Crónica del Golpe de Estado en Perú: Castillo detenido y el pueblo exige asamblea constituyente

La élite peruana está fuertemente atrincherada en el Congreso y controla todas las instituciones estatales clave (el poder judicial, el ejército, la policía), las organizaciones empresariales altamente influyentes (en particular, la Confederación de Empresarios Privados - CONFIEP) y, sobre todo, la totalidad de los principales medios de comunicación.

Por Absalón Opazo

18/12/2022

Publicado en

Latinoamérica / Política / Portada

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Por Francisco Domínguez

Finalmente ocurrió. El 7 de diciembre de 2022, la dictadura parlamentaria que gobierna Perú consiguió llevar a buen puerto su principal prioridad: derrocar al presidente democráticamente elegido, Pedro Castillo Terrones.

Castillo, un maestro rural de primaria, elegido para el cargo más alto de Perú en julio de 2021, se enfrentó desde el primer día a la implacable hostilidad de la oligarquía peruana.

La élite peruana está fuertemente atrincherada en el Congreso y controla todas las instituciones estatales clave (el poder judicial, el ejército, la policía), las organizaciones empresariales altamente influyentes (en particular, la Confederación de Empresarios Privados – CONFIEP) y, sobre todo, la totalidad de los principales medios de comunicación.

Independientemente de las evidentes deficiencias y errores de la presidencia de Castillo, su destitución representa un grave revés para la democracia en Perú y en toda América Latina.

Su elección el año pasado se produjo en el marco de una crisis de credibilidad y legitimidad de un sistema político contaminado por la corrupción y la venalidad en el que los presidentes de la república se vieron obligados a dimitir acusados de corrupción (algunos acabaron en la cárcel), y uno de ellos se suicidó antes de ser detenido por cargos de corrupción. En los últimos seis años Perú ha tenido seis presidentes.

La podredumbre estaba tan avanzada que ningún partido político o político de la corriente dominante pudo reunir suficiente apoyo electoral para lograr ganar la presidencia en 2021 (el candidato del principal partido de derechas, Fuerza Popular, obtuvo menos del 14% de los votos en la primera vuelta).

Esto explica en gran medida por qué un desconocido maestro rural de primaria de la remota zona indígena andina de Cajamarca, Pedro Castillo, se convertiría en el 63º presidente de Perú. En Cajamarca, Castillo obtuvo hasta el 72% del voto popular.

La elección de Castillo ofreció una oportunidad histórica para enterrar el neoliberalismo peruano. Yo mismo escribí un artículo con ese pronóstico, que se fundamentaba en el compromiso de Castillo de democratizar la política peruana a través de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución para refundar la nación sobre una base anti-neoliberal.

Una propuesta que, a la luz de la experiencia reciente en América Latina, es perfectamente realizable pero cuya precondición, como han demostrado otras experiencias en la región, es la vigorosa movilización de la masa popular, la clase obrera, el campesinado, los pobres urbanos y todos los demás estratos subalternos de la sociedad. Esto no ocurrió en Perú bajo la presidencia de Castillo.

Irónicamente, las movilizaciones de masa que estallaron en las regiones andinas y en muchas otras zonas y ciudades de Perú cuando se enteraron de la destitución de Castillo confirman sólidamente que ésta era la única vía posible para aplicar su programa de cambio.

Las movilizaciones de masa en todo el país (incluida Lima) exigen una Asamblea Constituyente, la clausura del actual Congreso, la liberación y restitución de Castillo en la presidencia y la celebración inmediata de elecciones generales.

Esto explicaría la paradoja de que la hostilidad de la derecha contra el presidente Castillo, a diferencia de otros gobiernos de izquierda en América Latina, no se produjera porque Castillo emprendiera alguna acción radical de gobierno.

De hecho, la oposición a su gobierno fue tan cegadoramente intensa que casi todas las iniciativas, por triviales o incontrovertibles que fueran, se encontraron con el feroz rechazo del Congreso peruano, dominado por la derecha.

El principal partido de derechas del Congreso es Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori. En el Congreso peruano de 130 escaños, Castillo contaba con 15 votos, en principio sólidos, de Perú Libre, y 5, no muy sólidos, de Juntos por el Perú.

En ausencia de movilización gubernamental de las masas, la oligarquía sabía que Castillo no representaba ninguna amenaza, por lo que su intensa hostilidad consistió en tratar su gobierno como una abominable anormalidad enviando a la nación el mensaje de que nunca debió ocurrir y que nunca volvería a repetirse.

