Cierre de termoeléctricas en 2025: Ciudadanía derrota a Aes Gener y Gobierno

La iniciativa legal, que ya había sido aprobada en general el pasado 27 de octubre de 2020, prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Adicionalmente, contempla una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de diciembre de 2025 «para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad«.

Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, a contar del 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa, también conocida como Ley Aes Gener, fue aprobada con 93 votos a favor, 47 abstenciones y 05 en contra de los diputados de Chile Vamos Francisco Undurraga (Evópoli), Rolando Rentería (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Carlos kuschel (Renovación Nacional) y Francisco Eguiguren (Renovación Nacional).

La iniciativa legal, que ya  había sido aprobada en general el pasado 27 de octubre de 2020, prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional.

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Adicionalmente, contempla una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de diciembre de 2025 «para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad«.

Según plantea el texto legal, informado por el diputadoGastón Saavedra (PS), estas instalaciones no solo son protagonistas de la generación de gases de efecto invernadero, sino que también produce daños nocivos en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas.

En el país existen una veintena de centrales termoeléctricas a carbón en operación con una potencia instalada de 5.529 MW, ubicadas en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel.

En todas estas localidades se superan las normas de calidad del aire, por lo que han debido ser declaradas zonas saturadas de contaminantes atmosféricos y sometidas a planes de descontaminación.

El proyecto de ley permite adelantar el cierre de termoeléctricas a la fecha prevista en el Plan de Descarbonización establecido por el Gobierno, que plantea que el cese de estas compañías es de carácter voluntario y que tienen un plazo de 20 años para realizarlo, dejando eventualmente su funcionamiento hasta el 2040.

Durante el debate se alertó sobre la necesidad de que el Gobierno implemente medidas para resguardar las fuentes laborales que se verían afectadas, garantizando una transición justa para las y los trabajadores. Además, se resaltó el eventual riesgo de alza en los costos de los servicios de electricidad al generar un cambio en la matriz energética sin hacerse un proceso de transición gradual.

Impacto de las termoeléctricas

Uno de los promotores de la iniciativa, el diputado del partido Ecologista Verde, Félix González indicó que «este proyecto se va tal cual nosotros nosotros queremos que se vaya al Senado», agregando que «cerrar las termoeléctricas a carbón es cumplirle a todas esas personas que votaron por los ecologistas y que esperan dejar de respirar veneno, merucrio, arsénico o zinc».

«Las termoélectricas a carbón en lugares como Quintero Puchuncaví o Coronel arrojan aguas muertas y matan también los ecosistemas marinos. Además tienen vertederos de cenizas que están también al aire libre, contaminando todos los días a las personas y no podemos esperar, como quiere el Presidente Piñera, hasta el 2040», enfatizó.

Ley para la justicia social y ambiental

Luego de conocerse el resultado de la votación, la coalición «Chao Carbón» felicitó a los palrlamentarios por aprobar este proyecto prohíbe la construcción y operación de nuevas termoeléctricas a carbón, y que permitirá el cierre o reconversión de 13 termoeléctricas a carbón de la trasnacional norteamericana AES Gener localizadas en Mejillones, Tocopilla, Huasco y Puchuncaví, además del cierre o reconversión de la central Santa María de la empresa Colbún en la ciudad de Coronel.

«La Ley AES GENER o Ley para el Fin de las Zonas de Sacrificio viene a hacer justicia con las zonas de sacrificio donde tanto Aes Gener como Colbún no han definido fecha de cierre para 14 centrales, en el marco del criticado Acuerdo Voluntario de Descarbonización entre las empresas y el gobierno anunciado en 2019, que les permite quemar carbón hasta el año 2040. Aes Gener sólo se comprometió cerrar 2 unidades obsoletas (Ventanas 1 y 2) de más de 50 años de operación, mientras que ENGIE y ENEL ya anunciaron el cierre y reconversión de sus 12 termoeléctricas a carbón para 2025», expresó la coalición a través de un comunicado.

No obstante, desde Chao Carbón plantearon que el proceso descarbonización y descontaminación de Chile no puede depender sólo de acuerdos público-privado y menos con plazos a voluntad de quienes llevan décadas contaminando y enfermando a los habitantes de las zonas de sacrificio, por ello, señalaron que «es importante que el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica sea vinculante a través de una ley que dé lineamientos claros, plazos y certezas a los ciudadanos y a las empresas».

También se refirieron a las graves afectaciones a la salud que sufren los habitantes de las 5 comunas donde están localizadas las termoeléctricas a carbón y denominadas Zonas en Sacrificio, por lo que plantearon que «es imperativo que ahora el Senado apruebe esta ley que constituye un importante avance hacia la justicia social y ambiental en Chile; un tremendo aporte a la transición energética y al cumplimiento de nuestros compromisos de descarbonización en el Acuerdo de Paris»

«La Coalición Chao Carbón agradece a la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Descarbonización; y solicita a los miembros del Senado aprobar urgentemente el cierre de las 14 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de cierre.  Las comunidades de las 5 comunas denominadas zonas de sacrificio, las que no pueden esperar otros 20 años más. Los graves impactos a la salud de las personas por las emisiones, la destrucción del borde costero por varamientos de carbón y los episodios de emanaciones no se toleran más», subrayaron.

