Vuelve a la carga

Colbún interpone recurso contra resolución del SEA que puso fin anticipado a evaluación de hidroeléctrica en el río San Pedro

Después de que el pasado martes el Servicio de Evaluación Ambiental pusiera término anticipado a la evaluación del plan de adecuaciones al proyecto hidroeléctrico de los Matte por adolecer de información esencial relativa entre otros a los antecedentes geológicos, la compañía ha interpuesto un recurso de reposición que busca revertir la decisión del organismo.

Por CVN

20/08/2015

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Portada

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Más de 200 personas se dieron cita en marzo en la séptima edición del evento ‘San Pedro Libre’, que nació como una reivindicación tras hacerse pública la amenaza de Colbún.

A pesar de los duros cuestionamientos de los diversos servicios públicos de la región de Los Ríos al plan de modificaciones presentado por  Colbún para reactivar el proyecto hidroeléctrico en el río San Pedro, que desembocaron en que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidiera poner término anticipado a la evaluación de la iniciativa por considerar que lo presentado adolecía de ausencia de información esencial para continuar con su valoración, la empresa de los Matte ha vuelto a la carga con la interposición de un recurso de reposición que busca que se continúe con la evaluación de las modificaciones técnicas presentadas al proyecto.

«Contamos con los antecedentes técnicos para demostrar que las observaciones del Servicio pueden ser respondidas y, que por tanto, son subsanables en el marco de la discusión del EIA presentado por la empresa», señaló Leonardo Díaz, gerente del proyecto.

Cabe recordar que el proyecto ahora presentado, con fecha 10 de junio de 2015 y bajo el nombre “Adecuación Central Hidroeléctrica San Pedro”, es en realidad un plan de modificaciones al proyecto original de la familia Matte. aprobado en 2008  “bajo presiones políticas” y fruto “de una visión centralista del desarrollo”, de acuerdo a las críticas emitidas por el movimiento Valdivia Sin Represas, uno de los principales movimientos opositores. En dicha ocasión, Colbún se vio obligada a desistir a los dos años del inicio de obras por la geología y riesgo sísmico del lugar, demostrándose ya entonces la inviabilidad de la iniciativa.

Entre otros, la resolución exenta emitida el pasado martes por el organismo sostiene que el modelo geológico actualizado “modifica componentes estructurales, hidrogeológicos y de peligro en todo el área del proyecto” y que las informaciones presentadas en la Línea de Base del proyecto respecto a los compenentes Geología, Hidrogeología y Geomorfología, “se basan en informes realizados por expertos los cuales al ser analizados en detalle, dejan en evidencia conclusiones contradictorias, generando incertidumbres en la certeza de la información presentada en dicho capítulo”.

Además, justifica la negativa en que “no se ha  caracterizado física y químicamente ni se ha cuantificado la disminución de las aguas subterráneas por la actividad de drenaje, por lo que sus efectos potenciales en el cuerpo receptor y en la hidrogeología no han sido ponderados; Dicha ausencia de información no permite evaluar o descartar la generación de impactos significativos sobre la fauna íctica, bentónica y ripariana del río San Pedro”.

Por último, el documento emitido por el SEA alude a las observaciones realizadas por organismos como el Sernageomin, de la Dirección General de Aguas (DGA) y de la Seremía de Medio Ambiente. Asimismo, se refiere al informe emitido por el experto Wynfrith Riemer, del que subraya aspectos como “problemas en los testigos de sondajes” y condiciones susceptibles de afectar la estabilidad de la ladera, señalando que la posibilidad de derrumbe del molino es “geométricamente viable”.

Cabe señalar que desde el primer ingreso de la iniciativa hace 7 años, organizaciones ambientales y comunidades mapuche de la región han reiterado su rechazo al proyecto, por suponer una amenaza para el desarrollo turístico sustentable de la región y un paraje ecosistémico único, además de poner en riesgo la vida de las familias y comunidades asentadas en las zonas aledañas.

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