Un ejemplo del obtuso obstruccionismo parlamentario fue la destitución, el 17 de agosto de 2021, de su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un reputado académico e intelectual de izquierda que, apenas 15 días después de su nombramiento y a menos de un mes de la toma de posesión de Castillo (28 de julio de 2021), se vio obligado a dimitir.

La “ofensa” de Béjar fue una declaración realizada en una conferencia pública en febrero de 2020 durante las elecciones -antes de su nombramiento ministerial- en la que afirmó un hecho histórico: el terrorismo fue iniciado por la Marina de Guerra del Perú en 1974 mucho antes de la aparición de Sendero Luminoso [1980]. Béjar fue el primero de los ministros de muchos en ser destituido arbitrariamente por el Congreso.

Sendero Luminoso, grupo guerrillero extremista, estuvo activo en amplias zonas del interior del país durante la década de 1980-1990 y su enfrentamiento con las fuerzas militares del Estado desembocó en una situación de conflicto generalizado.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación que, tras la caída de la dictadura de Fujimori, investigó las atrocidades perpetradas durante la guerra del Estado contra Sendero Luminoso, informó de que 69.280 personas murieron o desaparecieron entre 1980 y 2000.

El acoso del Congreso para impedir siquiera el funcionamiento del gobierno de Castillo puede comprobarse con cifras: en los 495 días que duró en el cargo, Castillo se vio obligado a nombrar un total de 78 ministros.

Invariablemente, los ministros nombrados, como en el caso de Béjar, serían objeto de feroces ataques por parte de los medios de comunicación y el Establishment (en el caso de Béjar, por la propia Marina), y por la mayoría parlamentaria de derechas que forzaba la dimisión de los ministros con el afán de celosos cazadores de brujas.

Béjar aunque fue destituido ostensiblemente por sus acertados comentarios sobre las actividades de la Marina en los años 70, lo fue más bien por haber tomado la decisión de que Perú abandonara el Grupo de Lima, adoptando una política exterior no intervencionista hacia Venezuela y por condenar las sanciones unilaterales contra naciones.

Béjar hizo el anuncio de la nueva política el 3 de agosto de 2021 y las “revelaciones” sobre su comentario de la Marina se hicieron el 15 de agosto. Inmediatamente después se desató una campaña de demonización que incluyó: concentraciones de militares pidiendo su dimisión, una moción parlamentaria de una coalición de fuerzas parlamentarias esencialmente por “no ser apto para el cargo” y por adherirse a una “ideología comunista”.

Algo parecido, pero no idéntico, ocurrió con el sustituto de Béjar, Oscar Maurtúa, diplomático de carrera, que había sido ministro de Asuntos Exteriores en varios gobiernos anteriores de derechas desde 2005.

Cuando en octubre de 2021, Guido Bellido, miembro del ala radical de Perú Libre, al ser nombrado ministro de Gobierno, amenazó con la nacionalización del gas de Camisea, una operación dirigida por capital multinacional por negarse a renegociar sus beneficios a favor del Estado peruano, Maurtúa dimitió dos semanas después. El propio Guido Bellido, se vio obligado a renunciar aparentemente por “apología del terrorismo” pero en realidad lo fue por haber tenido la osadía de amenazar con nacionalizar un bien que debería pertenecer al Perú.

El 6 de octubre de 2021, Guido Bellido, dirigente nacional de Perú Libre, quien era ministro de Gobierno de Castillo desde el 29 de julio, presentó su renuncia a pedido del presidente motivado por su amenaza de nacionalización.

Vladimir Cerrón, líder nacional clave de Perú Libre, hizo lo propio rompiendo públicamente con Castillo el 16 de octubre, pidiéndole que abandonara el partido y dejando así a Castillo sin el apoyo parlamentario del partido. Desde entonces, Perú Libre ha sufrido varias divisiones.

Peor aún, Castillo se vio arrinconado al verse obligado a seleccionar ministros a gusto de la mayoría parlamentaria de derecha para evitar que no fueran aprobados. Todo tuvo lugar en un contexto dominado por una tóxica demonización mediática, acusaciones, Fake News y hostilidad generalizada hacia su gobierno, pero con una espada de Damocles – una moción para declarar su presidencia “vacante” y así ser sometido a un juicio político – pendiendo sobre su cabeza.

