Argentina: La encrucijada de los transgénicos

El gobierno argentino impulsa la sanción de una nueva ley de semillas, para lo cual enviará un proyecto de ley al Congreso. La normativa se presenta como vía para zanjar el conflicto entre los productores de soya y la multinacional Monsanto.

La compañía agroquímica norteamericana, líder en el mercado mundial de semillas transgénicas y herbicidas, pretende cobrar “regalías extendidas” por la utilización de las semillas que el productor obtiene de la cosecha. La legislación vigente permite el uso propio de las semillas de la cosecha anterior, una práctica tan antigua como la agricultura.

El debate sobre la ley de semillas se inscribe dentro de otro más profundo. El modelo agrícola que se aplica en Argentina se basa en el uso de semillas transgénicas y peligrosos agroquímicos, que beneficia de manera extraordinaria a las multinacionales, los productores y el fisco. Pero sus consecuencias sociales, sanitarias y medioambientales son cada día más difíciles de ignorar.

Las semillas de soya que hoy se plantan en Argentina tienen dos orígenes. El 15% es de alguna de las marcas comerciales que Monsanto y otras empresas ofertan en el mercado, y el productor paga aquí las regalías al comprar la semilla patentada. El 85% restante proviene del acopio que hace el productor durante la cosecha. Aquí, el productor alega que se trata de una semilla de “uso propio”, gratuita, de acuerdo con la ley de semillas vigente, mientras que Monsanto pretende el cobro de regalías adicionales.

El gobierno sostiene que con la nueva ley el productor seguirá abonando todos los “conceptos biotecnológicos” –las regalías– al momento de comprar la semilla. La iniciativa se presenta a la opinión pública como un freno a Monsanto.

La soya transgénica fue aprobada en Argentina en 1996. El trámite duró apenas 81 días. De los 136 folios del expediente, 108 estaban en inglés, sin traducción, tal y como habían sido escritos por los publicistas de Monsanto. Desde entonces, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) ha aprobado 31 “eventos transgénicos” de soya, maíz y algodón, 24 durante el kirchnerismo.

En 2012 fue el turno de la semilla de soya “RR2 Intacta”. El Estado dio luz verde a este producto de Monsanto sin realizar estudios propios. Los expedientes de aprobación son confidenciales.

La multinacional con sede en el paraíso fiscal de Delaware inauguró a partir de esta semilla una política comercial más agresiva. Hizo firmar contratos a los productores, en los que figura el pago de un canon por usar estas semillas “de segunda generación”: las “regalías extendidas”, que ascienden a 12 dólares por tonelada de soya cosechada. Monsanto extiende así los derechos de propiedad intelectual de la semilla al grano. La exigencia choca con la Ley de Semillas 20.247 de 1973, que el gobierno ahora se propone reformar.

Presión

La comercialización de semillas se rige en Estados Unidos por la ley de patentes. Monsanto intenta exportar esta lógica a todos los países donde opera. En Argentina, sin embargo, la comercialización de semillas se rige por la ley correspondiente. El uso propio irrestricto de la semilla figura en un tratado internacional al que Argentina adhirió en 1968. El país nunca rubricó el tratado internacional de 1991, que introduce el concepto de “uso propio oneroso”, llave de la que se vale Monsanto para intentar cobrar “regalías extendidas”.

En Argentina, la producción, procesamiento y exportación de granos y alimentos se concentra en un puñado de empresas, en su mayoría trasnacionales. A partir de abril de este año, las agroexportadoras comenzaron a revisar cargamentos de soya en los acopios y terminales portuarias, a pedido de Monsanto, para identificar granos de la tecnología “RR2 Intacta”. Amenazaban con retener parte del pago a los productores argentinos para cubrir las “regalías extendidas” de Monsanto.

La Mesa de Enlace, que reúne a las cuatro entidades más poderosas del campo (Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro), repudió a través de un comunicado la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soya, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, sostuvo.

Estos grandes productores aclararon su total acuerdo con el pago de regalías por “la tecnología y las mejoras genéticas” sobre la semilla. Denunciaron que Monsanto violaba la ley vigente al querer cobrar un canon sobre el grano. Respecto de las agroexportadoras, sostuvieron que ningún actor de la cadena comercial tiene derecho a tomar muestras de granos ni a retener mercadería.

El gobierno se ofreció a terciar en la discordia. Anunció que el pago de regalías a la multinacional se fijaría por decreto. Finalmente decidió enviar un proyecto de ley al Congreso. La iniciativa fue consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), que reúne a las grandes empresas del sector. “Tenemos que ir haciendo equilibrio hasta llegar a un punto donde el chacarero (productor) se sienta protegido y la empresa no se sienta perjudicada”, dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, el pasado 4 de junio.

