Chiloé sufre ataque extractivista: la isla está siendo invadida por concesiones mineras

El diario La Estrella de Chiloé publicó este domingo 20 de septiembre un reportaje en que el geógrafo, Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio de Chiloé, informó acerca de las más de 100 concesiones de oro, platino, carbón, turba y hierro que empresas y particulares han solicitado en el Archipiélago

Por mauriciomorales

21/09/2015

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El diario La Estrella de Chiloé publicó este domingo 20 de septiembre un reportaje en que el geógrafo, Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio de Chiloé, informó acerca de las más de 100 concesiones de oro, platino, carbón, turba y hierro que empresas y particulares han solicitado en el Archipiélago.

Estas concesiones mineras podrían estar relacionadas a la proyección de construir 15 puertos en la comuna de Quellón, al sur de la isla grande.

En el archipiélago la minería “estaría entrando en conflicto con la producción de machas, el turismo, la pesca de orilla, o la recolección de cochayuyo, que son usos ancestrales de este territorio, o en isla Guafo, que es un lugar con un valor ambiental enorme. Es un conflicto social y ambiental latente”, afirmó el especialista.

La más austral de las concesiones está en isla Guafo, es de carbón y es de propiedad de South World Business S.A., una consultora chilena cuyos dueños son Paul Fontaine y Rodrigo Danús. El primero es ex asesor económico del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y posteriormente asesoró al ex Presidente Sebastián Piñera. El segundo, fue gerente de desarrollo internacional de Endesa y otros cargos ejecutivos ligados a la minería y el negocio energético.

Montaña relaciona esta concesión de exploración con la proyección de instalación de 15 puertos marítimos en la ciudad de Quellón, señalando y preguntando que “uno puede especular, aunque puede no estar relacionado, pero por qué tantos puertos para Quellón”.

DETALLE

De las concesiones mineras más preocupantes -advierte el geógrafo-, están las de las playas del lado Pacífico de la Isla Grande, donde el dueño es uno solo, Juan José Quijano Fernández, un conocido especulador minero, propietario de la minera “Princesa Caballo”, que ha saltado a la fama por el conflicto con la comunidad de Colliguay, enmarcado en una exploración minera en búsqueda de cobre. En el caso de las concesiones de este empresario en Chiloé, estás son del tipo perpetuas.

Es complejo cuando la minería entra en conflicto con zonas que tienen otra vocación territorial. No es lo mismo pensar en el derecho minero en el norte, que en algunos casos son zonas de baja fragilidad ambiental, donde una concesión minera puede estar bien. Pero no es lo mismo cuando la minería entra en conflicto con zonas de alto valor ambiental, como los glaciares, o Chiloé, donde es más particular y estaría entrando en conflicto con la producción de machas, el turismo, la pesca de orilla, o la recolección de cochayuyo, que son usos ancestrales de este territorio, o en isla Guafo, que es un lugar con un valor ambiental enorme. Es un conflicto social y ambiental latente.

-La diferencia es que estas concesiones son de explotación, que son a perpetuidad y que caducan solamente si se dejan de pagar las contribuciones u otras causales de este tipo.

-Son fáciles de tramitar y cualquiera puede hacerlo, a través del Servicio Nacional de Geología y Minería, que más que nada llevan el catastro, pero principalmente se hace a través de los Juzgados de Policía Local, donde los tribunales locales de justicia son los que dan los permisos.

En el fondo es llegar y pedir y lo que exigen es hacer alguna geomensura de los deslindes y otros aspectos, pero no hay mayores regulaciones. Por eso es que a raíz de esta simplicidad es que el año pasado la bancada de diputados del Partido Socialista llamó a una sesión especial en el Congreso, para ver el tema del conflicto que hay entre comunidades indígenas y concesiones mineras, sobre todo en la zona costera de Osorno.

-No se puede, a no ser que se haga un cambio constitucional, porque el derecho minero está asegurado por la Ley Orgánica de Minería, a través del Código Minero, pero también por la Constitución. Entonces, jurídicamente se tiene el mayor rango posible.

-Hay sólo un par de casos, en Choroihué (Ancud) y en Romazal (Chonchi), a escala semi industrial, que para Chiloé es harto, por el rol ambiental que cumplen estos lugares. La turba es una sustancia fósil, de materia orgánica en descomposición. Son como los glaciares chilotes, en cuanto a la reserva de agua dulce y además es un material fósil no renovable con un tremendo valor ambiental.

-Ellos piden las concesiones y les sirven para acreditar patrimonio ante la banca, entonces cuando, por ejemplo, va a pedir un préstamo para construir un parque eólico, dicen ‘tengo un bien que es una concesión minera’.

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