Llamado a la revisión de la cooperación latinoamericana con el Sistema de Justicia de EE. UU.

Por Bradley Blankenship
Periodista de investigación y presidente del Comité de Acción Ciudadana de Northern Kentucky

Northern Kentucky se encuentra inmerso en una grave crisis institucional que refleja los patrones de corrupción y colapso del estado de derecho. Como periodista de investigación y presidente del recién creado Comité de Acción Ciudadana de Northern Kentucky, me veo en la obligación de alertar a la comunidad internacional sobre los profundos fallos sistémicos dentro del sistema de justicia de Estados Unidos, particularmente en esta región. Esta situación debería ser motivo de preocupación para los Estados latinoamericanos que, hasta ahora, han cooperado estrechamente con agencias federales estadounidenses como el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ).

Véase también: Entrevista con Fermín Goñi: una conversación sobre la Independencia de América Latina

Históricamente conocida por sus vínculos con el crimen organizado —desde el contrabando en la era de la Prohibición hasta el tráfico sexual contemporáneo— Northern Kentucky sigue siendo un refugio para redes criminales que operan con impunidad. En lugar de proteger a la ciudadanía, las instituciones locales han encubierto crímenes, obstruido investigaciones y brindado protección a delincuentes, incluyendo miembros dentro de sus propias filas.

Esta realidad no es un caso aislado, sino un reflejo de una corrupción estructural que recuerda a regímenes autoritarios del pasado, como el de Augusto Pinochet en Chile. Al igual que en aquel periodo oscuro, donde las élites eran protegidas de la justicia, hoy en día las autoridades de Northern Kentucky permiten que redes criminales funcionen sin consecuencias.

Mi caso familiar es solo una muestra de esta realidad. Las denuncias contra mi padre, Raymond Blankenship, y mi tío, William Blankenship, por múltiples abusos sexuales han sido ignoradas. Las fuerzas del orden, lejos de investigar con seriedad, han obstruido activamente cualquier intento de esclarecer la verdad. Esta omisión de responsabilidad por parte de las autoridades locales ha sido respaldada por el silencio y la inacción del gobierno federal, que ha demostrado escaso interés en intervenir a pesar de contar con abundante evidencia desde octubre del año pasado.

Ante esta situación, hago un llamado urgente a los gobiernos latinoamericanos: reconsideren su cooperación con las autoridades estadounidenses si estas no están dispuestas a asumir la responsabilidad y garantizar justicia en casos como este. La impunidad institucional en Estados Unidos ya no puede ser ignorada ni minimizada.

La legitimidad de la cooperación internacional en materia de justicia se basa en el respeto mutuo al estado de derecho. Si Estados Unidos pretende seguir siendo un socio confiable para América Latina, debe comenzar por limpiar su propia casa. Mientras la corrupción, la violencia y el abuso sigan siendo tolerados dentro de su sistema judicial, difícilmente podrá reclamar liderazgo moral en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Los pueblos de América Latina han sufrido las consecuencias de sistemas impunes y opresivos. No podemos permitir que los mismos errores se repitan bajo otro nombre y bandera. Es hora de exigir transparencia, rendición de cuentas y una verdadera justicia, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

La historia nos juzgará por nuestra respuesta. ¿Será Estados Unidos capaz de reformarse, o continuará por el camino de la complicidad? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el destino de Northern Kentucky, sino también el rumbo de la cooperación internacional en defensa de la justicia.

Foto: Redes

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