Punta Peuco: el penal donde la memoria se enfrenta al negacionismo

Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Desde su creación en 1995, este recinto penitenciario ha sido un lugar donde el privilegio, el negacionismo y la impunidad se entrelazan con la memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar.

Ubicado en la comuna de Til Til, este penal fue diseñado para albergar exclusivamente a condenados por crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, su origen y funcionamiento han estado marcados por condiciones excepcionales y denuncias de trato preferencial.

Para entender su significado actual, es necesario remontarse a su génesis, analizar su estructura de privilegios y desentrañar cómo se ha convertido en un bastión del negacionismo.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra Castro, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) recordó que el penal de Punta Peuco no surgió por casualidad. Su creación durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue el resultado de una negociación política directa con el general Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenado en 1993 por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington (1976).

«Hay que pensar que la cárcel nace como una imposición directa de Contreras. Punta Peuco es una exigencia de Contreras para aceptar someterse a un fallo judicial condenatorio, señalando que no se entrega hasta que le dé la garantía, la construcción de ese penal, que va a estar bajo control mixto de Gendarmería y del ·Ejército», indicó.

«Es decir, hay personal de Gendarmería y personal del Ejército ejerciendo las labores de custodio y, como corresponde a la lógica castrense, este personal del Ejército estaba absolutamente subordinado. No había diferencia del trato que le daban a un general en servicio activo con todos los honores, que el que se le daba a Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Ese es el origen de Punta Peuco», señaló en conversación con El Ciudadano.

«Cuando sigue avanzando la transición, que empiezan a aumentar el número de militares presos se logró que se separara y el control externo quedara bajo el control del Ejército y el control interno de Gendarmería, pero gendarmería seguía teniendo un trato de subordinado frente a los oficiales, y sólo bastante avanzada la transición, hasta hace dos años atrás, el personal externo fue reemplazado por Gendarmería», agregó.

Krassnof, Corbalán y los criminales de lesa humanidad

Los presos en Punta Peuco incluyen a varios ex altos mandos del Ejército, la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), así como a civiles que colaboraron con la dictadura de Pinochet. Estos individuos han sido condenados por una variedad de delitos graves que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otros crímenes contra la humanidad.

Uno de los internos en Punta Peuco más emblemáticos es el ex brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, sentenciado a más de 1.000 años de prisión por brutales crímenes ocurridos en la década de los 70 y 80, entre los que se incluyen secuestro, tortura y desaparición de personas. Otro de los criminales de lesa humanidad recluido en el penal de Til Til ,donde cumple prisión por delitos de diversa naturaleza es el teniente coronel del Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, quien durante el régimen de Pinochet se desempeñó como jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En 2018, el autor y coautor de diversos asesinatos de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue noticia al solicitar, al entonces presidente Sebastián Piñera, un indulto presidencial por motivos de salud, pese a que tiene que cumplir más de 150 años de cárcel por sus crímenes.

Otro más que podría sumarse a la lista es el ex fiscal militar y, posterior, auditor general del Ejército, Juan Fernando Alfredo Torres Silva, conocido como «El Fiscal favorito de Pinochet» y fallecido en 2021. Este abogado entró a Punta Peuco en 2015, luego que la Corte Suprema ratificara su participación en el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.

Un penal de privilegios

Las condiciones dentro de Punta Peuco han sido objeto de debate y controversia, los internos disfrutan de ciertas comodidades como celdas individuales privadas con baño, teléfono, calefacción y patio; así como comedor, acceso a televisión, radio y áreas de recreación y comunes bien mantenidas.

El penal ofrece altos estándares de seguridad y confort para los reos, así como visitas más prolongadas y acceso a servicios médicos de calidad.

Estas condiciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos que argumentan que los presos deberían cumplir sus condenas en condiciones similares a las de otras cárceles del país.

El abogado de Codepu, Hiram Villagra planteó que Punta Peuco nació como un espacio donde los represores mantuvieron jerarquías militares, acceso a comunicaciones sin restricciones y un trato diferenciado respecto a otros reclusos.

«A diferencia de las cárceles comunes en Chile, Punta Peuco ofrece condiciones de absoluto privilegio. Hay una diferencia de trato, una discriminación positiva absolutamente infundada en favor de los violadores a derechos humanos, que en todo momento sabían que tenían este lugar de privilegio, con un ejercicio de libertades civiles que iban mucho más allá de lo que era aconsejable, su nivel de comunicación, la capacidad de montar campañas políticas dentro del propio recinto», recordó.