Ese mismo día, a través de un comunicado, Monsanto celebró que el jefe de los ministros concordara en que “las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual”. Anticipó, sin embargo, que “seguirá adelante con la implementación de un modelo de negocios que garantice el reconocimiento de sus derechos a través del cobro de una contraprestación por cada uso de su biotecnología”.

En otras palabras, Monsanto continuará firmando contratos privados con los productores, que incluyen el cobro de “regalías extendidas”.

Registro

El proyecto de ley del gobierno plantea la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Semillas. Los grandes productores deberán pagar al Estado un “canon tecnológico” por las semillas que guarden para uso propio. La recaudación irá a un fondo público-privado que fomentará inversiones en “biotecnología nacional”. Sobre un universo total de 11 mil productores de soya, el gobierno argentino prevé que los 2 mil más grandes, que representan 80% de la producción, aporten al fondo.

Los 9 mil productores restantes también deberán inscribirse. Figurarán en el registro como “agricultores exceptuados”. El derecho pasa de este modo a convertirse en una prerrogativa. La supresión del “privilegio” implicaría, por consiguiente, la obligación de pagar el canon.

“El uso propio es un derecho inalienable para los campesinos indígenas y agricultores familiares, y para ejercerlo no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”, había sostenido el Movimiento Nacional Campesino Indígena en un comunicado del 22 de mayo.

El “uso propio” incluye el derecho a guardar, conservar, intercambiar y reproducir las semillas de la cosecha anterior, por lo que abogan por la libre circulación de semillas y el fomento a las semillas nativas.

Los intentos por reformar la Ley de Semillas datan de cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003. La iniciativa actual tiene un antecedente de 2012, un proyecto trunco que las organizaciones sociales, campesinas y académicas bautizaron como “Ley Monsanto”.

Consideran que el proyecto de ley allana a las multinacionales el control de las semillas, que son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, controlando de este modo la disponibilidad de alimentos. En la actualidad el mercado de semillas comerciales está controlado por un puñado de empresas transnacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta.

Alto precio

El 60% de la tierra cultivada en Argentina presenta un único paisaje: la soya transgénica abarca 20 millones de hectáreas. La cosecha de la campaña 2014-2015 acaba de alcanzar un récord con 60.8 millones de toneladas, y Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soya. La Unión Europea y China usan los productos para producir “biocombustibles” y alimento para cerdos.

El Estado argentino percibe 35% del valor de exportación del grano de soya y 32% en el caso de la harina y el aceite. La dependencia de estos ingresos fiscales determina las políticas de Estado. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado en 2011 por la presidenta Cristina Kirchner, propone incrementar en 60% la producción de cultivos transgénicos hasta 2020. Esto implica sumar al actual modelo 11 millones de hectáreas que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas.

El debate acerca de la ley de semillas echa luz sobre la encrucijada en que se encuentra el modelo agroexportador transgénico. El monocultivo implica desforestación de bosques nativos, desertización de suelos, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad. Además, la hipertecnificación y las enfermedades provocadas por los agroquímicos agilizan la pérdida de población rural, y el aumento de los casos de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos es denunciado por damnificados y trabajadores de la salud en las 14 provincias soyeras.

Los dos herbicidas que más se usan en Argentina son el glifosato y el 2,4D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético). En el caso del primero, cada año se usan unos 300 millones de litros. La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC, según sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de reclasificar a ambos en la categoría de toxicidad 2 A, es decir, como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”.

Pero el gobierno nacional guarda silencio. Tanto la prensa que lo apoya como los grandes medios opositores, auspiciados por las corporaciones del agro, coinciden en darle al tema un espacio acotado.

El informe de la IARC es tomado por otros países como una advertencia seria. Francia y Holanda acaban de limitar de manera drástica el uso del glifosato. A partir de 2016 se prohíbe su venta libre para combatir malezas en parques y jardines. El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia aprobó la prohibición de uso del herbicida glifosato para erradicar los cultivos de coca a partir de octubre.

El 26 de febrero, la provincia de Santa Fe anunció la prohibición del uso del 2,4D en su territorio. El agroquímico –posiblemente cancerígeno, según la OMS– ya había sido prohibido o restringido en otras provincias soyeras como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco.

El pasado 5 de junio, un grupo de organizaciones sociales, catedráticos de universidades públicas y profesionales de la salud, el derecho, las ciencias sociales y agrarias, elevaron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) una presentación con el fin de que se prohíba el uso del glifosato en Argentina.

Fuente: Proceso.com.mx