La disputa por la evidencia:

La vacuna de fabricación cubana Abdala comenzó a ser administrada en Venezuela

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba está desarrollado cinco vacunas, dos de las cuales ya han pasado sus estudios clínicos. Se trata de las vacunas Soberana 02 y Abdala, la que comenzará a ser usada en Venezuela, país que no ha podido comprar vacunas por el embargo económico de EE.UU. La vacuna cubana tensiona también las nociones de evidencia científica, la que es principalmente producida por laboratorios y centros de estudios europeos.

Venezuela inició una campaña de vacunación generalizada con la vacuna Abdala, producida por Cuba, la que según los estudios desarrollados al interior de la isla tendrían una efectividad del 92%.

La vacuna fue desarrollada por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), uno de los principales institutos de investigación biomédica cubana. El país caribeño desde hace tres décadas ha desarrollado experiencia y produce todas las vacunas usadas en la isla para inmunizar a su población.

Desde que comenzó la epidemia de Covid-19, Cuba se afanó en la producción de vacunas propias, las que en total sumarían cinco. Las que ya han sido estabilizadas y comprobada su eficacia en estudios clínicos realizados en la isla son las llamadas Soberana 02 y Abdala.

Los estudios con la vacuna Abdala concluyeron en el mes de abril reciente. Según los investigadores del CIGB, tiene una efectividad de un 92% para prevenir el Covid-19, con un esquema de inmunización de tres dosis aplicadas en un lapso de 14 días. La inmunización alcanzada con Abdala se produciría a los 42 días de haber sido administrada. En tanto que la vacuna Soberana 02, tendría una eficacia del 62% con dos dosis.

Los niveles de efectividad de la vacuna Abdala estarían al mismo nivel que los producidos por los laboratorios Pfizer y Moderna, al igual que la vacuna rusa Sputnik.

Venezuela debiera recibir 12 millones de dosis de la vacuna Abdala.

La posibilidad de vacunar a la población venezolana se da en un contexto en que el país latinoamericano no ha podido acceder al mecanismo de compras de vacunas establecido por la OMS, Covax, debido a que sus recursos de oro e industriales están detenidos por las sanciones económicas establecidas por EE.UU. De hecho, grandes reservas de oro venezolano guardadas en el Banco de Inglaterra no han podido ser usadas por el gobierno venezolano para comprar vacunas debido a la confiscación de hecho establecida por el gobierno de Gran Bretaña.

LA DISPUTA POR LA EVIDENCIA

De igual forma, las organizaciones gremiales médicas controladas por la oposición venezolana inmediatamente salieron a criticar el uso de la vacuna cubana. Instancias como la Academia de Medicina de Venezuela, la organización opositora de derecha Médicos Unidos por Venezuela y la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (AsoInIVIC).

Dichas organizaciones acusan estar preocupadas debido a que se estaría usando una vacuna que etiquetaron como “productos de dudosa credibilidad científica”.

El argumento se sostiene en que los estudios de efectividad de la vacuna no han sido validados por agencias reguladoras, ni tampoco han sido publicados en revistas científicas de alto impacto. De esta forma argumentan la inexistencia de evidencia científica que respalde dichas vacunas.

Pese a que la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) se presenta como la mejor metodología para definir la validez de un medicamento, con métodos por fuera de toda discusión política, en el caso de las vacunas para el Covid-19 aparece que el tema de la vacunación también tiene dimensiones políticas. Factores como sesgo de género en los estudios clínicos doble ciego, manipulación de la información por parte de los laboratorios farmacéuticos, subvenciones de los mismos a gran parte de los investigadores, el acortamiento de los protocolos para medir la evidencia de productos farmacéutico debido a la urgente necesidad de contar con vacunas, los amplios rangos de incerteza terapéutica y hasta el interés nacionalista o de grandes conglomerados en la producción de vacunas complican el panorama y dan cuenta de que la evidencia es una importante valoración en disputa. Es decir, la evidencia también es política y un importante espacio de disputa es tener la autoridad de definir que tiene evidencia y qué no la tiene.

De hecho, en Chile se comenzó a utilizar la vacuna Sinovac debido al lobby efectuado por el fabricante chino, que a comienzos de la epidemia de Covid-19 supo asociarse muy bien a Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se transformó en el principal promotor de la vacuna china en Chile. La autoridad epistemológica otorgada por dicha casa de estudios en el contexto científico chileno fue la mejor puerta de entrada del laboratorio chino para vender vacunas que, según se está determinando en las últimas semanas, van a requerir de una tercera dosis.

