Trágica aparición

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Por Wari

24/09/2012

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S.M.L. identificó a cuatro detenidos desaparecidos

Así de frío y objetivo: el estudio de unos 200 fragmentos óseos permitió saber que pertenecían a los militantes del Partido Comunista, Fernando Ortíz, Lincoyán Berríos y Horacio Cepeda y al integrante del MIR, Ángel Guerrero, detenidos desaparecidos hace 36 años. Víctimas de las más siniestras torturas aplicadas por agentes de la Dina en el Cuartel de Simón Bolívar, en hechos que actuales personeros de RN y la UDI negaron en su momento.

Llegaron las horas y los días que nunca debieron llegar. El fin de un episodio cruel. Treinta y seis años de una espera tormentosa y dolorosa originada en una política de exterminio implementada por el Estado chileno en manos de la dictadura, avalada por civiles que hoy militan en Renovación Nacional y la UDI. En julio de este año, el Servicio Médico Legal logró identificar -en base a unos 200 fragmentos óseos- a cuatro detenidos desaparecidos que fueron arrestados por la Dina, torturados siniestra y salvajemente y arrojados sus cuerpos a un foso de la mina Los Bronces en Cuesta Barriga. Más tarde, en otra muestra de prepotencia y alevosía, denominaron “operación traslado de televisores” el hacer desaparecer ya no a las personas vivas sino sus restos, para eliminar rastros de las víctimas. Pero la verdad llegó.

Se trata de Fernando Ortíz, Lincoyán Berríos y Horacio Cepeda, integrantes de la dirección nacional del Partido Comunista, arrestados en 1976, y del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Ángel Guerrero. Sus familiares, amigos y compañeros pudieron realizar el homenaje y los funerales de esos militantes antidictatoriales el fin de semana del 28 y 29 de julio recién pasado.

En los casos de Ortíz, Berríos y Cepeda se comprobó que estuvieron detenidos en el Cuartel de la Dina de calle Simón Bolívar, sometidos a salvajes tormentos que incluyó la aplicación de técnicas de torturas a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas que usaron para esos fines dineros del presupuesto público y obedecieron a los altos mandos militares. Mientras civiles que hoy son parlamentarios, ministros y militantes de RN y la UDI negaban los hechos, se mantenían indiferentes o respaldaban el actuar del “gobierno militar”.

El viernes 27 de julio los restos de los tres comunistas fueron llevados a la casa Museo Delia del Carril, donde recibieron el homenaje de organizaciones sociales y políticas, personalidades de la cultural y las artes, de entidades sindicales y estudiantiles y, por cierto, de sus familiares, principalmente hijos/hijas y nietos/nietas. Ese día se efectuó una actividad al atardecer y el sábado 28 se realizaron los funerales en el Memorial del Detenido y Ejecutado Político en el Cementerio General al cual concurrió más de un centenar de personas.

Estela Ortíz, hija de Fernando Ortíz, se refirió a las responsabilidades de esas fechorías cometidas durante la tiranía: “El problema hoy día lo tienen ellos, pero no sólo los agentes de seguridad que fueron responsables de estas detenciones, torturas y asesinatos, sino también los civiles que se esconden y que no son capaces de dar la cara y asumir la responsabilidad. Los responsables intelectuales del terrorismo de Estado, del golpe militar, quienes hoy son capaces de ir al Caupolicán a rendir un homenaje a (Augusto) Pinochet. Avergüenza a nuestro país, diciendo que no se arrepiente y que volvería a hacer lo mismo, el general Matthei”.

Añadió que “yo creo que eso nos muestra el largo camino que nos queda por recorrer para demostrar primero, como dijeron en Naciones Unidas, que es mentira que ellos no existían, ellos existieron; que era mentira que ellos estuvieron detenidos, los detuvieron; que es mentira que a ellos los tenían en algún recinto de seguridad, y los tenían en un recinto de seguridad, tan escondido que recién hace menos de 10 años pudimos saber dónde estuvieron; que quienes son dueños de la mentira son los mismos que asesinaron y mintieron y que, desgraciadamente, hoy muchos de ellos están en diferentes cargos, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y todavía quedan en la Corte Suprema y Apelaciones, gente que no fue capaz de cumplir su rol como debiera haberlo cumplido”.

Bárbara Cepeda, hija de Horacio Cepeda leyó un comunicado a nombre de las tres familias en el que se manifestó: “Concluye una larga espera que como familia hemos vivido desde diciembre de 1976, fecha en que Fernando Ortíz, Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos y otros ocho compañeros militantes del Partido Comunista; Armando Portilla, Fernando Navarro, Luis Lazo, Reinalda Pereira, Waldo Pizarro, Héctor Veliz, Lisandro Cruz y Edgar Pinto; dos compañeros del MIR, Santiago Araya y Carlos Durán, fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes de la Dina. Hoy sabemos que fueron llevados al cuartel de calle Simón Bolívar donde fueron asesinados”.

Antonia Cepeda, otra de las hijas de Horacio, dijo a El Ciudadano que tanto su padre como Ortíz y Berríos “le porfió a la muerte y nos dejó parte de sus restos en aquel pique de Cuesta Barriga para volver a nosotros y darle sepultura”. Manifestó que en estos días “mis sentimientos son de horror y perplejidad frente a los tormentos a los cuales fue sometido y a la constatación que sus victimarios aún circulan libremente por las calles, entre nosotros, entre sus nietos, entre sus vecinos, entre los ciudadanos de nuestro país. Impotencia por la responsabilidad que le cupo al Poder Judicial de la época, que no actuó en forma oportuna para salvarle la vida a mi padre”. Indicó enfática que “no habrá total reparación mientras no se dicte sentencia a sus victimarios, mientras las Fuerzas Armadas, los distintos poderes del Estado, los distintos partidos políticos, hagan un reconocimiento histórico, público frente a la ciudadanía, de que durante la dictadura se violaron los derechos humanos y se establezca un compromiso nacional de en adelante proteger a todos los ciudadanos de la vulneración de sus derechos. La democracia en nuestro país está construida sobre cimientos morales frágiles, ambiguos, que tarde o temprano nos van a pasar la cuenta”.

Por Hugo Guzmán

El Ciudadano Nº130, primera quincena agosto 2012

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