El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó a cumplir su histórica condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en contra del actual Mandatario Lula Da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023.después de que la Corte Suprema declarara el martes agotadas todas las vías de apelación.
El exmandatario (2019-2022) se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador. Aunque su defensa alegó un episodio de “confusión mental” provocado por medicamentos, el máximo tribunal brasileño rechazó esa versión.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso y al que el bolsonarismo considera su peor enemigo, no atendió la solicitud de la defensa de que se le permitiera cumplir el castigo en prisión domiciliaria, argumentando que el capitán del Ejército en reserva padece recurrentes crisis gastrointestinales y de hipo, secuela de una puñalada que sufrió en 2018.
Sin embargo, Moraes decidió que Bolsonaro no fuera internado en una cárcel de máxima seguridad o en una prisión militar y en consecuencia permanezca en la principal sede policial de Brasilia, en una habitación de unos 12 metros en la que dispone de una cama, una mesa, televisor y aire acondicionado. En condiciones similares a las dispensadas en 2018 al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
27 años de cárcel por intento de golpe de Estado
Cabe recordar que en sentencia dictada el pasado 11 de septiembre por la Corte Suprema, el ultraderechista fue encontrarlo culpable de haber operado para impedir la investidura Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de octubre de 2022.
La sentencia contra Bolsonaro, adoptada por 4-1, le condenó por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho, liderar una organización criminal, daños a bienes públicos y al patrimonio protegido
Según los antecedentes, la operación incluyó el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado que fue perpetrado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de ultraderecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al líder progresista, quien había asumido una semana antes.
De acuerdo con la fiscalía, la trama golpista también incluía el asesinato de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Sin embargo, estos delitos no se consumaron debido a la falta de apoyo de altos mandos militares.
Cuatro de los cinco jueces del panel del máximo tribunal votaron por condenar al expresidente a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos, entre ellos participar en una organización criminal armada, intentar abolir violentamente la democracia y organizar un golpe de Estado.
Junto a Bolsonaro, también fueron condenados algunos de sus colaboradores y los militares que lo apoyaron en su acción criminal. Entre ellos destaca Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y uno de sus hombres de máxima confianza , quien fue condenado a 26 años de prisión, con inicio en régimen cerrado.
Otros condenados son Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y figura clave del ala militar; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de órdenes y delator que aportó pruebas decisivas sobre la trama.
Braga Netto, Heleno, Nogueira y Garnier ya se encuentran encarcelados, en su caso en dependencias castrenses., mientras que un quinto condenado, policía y antiguo ministro Anderson Torres, entró en el ala destinada a los agentes de una cárcel civil.

Bolsonaro: Un futuro tras los barrotes
Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar.
Este hecho histórico ha sido destacado por la prensa brasileña. «Los golpistas siempre quedaron impunes, tanto en el poder como fuera de él. Ahora, por primera vez, los oficiales que traicionaron la Constitución comenzarán a pagar por sus crímenes», indicó el columnista Bernardo Mello Franco en el diario O Globo, según consignó El País.
Si el expresidente Bolsonaro tuviera que cumplir toda la pena entre rejas, saldría con casi 100 años de prisión. La legislación penal brasileña, muy volcada en la reinserción social, contempla que en un caso tan grave como este, el preso cumpla un 25% en régimen cerrado (lo que se traduce para él en seis años) antes de pasar a una semilibertad que permite salir a trabajar. El ultraderechista estaba inhabilitado desde 2023 para concurrir a las elecciones, y desde agosto pasado, en prisión domiciliaria y con veto de usar redes sociales.
La desaparición de la escena pública y el mutismo impuesto por el juez le ha debilitado políticamente. Los esfuerzos de sus hijos y de su partido para impulsar, en el Congreso, una ley de amnistía o una reducción de pena que le librara del trago de la cárcel o lo suavizara han resultado fracasados por el momento.
Con Bolsonaro tras las rejas, Brasil no solo encarcela a un expresidente por tercera vez en su etapa democrática –tras Lula, cuyas condenas fueron anuladas, y Fernando Collor de Mello (actualmente n prisión domiciliaria)–, sino que sienta un precedente histórico: la justicia puede alcanzar a los más poderosos, incluso a aquellos que intentan quebrar la democracia desde sus más altas instituciones.