En Chile la MBE ha sido la herramienta utilizada por el Colegio Médico para quitar evidencia a los medicamentos utilizados en el primer momento de la pandemia en la comuna de Recoleta. En esta disputa también se observa una dimensión colonial de la MBE, cuyo principal promotor en Chile, el médico de la UC Gabriel Rada, está en estrecha asociación con la Fundación Cochrane del Reino Unido, instancia de carácter privado que se ha dedicado en las últimas décadas a promover los estudios basados en la MBE. La perspectiva colonial de la MBE y del Colegio Médico se muestra en la dependencia absoluta de modelos teóricos y evaluaciones producidas en los países europeos y EE.UU. principalmente, los que acaban otorgando alta evidencia a los productos producidos por la industria farmacéutica, en tanto que otros productos biomédicos no son considerados en los análisis o su calidad es puesta en discusión.

Dicha situación de dependencia cognitiva produce que los médicos chilenos opten por dar mayor credibilidad a estudios realizados en los países del norte del mundo, por sobre medicamentos producidos por fuera de la industria farmacéutica mundial.

El doctor en Historia de la Universidad de Stanford y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Sofía, Takahiro Ueyama, autor de ‘Amerika no daigaku to kagaku kenkyū no genzai’ (Más allá del capitalismo académico: Momento actual de la Universidad y de la investigación científica en Estados Unidos) (2010), llama la atención al hecho de que desde la década de 1950 las prácticas biomédicas y el desarrollo de la profesión no se pueden entender si la participación de la industria farmacéutica y de equipamientos biomédicos, proceso que si por un lado ha alejado a los médicos de valorar la experiencia subjetiva de los pacientes, concentrándose en el resultado de sus investigaciones clínicas y los datos proporcionados por los instrumentos de diagnóstico, además de encarecer el costo de los cuidados terapéuticos. Es decir, las prácticas médicas no se pueden entender hoy sin la colaboración de la investigación biomédica y la industria (1)

En el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech (BNT162b2), la efectividad de un 95% fue determinada en ensayos clínicos encargados por el mismo fabricante.

Según una investigación de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) junto al medio peruano Ojo Público, el laboratorio Pfizer, al comenzar la pandemia impuso condiciones abusivas al momento de negociar la venta de su vacuna a los países. Según comentaron los negociadores del gobierno argentino, la farmacéutica estadounidense exigió como garantía reservas de agua cordillerana, propiedades públicas o reservas de bancos nacionales, lo que fue calificado por uno de tales negociadores como una “intimidación de alto nivel”.

En Perú BioNTech también negoció de manera similar, consiguiendo concesiones de parte del gobierno de que cualquier disputa se resolverá en tribunales arbitrales transnacionales, en los cuales la compañía farmacéutica tiene amplios espacios de lobby.

También Pfizer exigió a algunos gobiernos eximirse de asumir responsabilidades legales ante efectos secundarios no esperados de su vacuna, llegando a aprobar el Congreso argentino una ley especial que indemnizaría al laboratorio en caso de demandas civiles en su contra.

¿de qué forma la MBE puede asegurar de que la misma farmacéutica que produce estas vacunas, encarga y financia los ensayos clínicos y ha demostrado que a la hora de negociar son un lobo de Wall Street, a la hora de producir hechos científicos actúan de buena fe?

En una conferencia realizada en enero con los inversores de Wall Street, el director financiero de Pfizer, Frank D’Amelio, sostuvo que “estamos en un entorno de precios de pandemia así que obviamente vamos a sacar mejores precios”.

La vacuna Pfizer es una de las más usadas en EE.UU. y Europa, esperando ganar BioNTech sólo este año unos 15.000 millones de dólares. Varios científicos están pidiendo que las patentes de las vacunas sean abiertas, considerando que para su creación se inyectaron millones de dólares por parte de agencias públicas de varios países. En el caso de Pfizer, la firma recibió sólo del gobierno alemán unos 445 millones de dólares. Sin embargo, la jefa de Estado Angela Merkel es la principal opositora política europea a liberar las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

Pese a que algunos países han vacunado a gran parte de su población, en el sur del mundo la vacunación masiva es algo lejano de conseguir. Según el economista Juan Torres López, las tres fábricas de vacuna más grandes solo están produciendo dosis para el 1,5% de la población mundial. Por ello, vacunas como las producidas por Cuba, serían una alternativa mucho más barata a las vendidas por la industria farmacéutica, la que además se ha preocupado muy bien de dominar los espacios de construcción de evidencia.

El Ciudadano

CITAS:

(1) Ueyama, Takahiro. Building Science-based Medicine at Stanford: Henry Kaplan and the Medical Linear Accelerator, 1948–1975. En Timmermman, Carsten; Anderson, Julie. Devices and designs. Medical technologies in historical perspective. New York, Palgrave Macmillan, 2006.


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