En el Supremo Tribunal Federal

Juez Moraes niega petición de libertad provisional para Lula Da Silva

Quien decidirá ahora cuándo se juzgará la petición de Lula será la presidenta de la corte, Carmen Lúcia Antunes, quien hasta el momento no dio fecha

Por Chevige González Marcó

29/06/2018

Publicado en

Brasil / Política

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Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, negó la más reciente petición de libertad provisional que habían presentado los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

«No existe ilegalidad en el acto impugnado», escribió De Moraes en su decisión, negando el recurso de la defensa de Lula, que cuestionaba que el juez Edson Fachin (encargado de los casos de la operación Lava Jato y por tanto del caso de Lula) hubiera delegado al plenario del Tribunal la petición de libertad.

Los abogados de Lula querían que la petición de libertad fuera evaluada por una parte de los jueces del Supremo, conocido como «el segundo grupo», pero Fachin decidió remitir el caso al plenario, donde deciden todos los magistrados.

De Moraes consideró que el reglamento interno del Supremo permite el envío de procesos al plenario por parte del relator del caso, por lo que afirmó no haber visto ninguna ilegalidad y rechazó el recurso de la defensa de Lula.

Julio de vacaciones judiciales

De esta forma, quien decidirá ahora cuándo se juzgará la petición referente a Lula será la presidenta de esta corte, Carmen Lúcia Antunes, quien hasta el momento no dio una fecha, pero es probable que sea en agosto, dado que en julio el tribunal cierra por vacaciones.

Lula fue condenado, sin pruebas razonables, a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero y está preso desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba (al sur de Brasil).

El líder izquierdista es el precandidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones generales de octubre, para las que parte como favorito en todos los escenarios.

Sin embargo, es poco probable que pueda concurrir a los comicios, dado que la Justicia Electoral prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

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