¿Por qué estaba libre Sabrina Durán, la «narco reina»?: Centros de Reinserción Social critican falta de control en las medidas cautelares

El violento crimen de Sabrina ‘Ina’ Durán Montero, líder de una banda narcotraficante y popular influencer en TikTok, y quien falleció tras ser acribillada por una banda rival en plena vía pública en la comuna de Pedro Hurtado, acaparó los titulares de los medios de comunicación de nuestro país.

El asesinato de la joven de 24 años, a manos de sujetos que le dispararon en al menos ocho ocasiones y le robaron su vehículo, también puso en evidencia la falta de control en las medidas cautelaras.

‘Ina’ había salido hace un mes de la cárcel, tras cumplir una condena, tal y como indicó el mayor de Carabineros, Leonel Muñoz

“Tenía antecedentes penales, específicamente por receptación de vehículos y por tráfico de drogas”, afirmó.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Occidente, Pablo Sabaj, explicó que «estaba cumpliendo una pena de tres años y un día de libertad vigilada asistida».

«Por lo tanto, salió cumpliendo esa pena en libertad con la supervisión de Gendarmería y en eso ocurrió este hecho”, acotó.

Desde los Centros de Reinserción Social, los funcionarios encargados de ejecutar condenas en libertad, orientadas a la reinserción social (Prestación de Servicio en Beneficio de  la Comunidad, Libertad Vigilada, Libertad Vigilada Intensiva, Reclusión Parcial con monitoreo Telemático, Remisión Condicional), manifestaron su preocupación por el aumento de hechos de delincuencia, violencia e inseguridad que se registran en nuestro país.

A través de una declaración pública, señalaron que estos actos delictivos «se han ido agudizando, y trayendo consigo no sólo el incremento exponencial de la población penal que atendemos, sino que también una mayor complejidad y peligrosidad para su atención, evaluación, control, contención, capacitación e intervención, debido a un perfil más violento y avezado, considerando el creciente uso de armas de fuego.

«En dicho escenario, somos testigos de cómo nuestros usuarios se toman las portadas de diarios y noticieros, apareciendo como líderes en bandas de robo y narcotráfico, evidenciando un alto poder económico y bélico», subrayaron.

Crisis en la reinserción social

Los profesionales, administrativos y técnicos no uniformados de  las unidades penales de Gendarmería de Chile, plantearon que esta población penitenciaria cuenta con «necesidades de intervención intensivas en un escenario social que advierte una mayor ocurrencia de conductas antisociales en nuestro país».

En el texto, destacaron que los Centros de Reinserción Social (C.R.S) donde laboran atienden a un 49.3% del total de la población penitenciaria del país, mientras el sistema cerrado presenta una población del 38.2% y sistema post penitenciario un 12,5%.

Sin embargo, los informes revisados muestran que del presupuesto institucional, solo se destina una cifra cercana al 13% para reinserción social.

«Desde nuestra parte, sabemos que la crisis delictual y de seguridad, no se podrá resolver solamente con mayor dotación policial o más cárceles, lugar donde se profundiza el contagio criminógeno y conformación de redes delictuales, sino que potenciando la reinserción social, ya que esta estrategia ha demostrado tener mejores resultados para abordar la problemática de la delincuencia, ello según cifras de reincidencia delictual aportadas por el Centro de estudios de Seguridad ciudadana(CESC). En este sentido, la Reinserción Social, herramienta principal de los CRS, advierte una profunda precariedad de recursos, sosteniendo el servicio principalmente por medio del uso abusivo del personal humano», cuestionaron.

Los funcionarios indicaron que esta crisis se evidencia en la cantidad de casos de atención asumidos por cada Delegado de Libertad Vigilada, «que hoy están sobre los 45 casos, incluso mucho más en algunos C.R.S del país, superando los estándares técnicos definidos inicialmente por la misma Institución, 30 a 35 casos para los delitos comunes y de 20 a 25 casos para los delitos sexuales y violentos, estándares incluso menores en otros países (25 y 15 casos)».

«Esta situación atenta significativamente la calidad/cantidad de atenciones/intervenciones, vulnerando la eficacia del adecuado cumplimiento de esta sensible labor, considerando además la alta demanda de tareas», advirtieron.

Frente a estos hechos, relataron que han tenido que duplicar registros en sistema informáticos deficientes, sumado a los informes habituales de seguimientos, además otros informes correspondientes a postulantes a pena mixta(cárcel/libertad), evaluación de delitos Derechos Humanos, etc.,» junto a la asistencia habitual a audiencias de tribunales y a los domicilios de los usuarios en barrios de mayor vulnerabilidad social y peligrosidad».

Además, denunciaron que no cuentan con suficientes reemplazos para velar por el cumplimiento de las condenas durante vacaciones, días libres y licencias médicas de funcionarios, y recordaron que incluso durante la pandemia de Covid-19 debieron financiar con recursos propios, dispositivos tecnológicos y servicios para mantener labores comprometidas por ley.

«El hacinamiento en las cárceles, realidad conocida, pasa desapercibido en los CRS, dado que dicho hacinamiento se produce en la cartera de casos de cada funcionario civil encargado de ejecución de pena», denunciaron.

«Dicha sobrecarga impide cumplir efectivamente con la responsabilidad legal y técnica derivadas de la condena, así como también, aquellas de carácter psicosocial, orientadas a generar cambios en la vida de una población cada vez más compleja», acotaron.

Discriminación contractual

Ante este escenario, plantearon en la declaración que en la actualidad, la tarea de la reinserción social en Chile, recae principalmente en funcionarios civiles «que deben atender e intervenir a quienes hoy vemos asesinar a un carabinero sin mayor provocación, labor que realizamos sin armas, ni sistema previsional que nos resguarde como a carabineros y funcionarios uniformados de Gendarmería».

Asimismo, señalaron que son «trabajadores de los últimos escalafones de la institución», que han estado «más de 10 años en el mismo grado, con contratos anuales, sin seguro de vida, sin derecho a indemnización, ni cesantía, sin medios de ascenso o carrera funcionaria, sin los mismos derechos laborales que nuestros pares uniformados, pese a que trabajamos codo a codo, solo con un lápiz y un cuaderno, enfrentándonos a barrios donde ninguna autoridad llega, debiendo aceptar la injustificada y arbitraria discriminación contractual, no teniendo la mismas garantías y derechos laborales, a pesar de que somos funcionarios que ingresamos por concurso público; no vinculados a sobresueldos y goce injustificado de derechos previsionales, desvíos de fondos públicos, entre otras faltas a la ética y a la probidad administrativa.

Para concluir, los funcionarios que ejecutan condenas en libertad en Gendarmería de Chile, plantearon que ante la invisible reacción institucional, después de años de reiteradas solicitudes y denuncias, en instancias y conductos formales y sindicales, «no esperaremos una tragedia para proteger la vida y dignidad en nuestro trabajo, considerando el latente riesgo al que estamos expuestos por nuestra labor.

«Por ello, hoy nos vemos en la obligación de informar a la ciudadanía y poner en alerta a las autoridades políticas de las condiciones laborales que acontecen en la reinserción social de Gendarmería de Chile, debiendo injustificadamente, ser los trabajadores quienes asumen el altísimo costo de una responsabilidad institucional y Estatal», cerraron en el texto, suscrito por funcionarios del CRS Santiago Sur, CRS Santiago Sur 2, delegadas y delegadas de CRS Santiago Occidente, delegadas y delegados del Libertad Vigilada y área PSBC del CRS Santiago Norte.

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