«Esto les permitió ir construyendo un sistema de privilegio que además, si comparamos con la situación del resto de los presos comunes o de aquellos presos que venían de la herencia de la lucha contra la dictadura, resulta abismal. Estos fueron recluidos en la llamada cárcel de alta seguridad, aislados con procedimientos y dispositivos que impedían comunicarse libremente con su familiar, incluso con los abogados, hasta que fueron liberados a través del sistema de conmutar las penas por exilio», argumentó.

A juicio del jurista, esta situación de privilegio es más complicada debido a la gravedad de los crímenes cometidos por los reclusos de Punta Peuco e incluso por su «capacidad de incidir en la política».

«Hay que señalar que además eso les permitió a ellos desarrollar campañas bastante intensas de intentos de cambiar la historia, de cerrarla, de equiparar las conductas graves de violaciones de derechos humanos a actos de la lucha contra la dictadura, desconociendo, primero, su naturaleza distinta y segundo, la crueldad, el carácter aberrante de los actos que cometían, que son claramente de otra entidad, de otra naturaleza, pero además de otra crueldad, de otra perversidad con respecto a aquellos que lucharon contra la dictadura», explicó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, Juana Aguilera, indicó que Punta peuco es una cárcel llena de privilegios para un grupo de criminales, que constituye un claro ejemplo de justicia de clases, «en este caso para agentes del Estado poderosos en un momento determinado de nuestra historia, capaces de cometer las atrocidades más grandes».

«Estos criminales además quisieron burlar la justicia por años y muchos de ellos, aún estando condenados, se fugan y la policía prácticamente no los captura de inmediato. Y cuando logran ser capturados y recluidos, tienen privilegios como nadie. Ellos siguen manteniendo, por ejemplo, todos los derechos y beneficios que tiene un militar retirado, ellos tienen defensas hechas institucionalmente, sus abogados defensores son costeados prácticamente por todos nosotros los chilenos, que a través de nuestros impuestos generamos el erario nacional que permite pagar las remuneraciones, las pensiones y todos los beneficios que tienen los agentes del Estado, y también todos aquellos privilegios que además la dictadura les asignó. Entonces, esta gente vive en condiciones diametralmente opuestas a cualquier criminal común que está encarcelado en Chile. Contrasta esta cárcel con los grandes hacinamientos que tiene la población penal a nivel nacional», señaló.

«Contrastan los horarios de visita, contrastan las atenciones médicas, contrastan los privilegios y los accesos que tienen a los hospitales institucionales. Muchos de ellos, scon el pretexto de una enfermedad, pasan más bien recluidos en hospitales. Y ellos además no entregaron a la justicia toda la información relativa a las personas detenidas desaparecidas que en Chile aún se buscan y que el Estado debió hacer un plan de búsqueda para dar con el destino final. En estos momentos se registran 1.469 personas detenidas, desaparecidas durante la dictadura y asesinadas y torturadas, seguramente por muchos de estos agentes, ex agentes que están en Punta Peuco. Hay que decirlo fuerte y claro, ellos son criminales y los que mueren, mueren como criminales», enfatizó en diálogo con El Ciudadano.

¿Cuánto cuesta mantener a un criminal de lesa humanidad?

En septiembre de 2023 El Ciudadano consultó al Departamento de Comunicaciones de Gendarmería, para conocer el presupuesto mensual del Penal Punta Peuco, desde la institución confirmaron que la ejecución presupuestaria en ese entonces era de $165.909.688 -promedio-, acumulando la cifra anual de $1.990.916.256 -aproximadamente-.

“Los montos para operación de cada unidad penal son centralizados en cada Dirección Regional, instancias que administran dichos recursos según las diversas necesidades de los establecimientos y a través de cuentas SIGFE (Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado). Esto considera gastos por concepto de servicios básicos, alimentación, mantención, costo por interno y los sueldos del personal, entre otros, para establecer un cálculo promedio de ejecución presupuestaria. Es importante indicar que la cantidad de funcionarios e internos de cada unidad penal, son las principales variables que influyen en el cálculo del gasto”, señalaron desde Gendarmería, quienes agregaron que el presupuesto mensual incluye la planilla de sueldos.

Respecto a la cantidad de funcionarios en el Penal, el organismo indicó que no podía revelar aquel dato por “razones de seguridad”.

