Chile Oculta información: Golpe al Secretismo

Oscuros negocios de empresas transnacionales, diariamente se llevan a cabo en nuestro territorio. La falta de conocimiento de dichas negociaciones, pone al Gobierno en un posible acto de encubrimiento. Hoy la Corte Interamericana puede obligar al Estado a ser transparente de una vez por todas.

Tras solicitar información básica a la Comisión de Inversiones Extranjeras, de forma reiterada y sin recibir respuesta, sobre los inversionistas del proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a Chile por violar el acceso a la información pública en el 2005.
Luego de 8 años de litigio, el fallo de la Corte Interamericana debería conocerse este mes. En el evento de que la sentencia sea en contra del Gobierno, este se vería obligado a implementar los medios que consagren el derecho a la información pública, entre otras reparaciones.
El caso fue llevado ante la Corte internacional en 1998 por Marcel Claude, Sebastián Cox y Arturo Longton, por dos motivos: el Comité de Inversiones Extranjeras (CINVER) se negó entregar los antecedentes que justificaban la aprobación del proyecto Trillium; y por los rechazos de la justicia chilena a acoger las solicitudes para que el organismo transparentara dicha información.
Los capitales extranjeros compran nuestros recursos naturales a bajos precios, los explotan o hacen “sustentables”; formando dentro del espacio chileno, supuestamente soberano y unitario, pequeños países con sus propias reglas de juego.
“Chile es un país que agota sus recursos naturales en forma activa, primeramente por transnacionales que se dedican a este rubro. Es bueno para el país saber quiénes son estos inversionistas para los efectos de seguridad sobre los compromisos que ellos adquieran con la protección del medioambiente y de los derechos fundamentales de las personas”, acentúa Juan Pablo Olmedo; abogado que llevó el caso al CIDH.

VERDE Y OSCURO NEGOCIO
En Chile se oculta información desde espacios locales como municipios, hasta reparticiones públicas y de mayor envergadura. Los motivos son generalmente irregularidades administrativas y poca idoneidad de los inversionistas, las que se prefieren mantener en secreto.
Hacia fines del gobierno Pinochet, el Estado vendió a una empresa canadiense -la que luego traspasó los activos a Trillium-, un manto de 76.000 hectáreas de Lenga a 5 dólares cada una, valor similar al que pagó Douglas Tompkins por hectárea en Pumalín. La noticia causó revuelo, grupos ecologistas reaccionaron; pero el controversial tema nunca llegó a ser análisizado en profundidad.
Una vez llegada la “alegría”, los sucesivos gobiernos de la Concertación completaron la negociación y autorizaron la explotación de los frágiles bosques de Lenga. “Este era un proyecto perverso, que denunciamos desde un comienzo, y una empresa a la que calificamos como un lobo con piel de oveja. En dos oportunidades la llevamos a los tribunales de justicia; y aunque ganamos en la Corte Suprema, el gobierno insistió en aprobar un segundo Estudio de Impacto Ambiental, poniendo algunas restricciones adicionales” afirma el frente ecologista “Defensores del bosque chileno”, quienes prefirieron trabajar con un gran banco.
Así y tras fallidos intentos – que se sucedían con la vena del presidente Eduardo Frei-, Trillium no logra realizar su operación y entrega sus tierras en garantía a Goldman Sachs (GS), banca de inversiones globales, administradora del tesoro estadounidense; constructora máxima de redes del neoliberalismo en el mundo; reyes del secretismo; quienes se dieron por saldados con un pagaré de 30 millones de dólares, llegando a quedar en el tiempo y con compras desconocidas para el pueblo, con una propiedad de 272.000 hectáreas.
El negocio estuvo en manos de Lawrence Linden, ex asesor de Clinton en materias de medioambiente, quien llevó adelante la transacción. Primero se traspasaron las tierras del banco a la Goldman Sachs Charitable Fund, la que a su vez las traspasó a la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS su sigla en inglés), obteniendo el banco de inversiones una rebaja considerable de impuestos.
Según cuenta la gente de Defensores del bosque chileno, durante un almuerzo que Lawrence Linden ofreció a 120 representantes de distintos sectores de la sociedad chilena, los aplausos fueron unánimes. Presentó a los oradores el embajador saliente de Estados Unidos, John O´Leary, quien momentos antes había acompañado a los representantes de Goldman Sachs y de WCS a una audiencia con el Presidente Ricardo Lagos. Dirigiéndose a los asistentes, Steven Sanderson, de la WCS dijo: «Este anuncio subraya el importante papel que el sector privado puede y debe asumir en el esfuerzo para proteger la vida silvestre y conservar las tierras vírgenes. Goldman Sachs ha establecido un nuevo estándar para el compromiso del sector privado con el mundo natural, y merece un gran reconocimiento por su imaginación y su resolución para que estos territorios sean protegidos ahora y para siempre».

