Bolsonaro revoca el decreto que flexibiliza la tenencia de armas de fuego en Brasil

Luego de la polémica y duras críticas a lo interno y en la comunidad internacional, el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió dar marcha atrás a los decretos que permitían la tenencia y el porte de armas en la nación sudamericana.

Estaba previsto que para el 26 de junio el Supremo Tribunal deliberara sobre la constitucionalidad de los decretos del mandatario de ultraderecha, pero este lunes el jefe de gabinete del Gobierno, Onyx Lorenzoni, confirmó la anulación de los decretos, durante una reunión con senadores, informó la cadena de televisión Globo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó este martes el decreto que flexibilizaba la portabilidad y la comercialización de armas, luego del rechazo de parte de la Justicia, el Parlamento, y al menos 14 gobernadores, informó el funcionario.

Los dos decretos fueron publicados en mayo pasado y estaban siendo revisados tanto en el Congreso Nacional como en el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Hoy, los decretos han sido revocados por el mandatario brasileño por recibir el rechazo de los legisladores y parte de la Justicia.

En mayo pasado, el Gobierno de Brasil informó que el decreto rubricado en enero, ya rectificado, prohibía “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles (fusiles, carabinas, escopetas)” al ciudadano común, que solo podría adquirir armas de menor calibre, llamadas “de porte”.

De esta manera, la empresa fabricante de armas Taurus, que sería la principal beneficiaria de estos decretos, perdería la venta de al menos 2000 encomiendas de fusiles T4, una poderosa arma semiautomática calibre 5,56, que se vende en el país sudamericano a partir de 8000 reales (unos 2000 dólares).

En medio de las discusiones del parlamento, el pleno aprobó la semana pasada un parecer de la Comisión de Constitución y Justicia que pide la suspensión de los decretos, al considerar que son inconstitucionales porque invaden las competencias de los parlamentarios y que los cambios que el presidente quiere sacar adelante deberían hacerse a través de una ley salida del Congreso, y no de forma unilateral.

Capricho latente

A pesar del paso atrás, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, anunció en Twitter la posibilidad de un proyecto de ley que regule el porte de armas para propietarios rurales, el cual podría entrar en la agenda de la Cámara de Diputados para que sea votado en régimen de urgencia constitucional.

Como se sabe, los cambios introducidos en mayo pasado aún permiten que los propietarios de áreas rurales puedan adquirir armas de largo calibre y mantenerlas en sus casas, según ha admitido el Gobierno brasileño.

Por su parte, Onix Lorenzoni sostuvo una reunión con los senadores, a quienes avisó que en reemplazo de los polémicos decretos, el mandatario ha editado otros dos nuevos sobre el tema.

Sin embargo, el contenido de ambos proyectos aún no ha sido divulgado oficialmente por el Gobierno.

En retrospectiva

Al asumir su mandato, el presidente brasileño firmó la primera versión del decreto que facilitaba la posesión de armas, modificando la ley de 2003.

El 7 de mayo, Bolsonaro rubricó un decreto complementario, que ampliaba el porte de armas a 20 categorías profesionales, entre las cuales se destacaban agentes de tránsito, residentes en áreas rurales, agentes de la administración penitenciaria o profesionales del sistema socioeducativo.

Sin embargo, hace un mes, el presidente reformuló más de veinte puntos del documento. Pese a considerar las críticas de la comunidad internacional, sostiene que las armas son necesarias para “garantizar” la libertad y el derecho a la legítima defensa de los brasileños.

El mandatario brasileño ha dicho en reiteradas oportunidades que desea facilitar la posesión de armas a los “ciudadanos de bien” para que puedan combatir el crimen.

Tras el pronunciamiento de la Cámara de Diputados en los próximos días, la controvertida medida de Bolsonaro quedará en manos del Tribunal Supremo Federal, que se encargará de estudiar su constitucionalidad.