Autoridades diaguitas rechazan actuar del Gobierno en conflicto por proyecto de minera de Luksic

En Salamanca, Región de Coquimbo

Por Daniel Labbé Yáñez

18/04/2019

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Portada / Pueblos

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En el marco del conflicto por el inicio del Proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) impulsado por Minera Los Pelambres, división perteneciente a Antofagasta Minerals del grupo Luksic, la Red Nacional Diaguita, a través de sus autoridades ancestrales, manifestó «su más total repudio a la forma de proceder del Gobierno de turno, en el actuar de las Fuerzas Especiales de Carabineros con las comunidades indígenas de Salamanca».

Cabe recordar que en el contexto de la visita del Presidente Sebastián Piñera se produjeron protestas en contra de la iniciativa y una fuerte represión por parte de los uniformados en contra de los manifestantes.

A juicio de la organización, se está «utilizando la violencia para desarticular el movimiento que busca el cuidado del territorio y su medioambiente, fundamento de nuestra Cosmovisión».

«Adherimos al sentimiento, pensar y dolor de nuestros hermanos diaguitas de la zona afectada y de la comunidad de Salamanca en general, en su legítima lucha por vivir en un entorno libre de contaminación de sus suelos, río y napas de aguas subterráneas y demás daños asociados al establecimiento y operación de los centros mineros», sostiene la Red en una declaración pública.

A juicio de la organización, el proceder del Gobierno «solo busca, nuevamente, aplastar, someter y castigar la reivindicación social, criminalizando el pensamiento indígena, valorando pecuniariamente los espacios de salud y desarrollo integral de los pueblos y su legítimo derecho a defender su forma de vida ancestral».

Los diaguitas le recuerdan a la administración Piñera que «nuestros legítimos derechos están consagrados en todos los tratados que el Estado de Chile ha celebrado y ratificado libremente, los cuales tienen jerarquía Constitucional».

En este contexto la organización emplaza al Gobierno a crear una mesa de diálogo con las comunidades afectadas, «que le permita exponer con claridad sus demandas y en conjunto encontrar las soluciones más adecuadas y no persistir por la vía de la criminalización y sofocamiento de las demandas sociales surgidas en el seno de nuestra sociedad». Un diálogo, agregan, «que sea simétrico, sin el tradicional paternalismo del Estado».

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