BOSQUES ¿PARA QUIEN?
En el mundo globalizado de hoy se establecen leyes que van por sobre los estados y a las que están sujetas entidades de distintas índoles, de esta forma se están generando nuevos paradigmas del derecho, en los que la ley local se debe subyugar a una ley internacional bajo la que se mueven las grandes corporaciones transnacionales y sus inversionistas.
Ante la baja del dólar estadounidense, al parecer, la continuidad del modelo neoliberal pasa por el dominio territorial de materias primas del mundo, de fuentes energéticas y elementos vitales como el aire y el agua.
La Patagonia, la Cordillera de la Costa, glaciares y toda reserva biológica está siendo vendida poco a poco. Dicen que las que no exploten, serán reservas biológicas para la humanidad. Tompkins, Goldman Sachs y otros extranjeros; a los que se les suman inversionistas nacionales como Piñera o Mario Kreutzberger, teniendo una buena ruma de billetes, adquieren lo que se les pone por delante.
Sin embargo, las facilidades para el inversionista foráneo siempre son más amplias que para el inversionista local. Para los primeros, rige el Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, y también el Artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile; estamento que en agosto del 2006, se le ha exigido mediante una reforma constitucional, que en su carácter de institución autónoma, de rango constitucional y de carácter técnico, entregue informes cada 4 y 2 meses a la Presidenta y el Senado frente a distintas materias.
Para el Decreto de Ley 600, que entró en vigencia en 1974, se tiene en operación al Comité de Inversiones Extranjeras (CINVER), institución que incluso puede llegar a negociar puntos de la ley, para que se realice la inversión, que debe tener como monto mínimo de operación, 1 millón de dólares. En definitiva, si tienes la plata Chile te abre las puertas, y de acuerdo al Ranking sobre Ambiente de Negocios 2005, elaborado por The Economist Intelligence Unit, “Chile es el país de América Latina mejor posicionado para hacer negocios durante los próximos cinco años (2005-2009)”.

ECOLOGISTAS EN LA MIRA
Cuando Ricardo Lagos llegó al poder, nombró como directora de la CONAMA a Adriana Hofmann Jacoby, amiga personal de Tompkins, quien recibió morlacos gringos para financiar la fundación «Defensores del Bosque Chileno», de la que era presidenta. Luego se retira de la CONAMA, trabaja con Tompkins y hoy también tiene mucho que ver con el proyecto conocido como Gondwana, iniciativa internacional para proteger y conservar los ecosistemas de bosques al sur del paralelo 40, dentro de los que cabrían las 242.000 hectáreas que tiene en su poder Goldmand Sachs y que administra WCS.
El motivo por el cual se pone en cuestionamiento a los ecologistas chilenos que trabajan en este tipo de loables, pero enredosos proyectos, es porque trabajan para gente que compra terrenos para limpiar su imagen; mientras en otro lado del mundo, siguen contaminando con sus grandes empresas, pagando míseros sueldos y aprovechándose de las políticas internas de países con mano de obra barata como China y Chile.
Escarbando un poco más, El Ciudadano pudo darse cuenta que aparte de preservar “intacto” los territorios que los magnates están comprando en nuestro país, su ecofilantropía tiene una carta bajo la manga: los crípticos “bonos de carbono”.

