A tres días de las elecciones presidenciales de Brasil y en medio de denuncias por una «estructura de injerencia externa» la Abogacía General de la Unión (AGU) solicitó este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General investigar si Estados Unidos financió a grupos locales para interferir en el debate político y atacar la legitimidad del Tribunal Supremo Federal (STF).
La petición surgió después de que medios informaran que la Administración de Estados Unidos asignó un millón de dólares (5,2 millones de reales) a un proyecto para financiar organizaciones que desafíen al STF y se opongan a lo que la Casa Blanca llama «excesos judiciales». La AGU pidió identificar a los responsables y receptores de esos fondos en suelo brasileño.
The Guardian publicó el miércoles una investigación según la cual el Gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump había desviado más de 175 millones de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF) del Departamento de Estado a un conjunto de premios para organizaciones que impulsan la agenda de extrema derecha en el extranjero y que apuntarían sus acciones contra el STF.
Aunque el diario británico no especificó quienes recibieron los recursos, recordó que la del magnate ultraderechista ha arremetido contra el Supremo brasileño y aplicado sanciones económicas contra el magistrado Alexandre de Moraes , quien estuvo a cargo del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado, y otros jueces del ente judicial.
Según The Guardian, los recursos incluyen apoyo a un grupo que promueve derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, la campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas para aliados ideológicos en Europa que protegen las «normas civilizacionales occidentales».
Citando a una fuente, el diario señaló que el miércoles cuando llegó la fecha límite legal ya que era el último día del año fiscal., el Departamento de Estado asignó los premios pese a los cuestionamientos del Congreso.
De hecho, senadora Jeanne Shaheen, principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, mantuvo bloqueos sobre 10 financiaciones por 22 millones de dólares que involucraban a Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Reino Unido y países europeos. No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó un memorando e ignoró los bloqueos y pocas horas antes de vencerse el plazo, el Departamento de Estado asignó los fondos.
Tras esta maniobra, Shaheen denunció que el Congreso asignó esos fondos de forma bipartidista para derechos humanos, pero que Trump los usaría «para promover organizaciones y programas de extrema derecha en democracias consolidadas».
«Esto es un desperdicio de recursos y socava los valores y las relaciones de Estados Unidos con socios democráticos, incluidos aliados en Europa», alertó la legisladora.
Los críticos se centran en 43 premios por 176, 9 millones de dólares —de 205 millones asignados por el Congreso para el Fondo de la democracia y los derechos humanos—, destinados a causas de derechas y conservadoras. Ese paso, señaló el diario británico, podría «enfadar a los aliados estadounidenses por la injerencia en la política interna».
Según las fuentes, las subvenciones cuentan con el respaldo de los más altos niveles de la Casa Blanca, incluido el vicepresidente J. D. Vance. L
Injerencia de EE.UU. en Brasil
En la misma línea, TeleSUR, destacó que Washington también impuso aranceles a productos brasileños y abrió investigaciones por prácticas comerciales desleales, en un contexto de tensiones con Brasilia. En julio, Brasil negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado, señalados por The Washington Post por una estrategia contra la integridad del sistema electoral brasileño. En septiembre, un informe de la ABIN reveló que Estados Unidos intervendría en las elecciones del 4 de octubre para reorientar la visión política y económica de América Latina.
Washington también revocó la visa del embajador de Brasil en Estados Unidos y el presidente Donald Trump se reunió con Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y quien compite contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de este domingo 4 de octubre.
Redes contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño
La AGU advirtió sobre la gravedad de los antecedentes y alertó que recursos públicos estadounidenses habrían financiado redes en Brasil para interferir en el debate político y «desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño», por lo que exigió una investigación «inmediata» y la identificación de los receptores de los millones de dólares.
«De confirmarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques ordenados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del país podría poner de manifiesto una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño», planteó en los oficios enviados a la Policía y a la Fiscalía.
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