Colombia: investigan entierro de miles de cadáveres sin identificar

La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas investigan sobre las más de dos mil personas sin identificar enterradas en cementerios de los Llanos Orientales colombianos.

La pesquisa se lleva a cabo tras la presentación del informe Desenterrar La Verdad en los Llanos Orientales, el cual recoge violaciones a derechos humanos, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Meta, Guaviare y Caquetá

Según el documento, en cinco cementerios de esa zona del país se han encontrado 2.304 cuerpos no identificados, de los cuales 1.674 fueron reportados por el Ejército como bajas en combate.

Iván Cepeda, de la Comisión de Paz del Senado, hizo referencia a las descripciones sobre cómo fueron llevados los cadáveres en camiones hasta el cementerio y enterrados sin mayores procedimientos técnicos.

Esos cadáveres fueron exhumados y sometidos a un proceso de identificación. «Poco a poco fuimos descubriendo una realidad macabra: que no solamente en los cementerios del Meta, sino también en los de Guaviare habían sido enterrados más de dos mil cadáveres de personas sin identificar que el Ejército Nacional decía que eran personas que habían sido muertas en acciones de la fuerza pública contra la guerrilla», señaló Cepeda.

Tenemos la esperanza de que nos ayudarán a encontrar esa verdad que nos ha sido esquiva desde las instituciones, expresó José Murillo, víctima del conflicto.

Este informe de las víctimas es una nueva puerta que se abre para la verdad, la justicia y la reconciliación, apuntó por su parte el magistrado Alejandro Ramelli.

En junio pasado, dos ONG, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron un informe dirigido a la JEP, en el que se documentan 164 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército de Colombia entre 2002 y 2008 en la región Caribe de Colombia.

Las ONG detallaron que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran indígenas de los pueblos wiwa, wayuu y kankuamo, además de campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de extrema vulnerabilidad social.

Ambas organizaciones señalaron que su objetivo es que la información suministrada sirva para contrastar con las versiones de los exintegrantes del Ejército que han comparecido voluntariamente ante la justicia transicional.