BONOS CONTAMINADORES
Los «bonos de carbono» equivalen a garantías de producción natural de aire puro. Esto quiere decir la conservación de purificadores de CO2, como son los bosques naturales, plantaciones o zonas de reforestación.
Este nuevo y lucrativo negocio, tiene que ver con la venta de aire limpio y se vincula al «Protocolo de Kyoto”, donde se llegó a la conclusión de que los bosques podían llegar a ser considerados como mecanismos productores de aire puro, compensadores ambientales de los gases culpables del efecto invernadero que producen las grandes empresas.
Bajo esta mirada, se puede calcular cuánto dióxido de carbono es capaz de reciclar un árbol y se realiza una estimación de la capacidad de un bosque, considerando la cantidad de árboles que posea. Una compañía contaminante de un país desarrollado, por ejemplo, puede compensar sus tóxicas emisiones, comprando una cantidad similar o superior de estos bonos relacionados a países subdesarrollados, a través de fundaciones y actos cruzados.
La otra vía para obtener bonos de carbono y que a juicio de El Ciudadano, debiese ser la única permitida, es la llamada Mecanismos de Energía Limpia (MEL). Así, si una compañía instalada en Chile opta por cambiar su consumo de petróleo a un MEL, se calculará la diferencia entre su antigua emisión de dióxido de carbono con la nueva y se traspasará dicho valor a una equivalencia en bonos de carbono, que podrá vender a compañías de países suscritos al Protocolo de Kyoto.
Relacionado a lo anterior, el abogado Olmedo recomienda e indica al CINVER que es importante estudiar al inversionista, ya que “la idoneidad tiene que ver no sólo con cumplir con los requisitos formales para el ingreso del capital extranjero, sino también del comportamiento del inversionista en otros países”.

ACCESO A LA INFORMACION
Quizá nada de lo anterior hubiese pasado si en su momento, el CINVER, hubiese entregado la información necesaria a los solicitantes. El acceso a la información en Chile, está sin duda limitada. Ha habido modificaciones legislativas a su respecto pero, nos parecen insuficientes.
Chile es el país de América Latina mejor ubicado en el índice de percepción de corrupción y el peor del ranking en Acceso a la Información; siendo un hecho repudiable en este ámbito, el que ocurrió el 2001 cuando “el Decreto Supremo No 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia facultó a cada repartición del Estado a determinar arbitrariamente qué información era de carácter reservado o secreto. Este absurdo administrativo entorpecía el acceso a la información pública, de hecho, más de 90 resoluciones se emitieron amparadas en este reglamento durante 4 años. Se declaró secreta información de relevancia para la ciudadanía, imponiendo una prohibición para acceder a dichos antecedentes por un periodo de 20 años con expresas limitaciones a la prensa para difundirlas”, rememora el Director Ejecutivo de Oceana, Marcel Claude.
Sin embargo, el decreto ocultista, fue derogado el año pasado; pero las dificultades para acceder a información pública continúan en nuestro país. Incluso, y aunque parezca tragicómico; actualmente hasta Eduardo Frei parece tomar conciencia de los actos poco pensantes en que cayó la Concertación al entregar tanto territorio, refiriéndose a Tompkins en radio W dijo,“este señor viene de EE.UU. con platas de quién, de fundaciones, que tienen rebajas tributarias lo que todo el mundo sabe, dineros de quién sabe de quiénes son”… El Ciudadano le pregunta Senador ¿Y si se concluye que no son inversionistas idóneos, estaría de acuerdo en que los enviemos de vuelta a casa?
Si lo que buscan estos negocios son bonos, no continuemos vendiendo nuestros bosques Presidenta…¡Exijamos a las transnacionales que comiencen a producir limpio! Chile tiene ciudadanos que gustosos se dedicarían al trabajo ecológico, con rentabilidades superiores para el país. Si se quieren quedar, hagamos un marco legislativo nuevo y mejor pensado que el facilitador decreto de Ley 600. Usted ya sabe…son nuestros humildes consejos.
“El Estado de Chile en el caso Trillium no entregó toda la información, aquí no pedimos demandas civiles, lo que sí se pide es reparaciones adicionales como son reconocimiento público de la infracción del derecho del Estado de Chile y de su Comité de Inversiones Extranjeras, y adicionalmente se pide necesidades de mejoras sistémicas del ordenamiento jurídico de las prácticas del Estado en la materia”, recalcó Juan Pablo Olmedo, preocupado por mejorar el acceso a la información que debiese ser pública.
El Comité de Inversiones Extranjeras, tiene mucho que decir. Qué pasa con Pascua Lama, quiénes son Barrick Gold, son o no son inversionistas idóneos los que están llegando en oleadas. Esto aún no lo sabemos, pero lo que sí está claro, es que mientras el cuestionado comité; como cualquier otra repartición pública, no responda a las informaciones solicitadas, vulnerará los derechos de libertad de acceso a la información y por tanto la libertad de expresión.

Bruno Sommer

Otras fuentes: soberaniachile