Ausentes por falta de recursos: Familiares de las víctimas de Senkata no estarán en la audiencia de la CIDH

La pregunta que se hacen muchos bolivianos es: ¿Si los cuerpos de seguridad de la nación andina no están involucrados en la masacre de Senkata, por qué Jeanine Áñez buscaba privar a los familiares del derecho de acudir a instancias internacionales para que se investigue y se haga justicia?

Por El Ciudadano

06/03/2020

Publicado en

Bolivia / Latinoamérica

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Senkata

La falta de recursos económicos de los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata impidieron que viajaran a Haití, nación en la que se desarrolla el 175 Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la que se tiene previsto analizar y discutir la violación de derechos humanos en el país altiplano.  

Según el medio, La Razón, tres familiares debían ir a Haití para dar su testimonio sobre los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2019, en una audiencia de la CIDH, pero desistieron del viaje debido a que no consiguieron dinero para pasajes y gastos generales; aproximadamente unos Bs. 25.000 (USD 3.626,03) para participar de la sesión.

La audiencia será este viernes y el procurador del gobierno de facto, José María Cabrera, ya se encuentra en la nación caribeña para fijar la posición del «Estado» sobre lo ocurrido y reclamar a la CIDH su ausencia en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales pese a las denuncias.

Emma Bolshia Bravo Caldera y su esposo Andrés Gautier del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI), serán quienes representen a los familiares de Senkata, informó a La Razón el representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos y Heridos de la Masacre de Senkata-El Alto, David Inca.

Ambos profesionales ya fueron interiorizados del caso y serán quienes expongan la denuncia.

De acuerdo a la agenda, están inscritos como participantes representantes del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI); Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional El Alto (APDH‐REA); Asociación de Víctimas Fallecidos y Heridos de la Masacre de Senkata El Alto (AVFH‐MSEA); Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (FETCTC); Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE); Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Fundación Jubileo; Ex defensores del Pueblo; Plataforma de los Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras y el International Human Rights Clinic at Harvard Law School.

En Senkata tras la renuncia de Morales, perdieron la vida once personas por herida de bala, cuando fuerzas policiales y militares rompieron un bloqueo a la planta de hidrocarburos para abastecer de carburantes a La Paz. En Sacaba perdieron la vida 10 personas, parte de los cocaleros que buscaban pasar un cerco de policías y militar para llegar a Cochabamba y apoyar a Evo Morales.

Sin embargo, Áñez aseguró que luego de las «investigaciones» se determinó que los calibres de armas de fuego encontradas en la escena del crimen, no corresponden con las que utilizan los cuerpos de seguridad en Bolivia.

La pregunta que se hacen muchos bolivianos es: ¿Si los cuerpos de seguridad de la nación andina no están involucrados en la masacre de Senkata, por qué Jeanine Áñez buscaba privar a los familiares del derecho de acudir a instancias internacionales para que se investigue y se haga justicia?

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