Es importante precisar que además de este presupuesto carcelario, los militares en retiro -como es el caso de los condenados del Penal Punta Peuco-, reciben una pensión estatal que va en promedio entre el millón y tres millones de pesos -como Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y César Manríquez-, tal como lo reveló un reportaje de Radio Universidad de Chile del año 2020; dejando entrever una mejor estancia carcelaria en comparación con internos de otros centros penitenciarios (Colina 1, Cárcel de Mujeres de San Joaquín, entre otros).

Crímenes de lesa humanidad no pueden equiparase a delitos comunes

El abogado de derechos humanos, Hiram Villagra Castro, destacó que la impunidad es una condición necesaria para la perpetración de crímenes contra la humanidad.

Indicó que la certeza de impunidad fue un pilar fundamental durante la dictadura civil-militar y ha continuado, de diferentes maneras, en los gobiernos posteriores. Sin esta certeza, las violaciones graves a los derechos humanos disminuirían considerablemente.

«Buena parte de las condiciones que permitieron que se produjeran las violaciones de derechos humanos con la gravedad profundidad y extensión era la certeza de la impunidad y eso era algo que los agentes tenían internalizado, le dijeron en muchas ocasiones a las propias personas privadas de libertad por la DINA o por la CNI, «a nosotros nunca nos va a pasar nada«. Había una percepción clara, que además estaba basada en datos concretos porque habían mecanismos de impunidad directos», planteó

«La impunidad es condición necesaria de no repetición. y aquellos que quieren mantener sistemas de exclusión, de opresión, de marginación de grandes sectores, de una u otra manera quieren tener la certeza que las Fuerzas Armadas y de Orden podrían repetir esas conductas sin este temor a enfrentar las acciones penales, que al final es el gran elemento para disfrazar que ellos tienen», aseveró.

En diálogo con El Ciudadano, Villagra dejó en claro que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser equiparados con delitos comunes.

«Los crímenes de lesa humanidad son actos graves de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar físico, salud y/o dignidad», explicó.

Gay una cita muy antigua, de Bernard Shaw, que contaba que a unos misioneros les encargaron que vayan a enseñarles a los caníbales que estaba mal que se coman entre sí; les confiaron su reeducación. Después de un tiempo, los misioneros terminaron comiéndose a los caníbales.

«Que los caníbales se coman a un misionero es terrible, pero que un misionero se coma a un caníbal es aberrante. Esa definición, en que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, tiene personal que se supone que debería estar entrenado para manejar los crímenes de racionalidad y proporcionalidad, y esto se quiebre, y que además abusen de la situación de deshumanizar el poder para hacer un justo perverso de la soberanía y del monopolio de la fuerza, es en sí mismo una situación que hace distinguirlo por naturaleza. Pero además hay muy pocos crímenes comunes que sean equiparables a las situaciones aberrantes que se vieron en el marco de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura», planteó

«Hay que pensar que esta sensación de impunidad, de revanchismo marcado, la sensación de ser todos poderosos, terminó conduciendo a situaciones que parecen extraídas de alguna película sobre las guerras civiles africanas, mutilaciones, uso de animales en tortura, incluso en situaciones de gobernamiento en forma masiva en distintos lugares, el uso extendido de la violencia sexual. Esto habla de niveles mayores de perversidad, pero la diferencia esencial es de naturaleza. Usar la autoridad pública, usar el monopolio de la fuerza, usar el aparato de Estado para perpetuar crímenes los hace de una naturaleza esencialmente distinta al gesto del delito común», argumentó.

Punta Peuco y el negacionismo: un símbolo de impunidad

El abogado también cuestionó las razones humanitarias invocadas para justificar la liberación de estos criminales, a propósito de las recientes declaraciones del candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló que en caso de llegar a La Moneda analizará la posibilidad de concederles un indulto a los presos de Punta Peuco.

Villagra señaló que «los motivos humanitarios en realidad son un pretexto para la gran batalla política de impedir que la impunidad se vuelva a reinstalar en Chile, como estuvo durante todo el régimen militar y buena parte del periodo posterior a la dictadura».

«Lo que se les debe asegurar a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco es un trato digno dentro de la cárcel, pero igual a cualquier otro preso», dijo.

«Y esos criterios no se le aplican en Chile a los presos comunes y mucho menos, digamos, a presos que estuvieron involucrados en actos de resistencia en la dictadura. Todos recordamos situaciones como personas heridas de gravedad esposadas a las celdas, y no fue solo en la dictadura», planteó el abogado constitucionalista.

