El 19º Juzgado Civil de Santiago acogió el reclamo de la Inmobiliaria San Valentino SpA y ordenó la inscripción de la escritura pública de compraventa de la ex clínica Sierra Bella, firmada el 20 de enero de 2023, obligando al Municipio de Santiago, a concretar la adquisición del inmueble valorizado en más de $8.200 millones.
El fallo representa un severo revés para la administración del actual alcalde, Mario Desbordes (RN), quien ha cuestionado e intentado anular esta transacción.
La sentencia, dictada por el juez suplente Álvaro Cayuqueo, establece que debe prevalecer el respeto a la ley y la libre circulación de bienes, principios fundamentales del ordenamiento jurídico y que “nadie puede ir contra sus propios actos ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado”.
En su fallo, descartó que la omisión de la cédula de identidad de la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) en la escritura resultara un motivo para invalida la operación, considerando este hecho como un mero defecto formal subsanable.
La Inmobiliaria San Valentino SpA celebró el fallo a través de un comunicado, en el que destacó el trabajo de su equipo legal liderado por Álvaro Awad. La empresa reiteró que en la transacción “no hubo actos de corrupción” y recordó que el inmueble fue vendido bajo la autorización del Concejo Municipal para la instalación de un Cesfam (Centro de Salud Familiar).
Antecendentes del caso Sierra Bella
La polémica se remonta a la firma del contrato en enero de 2023. Aunque la operación estaba formalmente pactada y la municipalidad incluso había cursado un vale vista por un tercio del valor total (unos $2.733 millones), el Conservador de Bienes Raíces se negó a inscribir la propiedad, paralizando todo.
La transacción quedó en el centro de cuestionamientos sobre un presunto sobreprecio y acusaciones de coordinación para defraudar al Fisco. No obstante, estas investigaciones no prosperaron. La Fiscalía Norte, a cargo del fiscal Patricio Cooper, cerró formalmente la investigación contra la exalcaldesa Hassler en junio pasado por falta de evidencias. Este cierre fue un primer golpe para los argumentos de la actual administración municipal.
Hassler había sido imputada por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en la causa relacionada con la fallida compra del inmueble. Sin embargo, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper anunció que no perseveraría en la investigación, argumentando que «no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal».
La exjefa comunal que fue involucrada en las indagatorias tras la querella presentada por personeros del Partido Republicano, señaló que esta acción se trató de un montaje en el que se utilizó a “la justicia para hacer acusaciones falsas y tener este tema en la opinión pública por más de dos años”.
Asimismo, aseguró que Desbordes tuvo acceso a información reservada y la hizo pública mediante una querella
«Él recibió información reservada y él mismo lo dijo. Después buscó ir cambiando la versión, pero el mismo lo dijo en una entrevista con Mónica Rincón, que había recibido esta información y después además que la puso en una querella y que la envió a distintos medios de comunicación, con conversaciones privadas que no estaban en ningún otro lugar y que no habían salido publicadas en los medios de comunicación. Es decir, solo estaban en informe reservado al cual él no tenía derecho a acceder», expuso Hassler.
Nuevo revés para Desbordes
Cabe recordar que en agosto pasado la Corte de Apelaciones de Santiago excluyó a diputados, un concejal y al municipio de Santiago del caso Sierra Bella, al determinar que no tenían legitimidad para intervenir en la reclamación de inscripción. El fallo retrotraía el proceso y pese a representar un revés para la Municipalidad, en ese momento indicaron que insistirían en anular el contrato.
Frente a este nuevo revés judicial, el alcalde Mario Desbordes anunció que la municipalidad emprenderá todas las acciones legales necesarias para revertir la sentencia, ya que aseguró que el fallo obligaría al municipio a pagar $8.200 millones por una propiedad que, en su evaluación, “vale solo $2.000 millones”.
“¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el municipio, si no lo frenamos, debería pagar 8 mil millones por algo que vale 2 mil millones de pesos”, afirmó, al tiempo que calificó la decisión judicial como “del todo inaceptable”.
“Evidentemente que hay una actitud inaceptable de parte del vendedor y vamos a buscar todas las acciones, incluso penales, respecto del vendedor. No es lógico, no es razonable vender en 8.000 lo que vale 2.000, ni tampoco es aceptable que un tribunal pretenda que no podemos ser parte en una causa en donde el municipio está evidentemente arriesgando sus finanzas”, enfatizó, citado por El Mostrador.
De acuerdo con el edil, buscarán alternativas para revertir el fallo.
«Vamos a recurrir a este fallo y vamos a impulsar con fuerza el juicio civil paralelo en donde se está discutiendo la lesión enorme», señaló.
En la actualidad se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones un recurso presentado por la Municipalidad, que busca dar continuidad a dicho juicio civil en el que actúa como demandante, , con el fin de obtener la nulidad del contrato celebrado entre el municipio y la inmobiliaria.
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