El primer intento se produjo en noviembre de 2021 (pocas semanas después de la dimisión forzada de Bellido). No obtuvo suficiente apoyo parlamentario (46 contra 76, 4 abstenciones). El segundo fue en marzo de 2022 con la acusación de “incapacidad moral permanente”, que obtuvo 55 votos (54 en contra y 19 abstenciones) pero fracasó porque procedimentalmente se requerían 87 votos. Y finalmente, el 1 de diciembre de 2022, el Congreso votó a favor de iniciar un proceso para declarar ‘vacancia’ contra Castillo por “incapacidad moral permanente.”

Esta vez, la derecha había logrado reunir 73 votos (32 en contra y 6 abstenciones). La moción de más de 100 páginas, incluía al menos seis ‘investigaciones parlamentarias’ por presuntamente ‘liderar una organización criminal’, por tráfico de influencias, por obstrucción a la justicia, por traición a la patria (en una entrevista Castillo abordó la posibilidad de ofrecer a Bolivia acceso al mar a través de territorio peruano), e incluso, por ‘plagiar’ su tesis de maestría.

Para entonces Castillo estaba increíblemente aislado rodeado por el enrarecido, pútrido y febril Establishment político limeño que era como una manada de lobos hambrientos que habían olido la sangre: Castillo tendría que enfrentarse a una audiencia final fijada por la mayoría del Congreso de Perú el 7 de diciembre.

Ese mismo día, en un acontecimiento rodeado de confusión – malintencionadamente descrito por los principales medios de comunicación del mundo como golpe de Estado – el presidente salió en televisión nacional para anunciar su decisión de disolver temporalmente el Congreso, establecer un gobierno de emergencia excepcional y, la celebración de elecciones para elegir un nuevo Congreso con poderes de Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses.

La embajadora de EE.UU. en Lima, Lisa D. Kenna, reaccionó inmediatamente ese mismo día con una nota en la que subrayaba que EE.UU. “rechaza cualquier acto inconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla su mandato”. El ‘mandato’ del Congreso era destituir al presidente Castillo.

El resto de la historia es conocido: El Congreso aprobó el mismo día la moción de ‘vacancia’ por 101 votos, Castillo fue arrestado, y Dina Boluarte ha sido juramentada como presidenta interina. Declarar la disolución del Congreso puede no haber sido el movimiento táctico más hábil que hizo Castillo, pero puso el foco en la institución clave que obstinadamente obstruyó la posibilidad de progreso socioeconómico que representaba la presidencia de Castillo.

Castillo no contaba con ningún apoyo entre la élite económica o política, el poder judicial, la burocracia estatal, la policía o las fuerzas armadas, o los principales medios de comunicación. Tuvo razón políticamente al pedir la disolución del Congreso para permitir que la masa del pueblo a través de las urnas tuviera la oportunidad de remover esta obstrucción democráticamente.

Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en noviembre mostró que el índice de desaprobación del Congreso era de 86%, subiendo 5 puntos desde octubre, y manteniéndose en 75-78% a lo largo de la segunda mitad de 2021.

Lo que no se esperaba con la destitución de Castillo fue el vigoroso estallido de la movilización social en todo Perú. Su epicentro estuvo en la sierra peruana, el interior indígena donde Castillo obtuvo la mayor parte de su apoyo electoral, pero también en ciudades clave, incluida Lima.

El movimiento de masas exige la restitución de Castillo, la disolución del Congreso, la dimisión de Boluarte, la celebración inmediata de elecciones parlamentarias y una nueva Constitución. Unos manifestantes, expresando su furia en Lima, llevaban pancartas que declaraban “El Congreso es un nido de ratas”.

A la luz de las enormes movilizaciones de masas, uno inevitablemente se pregunta por qué no se desencadenó esto antes, digamos, hace un año y medio. Castillo, fuertemente aislado y bajo una presión abrumadora, con la esperanza de lograr algo de espacio para respirar, trató de congraciarse con la derecha nacional e internacional, por ejemplo, nombrando a un economista neoliberal, Julio Valverde, a cargo del Banco Central, trató de acercarse a la mortífera Organización de Estados Americanos, se reunió con Bolsonaro en Brasil y, se distanció de Venezuela. En vano, la élite exigía cada vez más concesiones, pero nunca quedaría satisfecha por muchas que hiciera Castillo.

