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Al menos 20.000 garimpeiros invadieron sus tierras

Malaria, Bolsonaro y mercurio amenazan la existencia del pueblo yanomami

Ante el abandono de los militares, los mineros actúan a sus anchas dentro del parque Yanomami, sin ningún tipo de control por parte del gobierno ultraderechista de la nación suramericana


Miles de mineros de oro, conocidos como garimpeiros, han invadido ilegalmente el Parque Yanomami, uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil, ante la mirada indiferente del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Davi Kopenawa, un líder Yanomami, denunció que hay más de 20.000 mineros en esta tierra oficialmente demarcada por el Ejecutivo en 1992, y que cubre 37.320 kilómetros cuadrados de selva en los estados de Roraima y Amazonas, cerca de la frontera con Venezuela.

Por muchos años no había ocurrido una incursión de esta escala, lo que trae recuerdos del terrible período de finales de los ochenta, cuando unos 40.000 mineros de oro se mudaron a esta región y cerca de una quinta parte de la población indígena murió en solo siete años debido a la violencia, la malaria, la malnutrición y el envenenamiento por mercurio, entre otras causas.

Un campo minero ilegal dentro del territorio Yanomami. Foto: Mongabay

Kopenawa planteó que aunque se quiere hacer creer que estas operaciones son artesanales, se trata de operaciones de gran escala.

“Es probable que la nueva camada de mineros sea de hombres subordinados, bien financiados y respaldados por empresarios acomodados que les pagan o les dan una parte de la producción, al tiempo que los proveen de dragas prestadas, removedores de suelo, maquinaria pesada y aviones para llevar provisiones y sacar el oro por aire”, advirtió la periodista Sue Branford, en un artículo publicado por el portal Montgabay Latam.

Mineros ilegales explotando oro en territorio yanomami. Foto: La Vanguardia.

“Los mineros solo traen problemas”

La situación cada día se hace más grave, ya que los mineros están contaminando los ríos de la reserva con mercurio, erosionando las orillas de estos, cortando la selva, espantando a los animales que cazan los indígenas y destruyendo las pesquerías, mientras que incitan a las mujeres locales a ejercer la prostitución.

La minería crea piscinas grandes de agua estancada, que son causantes de la reproducción de los insectos que esparcen la malaria. “Solamente traen problemas. La malaria está aumentando. Ya mató a cuatro niños de la región Marari”, condenó Kopenawa

Los pueblos aislados de la reserva también están amenazados por impactos potencialmente devastadores, ya que los mineros pueden infectarlos con enfermedades occidentales, en ocasiones mortales, para las que no tienen resistencia.

Buena parte de la selva se ha deforestado para construir tres pistas de aterrizaje y tres minas a cielo abierto, todas ilegales, en lugares donde suelen habitar estos grupos indígenas.

“Hay muchos indígenas aislados, sé que están sufriendo. Quiero ayudar a mis parientes. Es muy importante que se les deje vivir en su tierra sin ser molestados”, señaló Kopenawa.

El mercurio utilizado en la minería ilegal contamina el agua y promueve enfermedades. Foto: La Vanguardia.

Júlio Ye’kuhana, vocero de la Asociación Seduume y representante de los ye’kwana, un grupo indígena más pequeño que vive junto a los yanomami, relató que estas comunidades le han pedido a los mineros que se vayan de sus tierras, pero se han encontrado con respuestas violentas

Han estado profiriendo amenazas violentas en contra de ellos desde entonces. Así que ahora su comunidad mantiene la cabeza abajo. Los mineros están todos armados con pistolas y escopetas”, indicó.

Hasta hace poco el Ejército brasileño tenía dos bases de monitoreo a lo largo de los ríos más grandes del parque, el Mucajaí y el Uraricoera, ambos usados por los mineros como rutas de entrada.

Aunque los yanomami se quejaban de que el Ejército no hacía lo suficiente para mantener fuera a los mineros, la existencia de las bases por lo menos disuadía a algunos invasores. La situación empeoró a finales del año pasado cuando el Ejército cerró estas bases, argumentando que sus recursos estaban sobrecargándose por las “decenas de miles” de refugiados que corrían a Brasil desde Venezuela.

Ante el abandono de los militares,  los mineros actúan a sus anchas dentro del parque Yanomami, sin ningún tipo de control.

“Posiblemente envalentonados por las políticas antiindígenas de Bolsonaro y por las grandes reducciones de esta administración al presupuesto operativo de las fuerzas del orden en la Amazonía, los mineros -incluso- se han atrevido a establecer una villa dentro del parque, en una región llamada Tatuzão do Mutum”, denunció Sue Branford en su artículo.

Pueblos indígenas protestan contra la política de tierras de Bolsonaro en Brasil. Foto: El Periódico.

No más tierras indígenas

Para los yanomami, Bolsonaro desde antes de ser electo Presidente incitó la invasión, ya que durante su campaña destacó la experiencia de su padre como minero de oro y dijo repetidamente que los grupos indígenas tenían demasiada tierra.

Luego, llega al poder y en una entrevista transmitida por Facebook, acompañado de unos pocos yanomami, el ultraderechista anunció el pasado 17 de abril, que la minería a gran escala y el monocultivo extensivo —es decir, el agronegocio industrial— deberían ser permitidos en el territorio indígena, incluido el parque Yanomami.

