Latinoamérica, una de las zonas críticas

Amnistía Internacional: En los últimos dos años han sido asesinados 437 ambientalistas y activistas pro Derechos Humanos

Según las estimaciones de AI, el 95% de los crímenes quedan impunes, admitiendo de paso que la cifra oficial está restringida sólo a las que son documentadas: la cifra real de asesinatos es mucho mayor. En América Latina, la mayor parte de los conflictos están relacionados con actividades extractivas.

Defender la tierra sale caro en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para que en los dos últimos años, Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 activistas pro Derechos Humanos, buena parte de ellos ambientalistas, en 22 países.

«Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios», explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, España, organización que esta semana presentó la campaña «Valiente», con la que se pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren los activistas y reclamar que desde los gobiernos «se les permita trabajar en un entorno más seguro».

El informe de AI recuerda cómo hoy «se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración» de la ONU -que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como «agentes del cambio»-, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor «y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias». Por ello, se considera «esencial que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación”.

Agresiones en nombre de otras empresas

Sin embargo, la batería de 28 medidas que se promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a «implementar procesos adecuados de diligencia debida» para «garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades» afectados por sus actividades o las de “sus filiales, subcontratistas o proveedores”.

La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con violaciones de los derechos humanos, «que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas».

El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres, y que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. «El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar de imputarme», apunta.

«No se ha querido investigar e ir más allá, hacia los autores intelectuales», explica, en referencia al ‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la represa a la que se oponía la comunidad lenca, cuyo territorio iba a ser inundado, con Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.

El 95% de los crímenes quedan impunes

Según las estimaciones de AI, el 95% de los crímenes contra ambientalistas y activistas pro Derechos Humanos en el mundo quedan impunes, admitiendo de paso que la cifra oficial de 427 víctimas queda restringida solo a las que son documentadas. La cifra real de asesinatos es mucho mayor.

«La historia no nos da muchas expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia», señala Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos «para que esto no quede impune».

Berta Cáceres

FOTO: EFE

«Es paradójico que la misma policía vaya persiguiendo y asesinando a los defensores», anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados en los últimos siete años en ese país, «cinco de ellos con medidas de la comisión interamericana», recalca.

«Cada vez más gobiernos atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con fuerza excesiva», refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña «Valientes», que describe a esos activistas como «personas que tratan de defender los derechos de otros y que se oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas».

En ese sentido, el grueso de esos conflictos en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han declarado una moratoria para frenarlas.

«Este modelo de extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población», explica Castro, para quien «a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de la calidad de vida de nuestro planeta».

Finalmente, Castro llama la atención sobre el hecho de que «los feminicidios están aumentando de una manera impresionante» en la represión de los movimientos sociales en Latinoamérica. «La persecución contra las mujeres es terrible, porque eso minimiza e incide en la concienciación social», apunta. «Ya no hay ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas -añade-. Saben que con eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua», concluyó.

Fuente: Público.es

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