Nula participación del gobierno

La sala de la Cámara de Diputados también aprobó este martes en particular y despachó al Senado el proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

La iniciativa establece una modificación al Código Penal para condenar los daños que generen las personas o entidades y que afecten las aguas del país. Entre las sanciones, se plantea una sanción de pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años de cárcel) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales.

Al respecto, la cientista política e integrante de la Red de Politólogas, Pamela Poo, indicó que ambos proyectos de ley cuenta con «una buena posibilidad en el Senado».

Sobre el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, destacó que representa un «total avance dado se está generando política pública en serio, a través de una ley, para poder regular el cierre de las termoeléctricas a carbón» .

Sin embargo, la magíster en Sociología señaló que a su juicio hizo falta la participación más activa del Ejecutivo,»que lamentablemente se parapetó en una lógica como de mostrarte más técnico, pero también desde un modo un poco constructivo, porque pudo haber colegislado en este caso con el Congreso, pudo haber buscado algunas mejoras al proyecto de ley»

«El Ejecutivo no presentó indicaciones, por lo tanto, no se puede mejorara aún más el proyecto, ni abordar el tema de transición justa, porque está la ausencia del gobierno», condenó la especialista en ecología política, en declaraciones a El Ciudadano,

Poo considera positivo que el proyecto haya terminado su primer trámite y vaya al Senado para poder observar si en efecto habrá participación más activa del gobierno, «no desde una lógica para hacer retroceder un avance, sino desde una lógica constructiva».

¿Impacto en los empleos?

Antes de que se produjera la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, Pamela Poo publicó un hilo en su cuenta en Twitter en el que se refirió a los argumentos empleados por los diputados de la derecha y el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, sobre un impacto de la prohibición de funcionamiento de la termoeléctricas a carbón sobre el desempleo.

Indicó que los parlamentarios y Jobet, advierten que se perderán 13 mil empleos citando un informe, del cual no explican su contenido.

Recordó que en la Mesa de Descarbonización se trató el tema laboral y se realizaron 2 estudios de parte del BID, en colaboración con la OIT.

Indicó que en el primer estudio se exploraron 4 escenarios de descarbonización, y se estableció que se podrían crear a 2030 entre 32.000 y 40.000 empleos vinculados a las energías renovables. Siendo entre un 79% y 88% empleos directos, y el resto indirecto.

Dicho informe también concluyó que que a nivel macroeconómico no existe un efecto significativo vinculado a los empleos directos e indirectos vinculados a las termoeléctricas a carbón, ello pues solo por trimestre en Chile se crean 40.000 empleos (según datos del INE 2018).

Por tal razón, el BID sugiere que los impactos se deben analizar a escala local. De hecho, mencionan “nuestros resultados sugieren que es posible que Chile se convierta en un país libre de carbón mientras aumenta el empleo directo e indirecto de la generación de energía”, destacó la cientista política.

Por su parte, el segundo estudio, que se ejecutó con una metodología de matriz insumo-producto para Chile, estima que los empleos directos afectados por el cierre de las centrales a carbón son de 4391, y los empleos indirectos (asociados a la cadena de valor y encadenamientos productivos) se estiman 9.505.

«Se muestra que no necesariamente la población que trabaja en las centrales vive en las comunas donde estas se ubican, siendo las comunas con mayor presencia de trabajadores de comunas aledañas o regiones diferentes a las de la zonas donde existen termoeléctricas a carbón», explicó Poo.

«En términos de impacto de empleos comunales, se ve que Mejillones, Tocopilla y Huasco son las que más empleos se ven afectados con un 3,8%, 4,4% y 6,8% de personas que viven en dichas comunas y que trabajan en un empleo directo vinculado a las termoeléctricas a carbón», agregó.

El segundo informe sugiere además, que por las realidades socioeconómicas disímiles entre las comunas donde se cerrarán las termoeléctricas, se recomienda formular una estrategia particular de reconversión para cada localidad.

En cuanto a los empleos indirectos están incluidos sectores como la agricultura, educación, salud, actividades financieras, comercio, transporte y actividades inmobiliarias, entre otras, las cuales no están necesariamente localizadas en la comuna y además prestan servicios a otros rubros.

«Lo anterior se vuelve muy complejo en relación con establecer medidas para trabajadores indirectos que no están mapeados pues son un estimado que hace el informe. Sobre los empleos directos se sugiere un proceso de transición justa el que se encuentra con un retraso de 3 años», indicó Pamella Poo en su cuenta en Twitter.

Por tal motivo, planteó la necesidad de que se trabaje de forma intensa en un proceso de transición justa, tomando muy en cuenta la salud de las personas y los ecosistemas, que ya han soportado la contaminación de estas industrias.

 


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