona de islas”, explica el funcionario.

Las restituciones se otorgan bajo la figura de “comodato” porque aún el Código Civil argentino no contempla la propiedad comunitaria que es, además, parte de la identidad de los mismos pueblos originarios. Pero sí implica un reaseguro contra maniobras de “recompra” que encuentran el camino allanado en títulos individuales.

Para esto, en la provincia se creó el año pasado el Registro Especial de Comunidades Aborígenes, que hasta el momento tiene 12 inscriptas. Este instrumento permite otorgar “el derecho público de personería jurídica en vistas al comodato como paso previo a la escrituración definitiva”, indica Britos. Antes de la existencia del registro, los territorios se entregaron a organizaciones “legalizadas” que accionaban en nombre de los pueblos originarios, pero en varios casos éstas entraron luego en contradicción con sus propios “representados”, derivando en conflictos legales que aún están en vías de solución.

“La idea de todas estas tierras es que sirvan para desarrollar proyectos productivos, no para urbanizar. Porque en la mayoría de los casos aún no hay red de agua potable ni energía eléctrica o cercanía de escuelas o centros de salud. Es para que las comunidades tengan un espacio de producción propia”, aclara Britos sobre el espíritu de la ley 12.086. Y respecto a los destinatarios de las devoluciones, explica que la norma “ordena que se adjudiquen a quienes viven cerca de los terrenos disponibles y tengan una historia de pertenencia al lugar”. Estas condiciones son certificadas –agrega– por “el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas) que integran cinco representantes de diferentes etnias: dos mocovíes, dos qom y un colla elegidos por sus propias comunidades”.

De esta forma están todos incluidos. “La mayoría de comunidades son mocovíes, pero hay varias tobas (qom) y por migración hay mapuches en Rosario y Venado Tuerto y collas en la zona de Firmat y Murphy”, reseña Britos, quien resalta que “en los centros urbanos más importantes, como Rosario, es donde están los asentamientos más numerosos”.

El funcionario explica que una vez hecho el traspaso de las tierras, “las comunidades se manejan de forma autónoma, pero la idea es acompañarlos en proyectos productivos acordes con las factibilidades de cada zona y lo que los nuevos propietarios deseen, desde la instalación de colmenas a la cría de ganado o la pesca”. Sobre el punto, Britos abunda: “Hay islas altas –la mayoría de las tierras adjudicables son insulares– que permiten la cría de ganado, otras bajas que se prestan al cultivo de arroz y otras casi vírgenes aptas para la producción de miel ecológica”.

Con todo, la autonomía tiene sus reglas: “Tienen que ser trabajadas por y para la comunidad, no pueden ser vendidas ni embargadas, pero están libres de impuestos”.

El camino ya está trazado, pero no es fácil. “Nuestro proyecto, y estamos trabajando duramente, es que todas las tierras que son nominadas en la ley 12.086 sean adjudicadas antes de que finalice 2011. Es complejo, porque algunas tierras estaban ocupadas y hay que transitar un proceso de desalojo”, explica el titular de la Dirección de Pueblos Originarios, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

A la primera restitución en Recreo le siguieron 82 hectáreas de islas en la zona de Monte Vera, que recibió la Nueva Comunidad Mocoví Dalaxaig Covó, y terrenos también insulares del distrito Cayastá adjudicados a la comunidad de la misma etnia Caiastas.

“En estos momentos estamos trabajando para restituir 2.000 hectáreas en Florencia, 496 en la comunidad qom de Las Lomas en Santa Fe y con la comunidad de Coronda para la devolución de dos islas”, adelanta Britos.

ALTO PARAPETÍ: ENTREGAN 24 MIL HECTÁREAS A GUARANÍES

En tanto, en Bolivia, el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), Juan Carlos Rojas, informó el martes 7 de diciembre que entregó 24.000 hectáreas de tres ex haciendas en la provincia Cordillera de Santa Cruz a los pueblos guaraníes de Alto Parapetí.

«Hemos dotado y posesionado a las familias y comunidades guaraníes de Alto Parapetí en estos tres predios que suman alrededor de 24.000 hectáreas», explicó Rojas a los periodistas.

Informó que las tierras fueron revertidas a las haciendas Caraparicito, de los hermanos Larsen; San Isidro, de Daniel Chávez y sus herederos; y Buena vista, de Roberto Chávez.

El director del Inra argumentó que la reversión de esas tierras fue ejecutada porque se verificó una explotación y servidumbre a indígenas de la región.
Sobre la acusación de servidumbre, el hijo del propietario, el ex Mister Bolivia Duston Larsen, declaró que es «falso y no hay ningún esclavo aquí. Esto es absurdo».

Tras el conocimiento del fin del plazo, varios indígenas guaraníes, encabezados por el líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, se apersonaron en la hacienda del estadounidense a la espera de que le sean revertidas las tierras.

El propio Padilla informó a los medios locales que los indígenas beneficiados con esta medida, 19 comunidades que agrupan a 3.500 familias, usarán estas tierras para el cultivo de maíz.

Cívicos y empresarios del oriente han denunciado varias veces que las expropiaciones de tierras son una «persecución política» del Gobierno contra los empresarios de esa región, lo que ha sido negado por el Ejecutivo.

Fuentes: Claudio de Moya (www.elciudadanoweb.com)/www.opinion.com.bo