Las más recientes diligencias de la PDI y el Ministerio Público en el marco de la denominada «trama bielorrusa», que incluyeron órdenes de detención en contra del empresario Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, remecieron la causa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Desde el Comité Nacional e Internacional de Justicia para Jadue, compartieron una declaración pública en la que manifestaron su profunda preocupación ante nuevos antecedentes que «confirman persecución política y mediática», en el marco caso Farmacias Populares, por lo que exigieron una revisión del proceso y la restitución de derechos del ex jefe comunal.
Em primer lugar, hicieron referencia a las presiones por parte de la fiscal Giovanna Herrera «—incluida la declaración de un imputado que afirma haber sido chantajeado para incriminar a Jadue—, hechos que comprometen la imparcialidad y la transparencia del proceso».
Cabe recordar que en una entrevista con Radio Bio Bío, Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), quien está imputado en la causa acusó a la persecutora de haberlo presionado para que declarara falsamente contra Jadue, ofreciéndole libertad, al sacarlo de la prisión preventiva en la que se encontraba por más de 100 días, a cambio de inculpar al ex edil en un supuesto cohecho.
Con estas declaraciones, contradijo su testimonio inicial ante el Ministerio Público y expuso irregularidades en la investigación, apoyando la tesis de persecución política y lawfare contra el arquitecto y sociólogo.
Muñoz sostuvo que “cuando estuve preso y tuve que declarar ella literalmente me dijo ‘dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue’ y me ofreció a cambio salir en libertad. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera”.
“Y me tocó mentir. Y yo lo declaro porque ella me dice literalmente ‘y no lo voy a imputar por ese cohecho, así que no se preocupe’. Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”, reconoció el exfuncionario de Achifarp.
Desde el Comité también señalaron que en días recientes, la Fiscalía y Carabineros concretaron diligencias en la llamada “arista/trama bielorrusa” que incluyeron la detención de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —quienes han litigado como querellantes en el caso en contra de Daniel Jadue —, además de Gonzalo Migueles.
«Estos hechos, hoy investigados por presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos, obligan a revisar con rigor la legitimidad de actuaciones que han impactado el caso de Jadue», indicaron.
Trama de la “Muñeca Bielorrusa”
Cabe recordar que según reveló El Mostrador, los hechos ocurrieron cuando Ángela Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala del máximo tribunal y se dieron en el marco del litigio Codelco y Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), por incumplimiento de contrato por parte de la empresa bielorrusa.
Codelco señaló que CBM no logró construir el 23% de las obras encargadas ( remover escombros y realizar construcciones en la División El Salvador) y había un retraso de al menos seis meses, además de un accidente que le costó la vida a uno de sus trabajadores. Por lo que la estatal decidió presentar una querella, cobrar las boletas de garantías y quedarse con sus maquinarias.
En una primera instancia, la Corte de Apelaciones de Copiapó dictaminó que los bielorrusos debían pagar US$ 20 millones, en boletas de garantía, a Codelco. Tras un recurso de protección que fue rechazado, la empresa trasladó la causa a Santiago, ante la Corte Suprema.
Aunque el presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal era Sergio Muñoz, el medio detalló que en ese momento, el magistrado se encontraba de vacaciones, por lo que no participó en la causa, quedando en su lugar su suplente, Ángela Vivanco.
La entonces jueza acogió el recurso de protección y dio vuelta el caso en contra de Codelco, obligando a la «restitución inmediata» de los bienes (máquinas) y la devolución de las boletas de garantía (US$ 20 millones). A esto se sumó otros US$5 millones más por gastos varios.
El medio reveló también que se analizó el caso y la empresa bielorrusa recibió un fallo favorable el 4 de julio, pero el presidente de la Suprema colocó la causa en tabla para su revisión un día después, el 5 de julio. Esto se traduce en que la tercera sala resolvió la causa, cuando no estaba en tabla.
Ante esta situación, la cuprífera estatal pidió la nulidad del recurso de protección, «porque lo vieron antes de que el presidente del máximo tribunal la colocara en tabla y porque el fallo revertía todo lo ganado en las instancias anteriores».
«Pero la Tercera Sala nuevamente falló en contra de Codelco y a favor de CBM, con una aclaración en que consideró como «irrelevante» que el fallo saliera antes de que la causa estuviera en tabla», señaló El Mostrador.
El proceso tuvo apenas una duración de nueve meses, empezó en junio de 2023 y terminó en marzo de 2024, un periodo demasiado reducido para los tiempos judiciales.
Abogados querellantes contra Jadue detrás del recurso por la «Muñeca Bielorrusa»
El exfiscal Carlos Gajardo reveló que los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas Cociña y Gabriel Silbe fueron los responsables de presentar el polémico recurso de protección contra Codelco ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en febrero de 2023, en la causa de la “Muñeca Bielorrusa”, que significó una perdida de US$20 millones a la estatal cuprífera.
La acción legal fue interpuesta ante el tribunal de alzada por por «el cobro arbitrario e ilegal, sin previa información y/o notificación de cuatro Boletas de Garantía Bancaria a la vista tomadas por el Consorcio Belaz Movitec SpA, en el Banco Santander».
En concreto, los abogados solicitaron que se anulara «el cobro arbitrario e ilegal» de las cuatro
boletas de garantía; que Codelco restituyera al Banco Santander la suma de UF 323.854, que le fueron pagadas con motivo del cobro de las boletas; y que se adoptara «de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado (Consorcio Belaz Movitec SpA).
La formalización de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por cohecho, soborno y lavado de activos se lleva a cabo durante esta jornada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Comité de Justicia para Jadue pide investigación objetiva y sin influencias
Ante este escenario, desde el Comité Nacional e Internacional de Justicia para Jadue solicitaron que se amplíe el plazo para que la investigación por el caso Farmacias Populares se lleve a cabo «sin influencias y con total objetividad», para poder garantizar «el debido proceso y la verdad judicial».
«Asimismo, pedimos que se devuelvan de manera urgente los derechos políticos y ciudadanos de Daniel Jadue, incluyendo su derecho a votar, ser candidato, a militar en su partido político y participar plenamente en la vida política del país», indicaron en la declaración pública.
«La justicia no puede seguir siendo usada como herramienta de persecución. Chile merece
procesos transparentes, justos y libres de presiones políticas. Seguiremos levantando la voz hasta que Daniel Jadue recupere su plena libertad y sus derechos ciudadanos», enfatizaron.