«Hay que decirle a ese candidato que la gente que está recluida allí es porque cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significan los crímenes de lesa humanidad? Significa que son administrables e imprescriptibles. Es decir, se pueden perseguir en cualquier momento y en cualquier lugar y no hay medida administrativa, como puede ser una amnistía, que les pueda beneficiar», señaló por su parte Juana Aguilera.

«Por supuesto es necesario decir que ellos no están ahí por ser los dulces señores de edad, viejitos, enfermos, sino que están allí porque hay documentado en Chile por dos comisiones de verdad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig, 1990-1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech, 2003-2004) que  41.467 personas e vivieron las consecuencias del terrorismo de Estado a manos de esa gente, y que hay 1.469 personas detenidas y desaparecidas. Hoy día en el Estado de China solo se conoce el destino final de 307 personas. Porque esta gente guardó silencio respecto de lo que hicieron con los detenidos desaparecidos y de decir dónde están. ¿Qué hicieron con ellos después?, Hay 2.058 personas que fueron ejecutadas siendo prisioneras a sus manos y hay más de 38.500 personas que pudieron testimoniar que fueron torturados a manos de estas personas. Entonces no estamos hablando de un exceso, estamos hablando de miles de personas», afirmó la  presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.

«Entonces, aquí no estamos hablando de gente que estaba parada en la esquina y tuvo la mala suerte de ser detenida, no. Estamos hablando de gente que el sistema de justicia, que es un sistema clasista y discriminatorio, los condena a más de 100 años de cárcel. Por ejemplo, Miguel Krassnoff Martchenko ha estado en 127 juicios en los que ha obtenido 1.197 años de condena. Si él fuera una persona inocente, primero no estaría juzgado en 127 juicios y no habría logrado acumular por el sistema de justicia, que es totalmente a su favor, 1.197 años de condena. Manuel Contreras se murió y hasta el momento que se murió ya llevaba 950 años de condena; Pedro Espinoza llevaba 948 años de condena y Marcelo Morembrito, 754 años de condena», recordó.

«Ellos fueron los ejecutores de una política de exterminio, una política genocida contra el pueblo de Chile. Entonces, esa gente no puede ser amnistiada, no puede hacerse una ley que burle al sistema internacional de lucha y de protección de los derechos humanos y contraria a los crímenes de lesa humanidad. Porque el derecho internacional castiga los crímenes de lesa humanidad es que Pinochet fue capturado en Inglaterra por una orden de captura internacional», subrayó.

¿El fin de Punta Peuco?

El recinto de Til Til alberga a alrededor de 130 condenados por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar y estuvo cerca de ser cerrado durante la segunda administración de Michelle Bachelet, situación que finalmente se daría bajo la gestión del presidente Gabriel Boric.

Recientemente, el jefe de Estado confirmó el cierre del carácter especial de Punta Peuco, indicando que dicho recinto, creado para violadores de los derechos humanos, pasará a ser un establecimiento común.

Según dijo mandatario en la Cuenta Pública 2025, «en 1995 se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura: la cárcel de Punta Peuco. Desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento», aseguró.

Boric señaló que la cárcel de Punta Peuco dejará «su condición especial, transformándose en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería».

Para el abogado Hiram Villagra, la clave de esta medida está en la voluntad política:

«Si se cierra Punta Peuco, será un avance para la democracia. Pero debe hacerse con firmeza, sin negociar con quienes aún defienden la dictadura», afirmó.

«Si Punta Peuco se acaba, va a ser claramente un mejoramiento de la calidad de nuestra vida cívica y de nuestra democracia», agregó.

«Hoy día, el gobierno de Gabriel Boric se propone cerrar esta cárcel, pero en el fondo lo que va a cerrar es la exclusividad de esta prisión para estos criminales de lesa humanidad. Lo que van a hacer es que los van a mezclar seguramente con población penal común, de bajo riesgo. Gente que comete, no sé, supongo yo delitos financieros, fraudes económicos, porque seguramente a esta gente no la van a mezclar con otros criminales que existen en la población penal común. Entonces lo que van a hacer es densificar seguramente esta prisión», planteó por su parte Juana Aguilera,

Punta Peuco es más que una cárcel: es un símbolo de la desigualdad ante la justicia, de la impunidad negociada y de la batalla entre memoria y negacionismo.

Mientras las víctimas y sus familias siguen esperando verdad y reparación, este penal sigue en pie, recordando que, en Chile, la sombra de la dictadura aún no se disipa por completo.