La represión desatada contra las movilizaciones populares ha sido rápida y brutal, pero ineficaz. Los informes hablan de al menos dieciocho personas muertas por las balas de la policía y más de cien heridas, pero las movilizaciones y marchas han crecido y se han extendido aún más.

Aunque el ‘gobierno provisional’ ha prohibido las manifestaciones, éstas han continuado. Hace tres días ocuparon el aeropuerto de Andahuaylas; en Cusco se ha declarado una huelga indefinida; en Apurimac se han suspendido las clases escolares; además de un múltiple bloqueo de autopistas en muchos puntos del país.

Es evidente que el ambiente político en Perú ya estaba bastante cargado y que estas energías sociales estaban latentes pero a la espera de ser despertadas.

Aunque es prematuro sacar demasiadas conclusiones sobre lo que podría deparar esta resistencia popular, está claro que la oligarquía calculó mal lo que esperaba que fuera el resultado de la destitución de Castillo: la derrota aplastante de este intento, por tímido que fuera, de las clases bajas, especialmente los cholos (nombre peyorativo de los indígenas en Perú), de cambiar el statu quo.

A la oligarquía peruana le resultaba intolerable que un cholo, Castillo, fuera el presidente del país y menos aún que se atreviera a amenazar con reclutar a la masa del pueblo para que participara activamente en una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva constitución.

La presidenta interina designada, Dina Boluarte, sintiendo la presión de la movilización de masas, anunció una propuesta para celebrar “elecciones anticipadas” en 2024 en lugar de 2026, fecha del fin del mandato oficial de Castillo. Sin embargo, se ha informado de que Castillo envió un mensaje al pueblo animándole a luchar por una Asamblea Constituyente y a no caer en la “sucia trampa de nuevas elecciones.”

A través de uno de sus abogados, el Dr. Ronald Atencio, Castillo comunicó que su detención fue ilegal y arbitraria con violación de sus derechos constitucionales, que es objeto de una persecución política que amenaza con convertirlo en un preso político, que no tiene intención de solicitar asilo y que está plenamente consciente de las movilizaciones en todo el país y de las demandas por su libertad.

Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. La destitución de Castillo es un hecho negativo, es un retroceso para la izquierda en Perú y para la democracia en América Latina. Los presidentes de izquierda de América Latina lo han comprendido y han condenado el golpe parlamentario contra el presidente democráticamente elegido Pedro Castillo.

Entre los presidentes que han condenado el golpe se encuentran el cubano Miguel Díaz-Canel, el venezolano Nicolás Maduro, la hondureña Xiomara Castro, el argentino Fernández, el colombiano Petro, el mexicano López Obrador y el boliviano Arce.

De manera más dramática, los presidentes de México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron un comunicado conjunto (12 de diciembre) exigiendo la restitución de Castillo que en su parte relevante dice:

No es novedad para el mundo que el Presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un acoso antidemocrático […] Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el proceso mencionado a priorizar la voluntad popular expresada en las urnas”.

Esta es la forma de interpretar el alcance y significado de la noción de democracia consagrada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: “Instamos a quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada a través del libre sufragio.”

En la XIII cumbre ALBA-TCP, celebrada en La Habana el 15 de diciembre, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba condenaron la detención del presidente Pedro Castillo, que calificaron de golpe de Estado.

Es muy dudoso que la oligarquía peruana sea capaz de dar estabilidad política al país. Desde 2016 el país ha tenido 6 presidentes, ninguno de los cuales ha completado su mandato, y la destitución de Castillo ha dejado salir al genio (movilizaciones de masas militantes) de la botella y parece bastante improbable que puedan volver a ponerlo en su sitio.

El gobierno ilegítimo de Boluarte ha declarado el 14 de diciembre estado de emergencia en todo el territorio nacional y, ominosamente, ha puesto a las fuerzas armadas a cargo de garantizar la ley y el orden.

Las fuerzas armadas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó la guerra sucia entre el Estado peruano y la guerrilla de Sendero Luminoso (1980-1992), fueron responsables de cerca del 50% de los 70.000 muertos que costó la guerra. Es la típica pero la peor acción posible que pueda emprender la oligarquía peruana.

Las exigencias del movimiento de masas deben ser satisfechas: la libertad inmediata e incondicional del presidente Castillo, la celebración inmediata de elecciones para una Asamblea Constituyente para una nueva constitución anti neoliberal, y el cese inmediato de la brutal represión enviando a las fuerzas armadas de vuelta a sus cuarteles.

Artículo publicado en prruk.org

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