Aplazar los cultivos trasgénicos, una campaña por resolver

La organización Chile sin Trasgénicos comenzó una campaña de firmas en apoyo a la indicaciones parlamentarias para generar una moratoria a los cultivos transgénicos. Esto quiere decir que se aplace en por lo menos entre 5 a 10 años la plantación de cultivos y el debate en torno a ello. En el período se realizarían investigaciones que den certeza científica de los efectos de los transgénicos en la salud, el medioambiente y la economía.

En marzo de este año el Gobierno envió a la comisión de agricultura una indicación sustitutiva en reemplazo de la moción Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados, la que quedó aprobada en 2008, pero con plazo para indicaciones parlamentarias. Esta moción aprueba la plantación de cultivos genéticamente modificados para la investigación y comercialización.

La senadora Ximena Rincón (Democracia Cristiana, DC) puso una indicación para sustituir por completo la moción a través de una moratoria de cinco años de investigación acerca de los impactos en la salud de personas y animales, el medio ambiente y la economía. Cualquier parlamentario puede realizar las indicaciones, las cuales serán discutidas y analizada por la comisión de Agricultura del Senado, pero en estos momentos no está en trámite. Para que entre en discusión pueden pasar meses y hasta años, a menos que el presidente, como ya lo ha hecho con otros proyectos de esta índole, le ponga el carácter de urgente.

Durante marzo el presidente Sebastián Piñera también puso urgencia a la tramitación del proyecto “Derechos de Obtentores Vegetales” el cual establece que las semillas de especies nativas serán patentadas bajo propiedad intelectual, es decir, se privatizarán. Lo mismo ocurrió con el convenio Upov 91, el cual se aprobó en mayo de este año.

Además de Rincón, esta demanda es avalada por los senadores Alejandro Navarro (Movimiento Amplio Social, MAS), Jaime Quintana (Partido Partido Por la Democracia, PPD), Juan Pablo Letelier (PPD).

Rincón manifestó que han pedido formalmente que los reciba el presidente sin respuesta alguna. Ante ello, dijo que presentarán un proyecto de ley de moratoria. La senadora también dijo que existe la posibilidad de introducir el debate en la comisión de salud.

Cristián Sauvageout, de ‘Chile Sin Transgénicos’ dijo que es necesaria la realización de estudios para que la gente se informe y los tomadores de decisiones aprendan de los perjuicios que realizarán los transgénicos a la agricultura y al medio ambiente. El factor de riesgo es la contaminación, debido a ella los cultivos tradicionales adquieren las propiedades de los que están genéticamente alterados. Esto además de dañar la producción orgánica, hace que las transnacionales cobren a los agricultores o comunidades indígenas por utilizar sus semillas.

Debido a esta contaminación en Alemania ya rechazaron una exportación de miel chilena por tener trazas de polen transgénico. Lo mismo ocurrió con semillas de maíz, que iban hacia Italia.

Esta situación se podría evitar, en parte, si las empresas de transgénicos transparentaran los lugares en dónde tienen sus instalaciones. Desde 2009 organizaciones como Rap Chile (Red de Acción en Plaguicidas)  realizaron acciones legales para revertir esta situación. Sin embargo las grandes empresas y transnacionales como Monsanto o Erik Von Baer, de Semillas Baer, han presentado recursos y acciones judiciales para impedir o aplazar la entrega de dicha información.

Los parlamentarios que crearon el proyecto de “ley de transgénicos” son Andrés Allamand (RN) actual ministro de Defensa; y los senadores Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (Chile Primero), Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente, UDI) y Alberto Espina (RN). Entre los argumentos que tienen para abrir el mercado a los transgénicos es que producirían más lo que aportaría a la economía. “Privarnos de esta tecnología es otorgarles a nuestros competidores, en especial Argentina, una enorme ventaja. La biotecnología permite producir más y de mejor calidad. Y esto está generando un nuevo elemento de competencia desleal, indicó Alberto Espina a la revista Campo.

Sin embargo, parlamentarios como Ximena Rincón tienen sustento para contra argumentar esta hipótesis. “Chile es un país que no tiene gran extensión territorial y por sus barreras naturales debiera producir vegetales orgánicos, los cuales están más valorados en económicamente en el exterior”.

CAMPAÑA PARA INFORMAR Y ACTUAR

Iván Santandreau, también miembro de Chile sin Transgénicos manifestó que esta campaña pretende informar a la ciudadanía e incentivarlas a que presionen a los parlamentarios a legislar concienciarlos de la adversidad que pueden provocar los alimentos alterados.

Sauvageout criticó que la prensa niega el acceso a la información que “debería existir acerca de lo negativo de los transgénicos”. El vocero dijo que la manera de reaccionar de la prensa es por que sus “clientes son las empresas multinacionales que les ponen avisos. Además, hay cierta complicidad entre el Gobierno y estas multinacionales que generan el clima para que las leyes en favor -de los transgénicos- sean las que pasen y todo lo que es en contra se niega, calla y desinforma”.

Durante marzo, RAP también realizó una campaña en favor de la moratoria, la cual contemplaba una carta tipo que la ciudadanía debía enviar a los parlamentarios pidiéndoles el rechazo a la introducción de los transgénicos y en favor de la semilla nativa.

La campaña de reunión de firmas se realiza en la esquina de Huérfanos con Ahumada, lugar donde el movimiento ‘Aquí la gente’ por cerca de 20 años se ha dedicado promover la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas.

Ximena Rincón (DC) dijo que “uno no puede manifestarse en favor o en contra de los productos transgénicos, sino que hacia los efectos, positivos o negativos, que provocan en la salud. No es que provoquen cáncer u alguna otra enfermedad, lo que ocurre es que estos cultivos pierden propiedades que hacen que dejen de ser protectores de ciertas enfermedades”.

Por Estefani Carrasco Rivera

El Ciudadano