Comisión de Medio Ambiente visita Coronel e inspeccionará la impunidad de Endesa y pasividad de autoridades

La Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es presidida por el senador Antonio Horvath y en la cual es miembro integrante el senador Alejandro Navarro, junto a otros parlamentarios, revisarán esta tarde en terreno el perímetro de la Termoeléctrica Bocamina II y sostendrán una reunión con la gerencia de la empresa en Coronel la que ostenta cargos de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimientos graves, mal funcionamiento que ha generado una crisis económica y social por daños a la flora y fauna de la zona, y con dos vecinos que se mantienen hace un mes y cinco días en toma de la chimenea de la central a modo de protesta, exigiendo ser erradicados del sector contaminado de La Colonia.

La visita se programó tras la sesión de Comisión solicitada por Navarro y que se llevó a cabo ayer en el Congreso. Así lo detalló el senador y presidente del MAS: “Asistieron representantes de familiares, pescadores, orilleras y algueras exponiendo intensamente ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado los perjuicios que han sufrido. A la oportunidad se convocó también a autoridades comunales de Coronel, de gobierno y a la dueña de la central Endesa, las que mayormente prefirieron ausentarse”.

“Hoy, en el contexto de una débil legislación de la materia, con la ausencia de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, a la sesión de ayer, queda demostrado que el gobierno en cuanto a su política medioambiental, resulta ser, más bien, un garante de las grandes empresas que devoran y vulneran el radio de impacto de la Termoeléctrica, en su ecosistema, los recursos hidrobiológicos y la calidad de vida de los habitantes cercanos”.

“En igual medida –continuó Navarro-, reprochamos a la transnacional Endesa, parte del grupo económico italiano Enel, que también presentó excusas de ausentarse en la Comisión, sin dejar a nadie que detalle las razones por las que siguen funcionando a pesar de  no tener un Estudio de Impacto Ambiental; asimismo, sin poseer una obra de descarga de líquidos del sistema de refrigeración a 30 metros de la orilla de la playa; de extralimitar las emisiones de monóxido de carbono; de mantener inoperativo el sistema de desulfurización y de las fallas en el cierre acústico perimetral y emisión de ruidos molestos”.

Y añadió: “Endesa no dio explicaciones sobre por qué pasan a llevar los derechos humanos de quienes están protestando en la chimenea, faltando a la verdad cuando afirman que les envían medicamentos y alimentos, lo que no ha sido así. O cuando les proporcionan mediocres raciones de pan y agua que están en el límite de lo que la Corte de Apelaciones de Concepción les ha ordenado, que es asegurarles la sobrevivencia”.

Aspectos que el senador Alejandro Navarro criticó y por lo que si bien apoya las peticiones de los vecinos de La Colonia que quieren obtener legítimamente sus títulos de dominios, también respaldó a los que quieren ser erradicados de la zona y que, como lo indicó el congresista, “solicitan: recibir como indemnización 2.500 UF, más una casa de 1.300 UF para propietarios y allegados. Que no se utilicen arbitrariamente los subsidios habitacionales obtenidos y que el tiempo de erradicación sea de unos 15 días. Que se levanten los cargos de delitos de quienes han estado en la chimenea y que el acuerdo respaldado en asamblea de vecinos sea firmado por el gerente general de Endesa Chile”.

A su vez, Navarro enfatizó lo que ha sido su principal crítica contra la mayor multinacional eléctrica privada de Latinoamérica, cuyo proyecto Bocamina, particularmente, Bocamina II, que inyecta 370 megawatts al Sistema Interconectado Central, y que es que “ha tenido nula responsabilidad social empresarial tanto para con los vecinos, como para los 750 trabajadores de la costa que hemos defendido, puesto que sus recursos marinos fueron destruidos”.

E indicó: “El impacto se puede ver en los vecinos de sectores como Lo Rojas con sus 500 familias, y su Escuela Rosa Medel Aguilera situada a una cuadra de la central”.

Y continuó: “O las 27 familias con allegados de la población Aroldo Figueroa. Familias que estiman que por 95 millones de pesos pueden ser erradicadas y otras que por 60 millones de pesos también se irían, si es que se le suman los 18 millones de pesos por allegados y no se los restan. Son habitantes cuya calidad de vida se degradó, sin que la empresa hasta el día de hoy se ocupe de ello”.

En la Comisión estuvieron representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así también el presidente nacional de Bomberos, Miguel Reyes. Sin embargo, no se contó con la presencia del alcalde de Coronel, Leonidas Romero, quien no asistió. “Lamentamos que la primera autoridad comunal se dedique más a denostar a quienes defendemos a la gente y luchamos contra la Termoeléctrica que a ser parte de la resolución del conflicto. Llamamos a las autoridades en general a cambiar de actitud, y a avanzar juntos en defender el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación”, concluyó Navarro.

El Ciudadano