Los indígenas no deberían seguir viviendo pobremente sobre tierras ricas. En Roraima hay trillones de reales bajo su tierra [en forma de riqueza mineral]”, dijo Bolsonaro en esa oportunidad.

Pese a la tragedia de los incendios de la Amazonía, producto de la deforestación de los grandes agricultores y mineros, el Mandatario continúa firme en su postura de proteger los intereses de los grandes grupos económicos, los mismos que apoyaron su camino al Palacio de Planalto.

El pasado viernes, reafirmó que no habrá más reservas indígenas durante su mandato porque hay “mucha tierra y pocos indígenas”.

En declaraciones a la prensa, cargó contra la política de reservas indígenas, que representan el 14 % del territorio nacional y están contempladas en la Constitución.

Mi decisión es no demarcar más tierras para los indígenas. Aquellas que fueron demarcadas en forma irregular serán revisadas. Los indígenas quieren ser parte de la sociedad”, sostuvo y defendió su avanzada para permitir en reservas naturales y ambientales la explotación económica como la minería y el agronegocio.

A juicio del Mandatario, las reservas indígenas “inviabilizan” Brasil.

Es mucha tierra para pocos indígenas y sin lobby. ¿Cuál es el interés detrás de eso?”, dijo Bolsonaro, citado por La Nación, haciendo a los movimientos ambientalistas que defienden la demarcación de las tierras.

Los indígenas están claros: el Mandatario ultraderechista no tiene el menor interés en defender sus derechos y por eso los proyectos mineros que tanto promueve no los beneficiarán en nada.

“El oro debe permanecer debajo del suelo”, declaró Roberval, miembro de Ayrca (una organización indígena) de la región de Maturacá. “Queremos mejores ingresos, pero con nuestros propios proyectos”, afirmó citado por Mongabay.

Bolsonaro debe ir a la cárcel

El líder indígena brasileño Ailton Krenak aseguró que Jair Bolsonaro debe recibir una condena internacional por su ofensiva contra las reservas indígenas, que pretende abrir a la minería y la agropecuaria, con riesgo para la selva amazónica y el equilibrio del clima en el planeta.

“En un contexto de cambios climáticos, la responsabilidad de los pueblos -incluyendo los indígenas- es disminuir la intensidad de las actividades en regiones donde la ecología tiene un papel regulador del clima, como ocurre con la Amazonía y otras regiones. Ese tipo de comentario es una ofensa y debería ser castigado con una condena internacional”, afirmó Krenak, en declaraciones a la agencia de noticia francesa AFP.

Amnistía internacional exige acciones

Amnistía Internacional está consciente del poco interés del Gobierno brasileño en defender el medio ambiente y los sectores de la población más excluidos y lanzó una campaña para presionar a Bolsonaro a incrementar la protección de los territorios indígenas y las reservas ambientales.

Para esta organización, los devastadores incendios de la Amazonia son el reflejo de una crisis mayor, ocasionada por  las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras.

Amnistía Internacional advirtió que la situación que atraviesa Brasil es tanto una crisis ambiental como una crisis de derechos humanos. Foto: Pixabay.

“Sobre el papel, Brasil tiene leyes sólidas para proteger los territorios indígenas y las reservas ambientales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro ha socavado activamente estas protecciones y la consecuencia de ello es la devastación que vemos hoy”, denunció Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

El pasado 29 de agosto, el Jefe de Estado firmó un decreto que prohibía las quemas con fines agrícolas durante 60 días como parte de la respuesta del Gobierno a la crisis, pero para el movimiento global, esta medida no es suficiente para enfrentar y prevenir esta tragedia.

“Si bien el presidente ya ha firmado un decreto que prohíbe temporalmente la quema para preparar las tierras con fines agrícolas, esto no elimina la posibilidad de que haya más incendios, ya que ha tomado muy pocas medidas para desalentar o impedir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras que los provocan”, sostiene Naidoo.

“Las autoridades brasileñas deben investigar y procesar de inmediato a los responsables de estos incendios catastróficos, ya que de lo contrario asistiremos a su agravamiento durante el mandato del presidente Bolsonaro.”

Naidoo señaló que la decisión de enviar al ejército y prohibir brevemente las quemas son sólo soluciones provisionales para un problema mucho mayor.

“Más allá de combatir los incendios, Brasil necesita aplicar sus propias leyes, incrementar la vigilancia y aumentar las patrullas que vigilan las confiscaciones ilegales de tierras en zonas protegidas y territorios indígenas, e investigar los abusos contra los derechos humanos y exigir cuentas a sus responsables”, dijo.

Amnistía Internacional advirtió que la situación que atraviesa Brasil es tanto una crisis ambiental como una crisis de derechos humanos, que afecta directamente a las comunidades indígenas.

“Por el bien de la selva amazónica, de los pueblos que en ella habitan y del resto del mundo que depende de ella para su estabilidad climática, Brasil debe hacer más para combatir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras”, señaló Naidoo.

Mientras Bolsonaro sigue firme en sus políticas que destruyen, deforestan, contaminan y enferman al Amazonía y su pueblo, el rechazo a su Gobierno no hace más que aumentar.

Según una encuesta divulgada este domingo por el diario Folha de Sao Paulo, el 51 % de los brasileños determina como “malo” o “muy malo” el desempeño del Mandatario, especialmente en la lucha contra la deforestación y quema de la Amazonía. 

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