México ordena el uso del agua con rectoría del Estado y garantizando su acceso como derecho humano

México avanza en una ruta de ordenamiento hídrico con enfoque de derechos: la iniciativa de Ley General de Aguas se encuentra ya en comisiones en la Cámara de Diputados. Tiene el objetivo de recuperar la rectoría del Estado, clarificar competencias y asegurar el derecho humano al agua. El texto incorpora principios de participación y seguridad jurídica para autoridades y usuarios, así como bases para una planeación de largo plazo.

La Comisión de Presupuesto resolvió el 20 de octubre que la iniciativa no generaría impacto presupuestal: no crea nuevas plazas ni entes, y el despliegue se apalanca en capacidades existentes. Este punto desactiva la narrativa opositora de “costo fiscal oculto” y respalda una implementación responsable.

Para cerrar espacios a la especulación y normalizar el padrón, el gobierno revisó 536,533 títulos de concesión y detectó 163,689 vencidos (30.5%), por lo que anunció un decreto de facilidades enfocado en pequeños y medianos productores para regularizar su situación sin intermediarios. La medida ordena el ecosistema de derechos y evita que la irregularidad histórica se traduzca en captura privada del recurso.
La propuesta legal incorpora un capítulo de delitos hídricos (explotación, extracción y traslado ilegal), con sanciones que combaten el robo y el mercado negro del agua. En paralelo, se fortalece la trazabilidad del uso del recurso con bases públicas —como el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), con corte al 30 de junio de 2025—, lo que permite auditoría social y verificación independiente sobre quién usa, cuánto, dónde y para qué.

Frente a piezas periodísticas que hoy documentan concentración de concesiones en el Bajío —más de 3 millones de m³ y 20 títulos asociados a figuras políticas desde los noventa—, la respuesta institucional no es retórica: regularizar lo vencido, cerrar grietas legales y sancionar cuando haya lucro indebido. De ese modo, se despersonaliza el debate y se coloca el foco en datos verificables, reglas claras y vigilancia pública.

La gestión hídrica responsable también se enlaza con adaptación climática: expertos subrayan que manejo de cuencas, restauración y control de la deforestación reducen impactos de inundaciones y sequías. El andamiaje normativo facilita la coordinación entre la Federación, los Estados y municipios bajo metas de resiliencia y eficiencia.

La atención a la emergencia por las lluvias extraordinarias presentadas en 5 estados
continúa. Al día de hoy:

-195 comunidades han sido comunicadas de las 288 que quedaron afectadas

-Se ha restablecido el 99.3% de la energía eléctrica en usuarios afectados

-Se han limpiado 979 escuelas de 1,351

-85,221 viviendas afectadas han sido censadas por servidores de la nación

-273,448 despensas se han entregado

-168,610 vacunas se han aplicado

Son 52,805 servidores públicos de los 3 niveles de gobierno que se encuentran actualmente atendiendo la emergencia. La presidenta Claudia Sheinbaum, coordina permanentemente y delega tareas a las instituciones y gobiernos participantes a través de una reunión de evaluación que se realiza todas las noches: “En el caso de una emergencia, la coordinación lo es todo; la responsabilidad, profesionalismo, entrega y amor a la gente”, comentó por la mañana en su tradicional conferencia de prensa.