Comunidad de La Higuera recurre aprobación de Puerto Cruz Grande

A Oceana, Modema y los Trabajadores del Mar de Caleta Hornos, se suman el Sindicato de Trabajadores Independientes, la Asociación Gremial y la Cooperativa de Los Choros.

Por CVN

Publicado en

Chile / Medio Ambiente

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El pasado viernes 20 de Marzo, el Sindicato de Trabajadores Independiente, La Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros y la Cooperativa Pesquera y Comercializadora Los Choros, representados por el abogado Ignacio Poblete, presentaron un Recurso de Reposición a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Puerto Cruz Grande de la CAP.

 

Este recurso solicita la nulidad de la RCA entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental, argumentando que el titular no tomó en consideración los posibles efectos y circunstancias del proyecto sobre las Áreas de Manejo aledañas al proyecto, precisamente, el recurso hace referencia al Área de Manejo conocida como “El Choreadero”, que cuenta con una Resolución de la Subsecretaría de Pesca autorizando la extracción de 95.000 kilos de machas.

Zona que se ha posicionado como una poderosa fuente laboral para los pescadores artesanales del borde costero de la comuna. Por otra parte, el titular no realizó las Participaciones Ciudadanas requeridas en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ni en el pueblo de Los Choros ni en Caleta Punta de Choros, a pesar de ser comunidades directamente afectadas por la ejecución del proyecto, principalmente por verse afectadas sus zonas de extracción de recursos pesqueros y, con ello, su forma de vida, tradiciones y fuente de aprovisionamiento, situación que, en definitiva, implica que la ejecución del proyecto Cruz Grande implica la vulneración de los derechos de estas comunidades.

Derechos adquiridos antes de la presentación del proyecto, entregados y resguardados por la institución correspondiente. Este recurso, sería el cuarto presentado contra el Puerto Cruz Grande, con lo cual suman 6 los reclamantes que solicitan la impugnación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, convirtiéndose en uno más de los proyectos judicializados, corroborando la deficiencia del actual sistema de Evaluación Ambiental y el SEA, posicionando al poder judicial como el único espacio donde los derechos medioambientales y ciudadanos tienen espacio de manifestación.

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