Foto: Somoselmedio
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer hoy su Recomendación General número 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, derecho que enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en esos casos.
La CNDH considera que “la consolidación de un Estado democrático no puede prescindir de la libertad de expresión, puesto que es uno de los derechos que le sirven como sustento y dan vida a las instituciones democráticas, ya que en este derecho se garantiza la participación del pueblo en la elección de sus gobernantes y del destino de las naciones”.
Dicha Recomendación General está dirigida a autoridades tanto federales como locales, como la Procuradora General de la República, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.
Mediante esta Recomendación General, la CNDH hace un llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
De acuerdo con los registros de la CNDH, desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas en este Organismo Nacional.
Los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas son Veracruz, con 14.6%; Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades.
Los casos de agresiones a periodistas con investigación deficiente y sin sanción evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian el nivel de arraigo de la impunidad, que alcanza un 90% en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación. De ahí que la omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores.
Por lo anterior, este Organismo Nacional dirige puntos recomendatorios a diversas autoridades, en donde, de acuerdo con las atribuciones de cada instancia, se solicita el esclarecimiento de los casos y se agoten todas las líneas de investigación; la revisión exhaustiva de las averiguaciones previas y su resolución; la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra la labor periodística y la libertad de expresión, así como de mecanismos y reglamentación locales para la protección de periodistas; el ejercicio de la facultad de atracción de casos en beneficio de las víctimas.
El Ciudadano
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